Texto Sandra Rodríguez
Valle, Honduras.- Los defensores de la península de Zacate Grande, por segunda vez permanecen encarcelados en la granja penal de Nacaome, departamento de Valle, al sur de Honduras.
El lugar no les es extraño, pues en 2016 estuvieron allí mismo 101 días privados de libertad, logrando medidas sustitutivas a la prisión. Pero el Tribunal de Sentencia de Choluteca, conformado por los jueces Carlos Gustavo Quiroz, Ana Julia Durón y Gustavo Escoto, los condenó el 26 de abril de 2017 por los delitos de usurpación, amenazas y daños, con la pena de 5 años y un mes, a fin de negarles la conmuta.
Cabe señalar que, al inicio de la persecución en la Semana Santa de 2015, también fue requerido judicialmente y privado de libertad don Santos Tomás Cruz, absuelto en el juicio, pero su salud fue quebrantada.
Entre los testigos acusadores estuvieron el terrateniente Jorge Luís Cassis Leiva y dos pobladores que afirmaron ver a los defensores de la playa, en el predio que, son caminos de paso obligatorio en Playa Blanca y Puerto Sierra, donde habitan desde hace años, los acusados.
La defensa legal a cargo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y la Red de Abogadas del Sur, presentó el Recurso de Casación, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la declaró parcialmente con lugar y aplicó el Principio de Retroactividad de la Ley, detalló la abogada defensora Karol Cárdenas.
Lo anterior, con respecto a lo que decía el Código Penal antes de los cambios que dio paso al nuevo Código Penal (de la impunidad), porque los acusados de usurpación se podían defender en libertad, pero ahora son enviados a la prisión, declaró Pedro Canales, representante de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).
Las nuevas órdenes de captura se emitieron el pasado mes de marzo, privando de libertad a Santos Hernández y hace unos días a Abel Pérez, integrantes de ADEPZA y éste último de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur de Honduras (REDEHSUR).
Exigiendo su liberación, ayer 8 de junio, se realizó una movilización popular contra las acciones de los ricos y poderoso que se dicen dueños de la península, quienes siguen en el poder.
Se ha querido desmeritar la lucha del pueblo, pero no es así, dijo Pedro Canales, quien estuvo nueve años cumpliendo medidas sustitutivas a la prisión por el delito de usurpación, hasta que prescribió la pena.
El defensor afirmó que, el jueves se realizó una acción del poder popular comunitario contra la actitud de los jueces y fiscales, terratenientes y alcalde de Amapala, Alberto Cruz. Desvinculando la desinformación de algunos medios de comunicación que tildaron la movilización como política partidaria y desestabilizadora.
Playa Blanca y Puerto Sierra con dos parajes que acunan a familias autóctonas de la región. Abel ahí nació y ¿Cómo es que lo acusan de invasor? Se preguntó Canales.
En 2015 los habitantes de la playa, habilitaron un terreno para parqueo, a fin que los veraneantes pudieran disfrutar del atardecer plateado sobre el mar Pacífico, contraste a la pobreza de las familias de la península.
La región se está quedando sin jóvenes, los defensores son criminalizados y las playas van a poder de los ricos allegados, que impiden el derecho a defender la tierra.
Durante la celebración del 23 aniversario de la fundación de ADEPZA, mediante llamada telefónica, Santos se sintió muy agradecido por la presencia de defensores y defensoras de derechos humanos en Puerto Grande, donde está la radio comunitaria “La Voz de Zacate Grande”, y expresó que “es muy difícil estar aquí, estoy enfermo y no tengo acceso a medicamentos”.
Con la breve comunicación, se le mencionó que, entre las presentes estaba Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH y otras compañeras, que de diferentes formas se hacen acciones para que puedan recuperar la libertad.
Pasado este tiempo, no se ha tenido comunicación con los privados de libertad, afirmó Canales, quien asumió la presidencia de ADEPZA, tras reactivarse la persecución contra Abel, también comunicador social.
Ambos defensores privados de libertad son el sustento económico de sus familias, integradas por compañeras de hogar, hijos e hijas menores de edad y progenitores de la tercera edad, quienes se sumaron a la movilización popular en Amapala, donde la tierra y playas es un derecho ancestral, que desde hace un siglo empezó a ser negociado por políticos y empresarios.
