Tegucigalpa.- El jueves y viernes de esta semana se realizará en los Tribunales de Justicia de San Pedro Sula juicio oral y público contra once criminalizados del municipio de Pimienta, tras ser acusados de haber participado en la quema de la posta de ese sector, de agredir a unos agentes policiales y por saqueo, durante la crisis post electoral de 2017.
Los encausados son Daniel Eduardo Santos Ordóñez, José Orlando Santos Ordóñez, Edwin Nahúm Amaya Sánchez, Mynor Ariel Reyes Mejía, Roque Jacinto Alvarenga Corea, Wilfredo Cáceres Sagastume, Francisco Miguel Gómez Martínez, Melvin Mauricio Chávez Pérez, Jonathan Ricardo Perla López y Santos Ramón Paredes Quiroz y Lourdes Johana Gómez Núñez.
Luego de las elecciones generales de 2017, y tras conocerse el fraude que dejó a Juan Orlando Hernández como presidente, en el territorio nacional se dieron masivas protestas.
Ante ese hecho, el régimen de Juan Orlando Hernández emitió el Decreto Ejecutivo PCM-084-2017 donde se establecía la suspensión de las garantías constitucionales de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana por un periodo de diez días, con el objetivo de disipar las protestas de indignación por el fraude electoral.
En la aplicación de dicho decreto miles de personas fueron detenidas y llevadas a las postas policiales donde eran privadas de su libertad.
Comandos y tanquetas militares, patrullas policiales y miles de agentes fueron enviados a las calles para reprimir y detener a aquel ciudadano que no cumpliera con la medida de toque de queda.
La población continuó con las manifestaciones, cerrando vías de comunicación en las principales ciudades del país, lo que indignó a las fuerzas represoras del Estado y comenzaron a hacer redadas, reprimir, detener e incluso a disparar contra los y las manifestantes, reportándose cerca de 34 víctimas mortales a nivel nacional que participaron en las acciones protestas en las carreteras del país.
Los y las pobladoras de Pimienta, así como en otras ciudades, se lanzaron a las calles, enfrentándose a la represión, detención y disparos de bala viva. Nada de esto detuvo las protestas contra el fraude y contra la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández.
El 26 de diciembre de 2017 la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), Tropas de Inteligencia, Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), realizaron allanamientos en varias colonias y barrios de Pimienta, llevándose varios detenidos.
De los detenidos, once fueron acusados de participar en saqueos de negocios, de agredir a agentes policiales y de quemar la posta policial durante las protestas contra el fraude electoral del 26 noviembre de 2017, y fueron enviados diez a la cárcel de máxima tortura El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, y la única mujer fue traslada al Centro Penal de Tela, Atlántida.
Luego de una audiencia de revisión de medidas, fueron liberados el 5 y 10 de mayo de 2018 los diez presos políticos, y la única mujer privada de libertad por razones políticas. Se les impuso la medida de no salir del país y presentarse a firmar en forma mensual y no participar en protestas.
Desde su liberación, son hostigados por patrullas policiales que circulan en forma frecuente por sus residencias y les mantienen bajo vigilancia. El estigma y el permanecer sujetos a un proceso judicial ha dificultado que los presos políticos de Pimienta recuperen sus empleos previos a la detención y judialización.
Algunos tuvieron que abandonar su domicilio por temor a hacer ejecutados, porque la persecución ha sido bastante grande, prácticamente como cacería, porque irrumpen a altas horas de la noche sus hogares.
Este jueves 22 y viernes 23 de abril, cuatro años después de su detención violenta y arbitraria, los once serán sometidos a juicio oral y público donde esperan ser absueltos de los cargos que les imputa el Ministerio Público.
