San José, Costa Rica.
A un año de que Berta Cáceres Flores, defensora de derechos humanos, fuera asesinada en su hogar, en la Esperanza, Intibucá, desde CEJIL alertamos de las deficiencias que ha experimentado el proceso de investigación hasta ahora.
En respuesta a su asesinato, nos sumamos a las exigencias de la familia de Berta Cáceres y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras (COPINH) al Estado, para que garantizara una investigación diligente, hecha con transparencia, de forma independiente y de acuerdo con los más altos estándares internacionales. Estas condiciones —necesarias para la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables, tanto materiales como intelectuales—, no han sido cumplidas.
El Ministerio Público (MP) se ha negado a responder las solicitudes de numerosos actores nacionales e internacionales —incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— de transparentar el proceso, manteniendo absoluto secreto sobre el desarrollo de la investigación. Esto se ha hecho, en violación de la propia legislación hondureña, que garantiza la participación de las víctimas en el proceso. Una y otra vez, los familiares de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) han conocido de algunos de los resultados de la investigación a través de los medios de comunicación, revictimizándolos y vulnerando sus derechos.
Si bien el MP ha capturado a ocho personas a la fecha, no hay claridad del supuesto papel que jugó cada imputado en el hecho criminal. Tampoco existen resultados sobre los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo del 2016. Este crimen fue el producto de una escalada de violencia, criminalización y estigmatización en contra de la lideresa y de los y las integrantes del COPINH, por lo que es fundamental que se consideren estos antecedentes a la hora de investigar y se comprenda el contexto de riesgo en el cual ejercía su labor Berta Cáceres.
Asimismo, es preocupante e inexplicable que, pese a los indicios que señalan que el asesinato de Berta Cáceres pudo haber tenido como motivación su lucha contra la construcción del proyecto Agua Zarca, la concesión del proyecto a la empresa DESA siga intacta. Lo anterior, sin que el Estado impulse acciones para revocarla.
Debido a esta falta de voluntad y ante la negligencia estatal, se creó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), en un esfuerzo de incidencia para el esclarecimiento de la verdad. Desde CEJIL reiteramos nuestro compromiso de apoyar esta iniciativa y demandamos al Estado la apertura necesaria para que el Grupo pueda cumplir con sus objetivos y se avance hacia la justicia para Berta Cáceres, sus familiares, el COPINH y toda la sociedad hondureña.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos, Michel Forst, Honduras es el país más peligroso para defender derechos humanos. La organización internacional Global Witness (ver informe) denunció recientemente que, entre el 2010 y 2016, 123 personas fueron asesinadas por reivindicar su derecho de defender derechos humanos. Pese a esta realidad, el Estado continúa estigmatizando a las personas defensoras de derechos humanos, y las escasas medidas de protección implementadas no permiten crear un entorno seguro para garantizar el ejercicio de su trabajo.
Queremos, por último, subrayar la importancia de que el Estado hondureño cumpla con su deber y atienda las exigencias de la familia de Berta Cáceres y del COPINH y exigimos que atienda a su obligación de proteger a quienes asumen este rol. De lo contrario, pone en riesgo no solo la vida de estas personas, sino que también debilita la vida en democracia.
