Abogados sin Fronteras lanza un proyecto de acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Honduras

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Tegucigalpa.- Abogados sin Fronteras Canadá (CBSA) se complace en lanzar oficialmente el proyecto «Justicia, la gobernabilidad y la lucha contra la impunidad en Honduras», un niño de cinco años (2018-2023) con el apoyo de Global Affairs Canada por CAD $ 11,6 millones.

Este proyecto tiene como objetivo aumentar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y los actores de la justicia para fortalecer su papel como pilares del buen gobierno y garantes de la justicia. ‘Estado de Derecho.

El desarrollo de una jurisprudencia que incorpore buenas prácticas nacionales e internacionales en el campo de los derechos humanos ayudará a crear un marco legal que contribuya a la protección efectiva de los derechos humanos de los más vulnerables e intensifique la lucha contra la corrupción e impunidad.

Como parte de la Política Internacional de Ayuda a la Mujer de Canadá, el proyecto se centra en el acceso de las mujeres y las niñas a la justicia, la promoción de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género.

La experiencia de CBSA en América Latina, África y el Caribe muestra que el fortalecimiento de la representación legal de las víctimas y las personas vulnerables impulsa la lucha. Este es el objetivo de este proyecto: aumentar la participación ciudadana en el estado de derecho a través de una combinación de iniciativas judiciales y de defensa. Al ayudar a nuestros socios hondureños a llevar los casos ante los tribunales que destacan la discriminación y la violencia sufridas por las mujeres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, se fomentan los procesos de reforma y las transformaciones que tienen un impacto duradero, dice Pascal Paradis, Director General de CBSA.

Al final de este proyecto, las víctimas de violaciones de derechos humanos, especialmente mujeres y niñas, se beneficiarán de un mejor acceso a un abogado especializado. Las organizaciones de la sociedad civil estarán mejor equipadas para defender al Estado y exigirle que cumpla con sus obligaciones.