Por Sandra Rodríguez
Tegucigalpa, Honduras.- Persisten amenazas contra ciudadano que denunció a policías agresores en el municipio de Gualcince, Lempira, el 27 de agosto del 2016 y que fueron encontrados culpables por llegar a los delitos de allanamiento ilegal de morada y vejámenes, en octubre del pasado año.
Los mensajes de texto llegan al teléfono celular de Máximo Ramos, donde le dicen “depurados por una vasura como vos mantenido cobarde te escondes en las naguas de tu mujer”.
En noviembre del 2017, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), como representante legal de Ramos, solicitó al Tribunal de Sentencia de Gracias, Lempira, que aplique la pena máxima, penas accesorias y multa respectiva a los policías Alfonso Sánchez, Lázaro Portillo, Nahun Nolasco, Salatiel Rodríguez y Osman Raudales; además los militares Denis Gómez y Fredis Amaya, encontrados culpables por los delitos de Allanamiento de Morada y Vejámenes, al primer mencionado también se le culpó de Falta a los Deberes de los Funcionarios.
“Se supone que están depurados, pero tengo mis dudas, al menos del jefe si estoy seguro de que fue suspendido. El es Alfonso Sánchez, el que dio la orden de atacarme, y los policías y militares procedieron sin misericordia contra mi persona”, expresó Ramos.
Han pasado casi dos años de aquella noche de sábado, y las secuelas de las torturas continúan. “tengo una pelota del tamaño de un limón en la espalda, es de los golpes que me dieron los policías y militares” denunció don Máximo, quien además vive huyendo por temor a que lo maten.
Y es que a su vida le han puesto precio, no se le perdona que haya denunciado a sus torturadores. 25 mil lempiras le han llegado ofrecer a su propia esposa con la intención de que lo “entregue”.
“reinita le quiero pedir un favor pero favor le vamos a pagar”
“hay 25000”
“mira entregajos a tu marido para nosotros es importante”
El día que recibió en su teléfono estos mensajes, mi esposa estaba triste, muy nerviosa. Me enseñó los mensajes y se puso a llorar, esto también le afecta porque cuando sucedió el allanamiento también fue agredida por los policías y militares, recordó Máximo.
Su esposa fue parte del juicio oral y público, quien debió recordar el difícil momento del allanamiento y detención, cargando una pequeña en su regazo, mientras declaraba lo que había sucedido y atrás de ellas los siete hombres de las fuerzas represoras del Estado.
Ir a mi casa es como estar en la cárcel, ya que no tengo libertad de salir a la calle, me han negado el derecho de ir trabajar, pienso que en me pueden estar vigilando, aun cuando las amenazas no cesan. La desconfianza es fuerte, no sé quien le esté pasando información sobre mi accionar a quienes me persiguen, con la intención de matarme.
El proceso está en casación, y mientras tarda la justicia, la impunidad avanza. Cuando allanaron la vivienda de Máximo, le decomisaron un arma Prieto Beretta, una cadena de oro y 20 mil 500 lempiras en efectivo.
Nada de sus cosas le devolvieron, incluso el arma no aparece en ningún reporte policial. Pese a que la tenía debidamente registrada y se hicieron las diligencias respectivas para recuperarla. Del dinero y la cadena es peor la esperanza de recuperarla, lamentó Ramos.
Y con este panorama tan sombrío, no se puede esperar que la justicia actúe en favor de mi persona. Temo por mi vida y la de mi familia, ya que al vivir en un lugar pequeño es más fácil que todos nos conozcamos y la desconfianza es generalizada.
En el juicio se les absolvió de detención ilegal y a la mayoría -excepto a Sánchez- falta a los deberes de los funcionarios, por lo que debería haber un cambio de gobierno para que se aplique con objetividad la ley, y no se repitan las violaciones a los derechos humanos.
