Por Marpa
Tegucigalpa.- Defensores y defensoras de derechos humanos confían en que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) otorgue justicia y reparación a las víctimas de la masacre de 5 campesinos que fue perpetrada por guardias de seguridad privados en 2010, en la finca de palma africana conocida como El Tumbador, localizada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que admitió el expediente de El Tumbador en 2018, examinará la petición y adjudicará el caso a la Corte, en el supuesto de que se cumplan los requisitos de admisibilidad.
Una vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) reciba el caso, procederá a ventilar el respectivo juicio y emitirá sentencia sobre el mismo. La sentencia que es de obligatorio cumplimiento, significaría una nueva condena contra el estado de Honduras, por cometer graves violaciones a los derechos humanos.
Los crímenes contra 5 campesinos fueron cometidos supuestamente por guardias de seguridad de la empresa Orión, que prestaba servicios a la compañía extractora de palma africana Exportadora del Atlántico, propiedad de la familia del extinto terrateniente Miguel Facussé.
La masacre se ejecutó el 15 de noviembre de 2010 en medio de una fuerte militarización desplegada en el Bajo Aguán bajo el pretexto de realizar un desarme general y combatir el narcotráfico, pero en el fondo se trató de sofocar un conflicto social, producto del acaparamiento de extensos territorios productivos que están en manos de unos pocos terratenientes.
La militarización en el productivo valle del Bajo Aguán y que es ejercida a través de la Fuerza de tarea Xatruch, fue ordenada por el régimen del nacionalista Porfirio Lobo Sosa que ejerció la presidencia entre 2010 a 2014.
Como antecedente, se dice que la recuperación de las tierras de la Finca El Tumbador, localizada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, ocurrió el 6 de abril de 2010 por parte del grupo campesino Guadalupe Carney.
También se afirma que los campesinos y campesinas habrían contado con la venia del terrateniente y agroindustrial, Miguel Facussé, para trabajar unas 600 manzanas de tierra . Los campesinos trabajaron la finca con tranquilidad hasta el mes de agosto de ese año.
Sin embargo, el 15 de noviembre de 2010, unos 180 trabajadores del campo decidieron salir de su comunidad Guadalupe Carney, para ingresar nuevamente a la finca a tempranas horas de la mañana, pero esta vez los esperaba una emboscada en el portón de acceso donde se produjo la masacre que terminó con la vida de 5 de sus compañeros.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y Abogados Sin Fronteras (ASF) son las organizaciones peticionarias que demostrarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el estado de Honduras es el responsable de la masacre de 5 campesinos, ejecutada por “guardias de seguridad privados” en la finca conocida como El Tumbador, que estaba en manos del terrateniente Miguel Facussé y localizada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.
Juana Esquivel Coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez dijo a www.defensoresenlinea.com que “para nosotros es un caso emblemático y sabemos que es necesario que se agoten todas las instancias hasta lograr justicia para las víctimas y la reparación de daños tanto para las víctimas como para la comunidad Guadalupe Carney”.
Tenemos muchas expectativas que ante los mecanismos internacionales podamos lograr esa justicia, apuntó Esquivel.
Según la investigación titulada: “El Tumbador: Una prisión verde de impunidad” publicada en marzo de 2016, “el terrateniente Miguel Facussé, fundador de la Corporación Dinant, (con acciones en Exportadora del Atlántico), fue vicepresidente de la Asociación para el Progreso de Honduras, una agrupación conformada por empresarios de derecha y miembros de las Fuerzas Armadas que funcionó entre 1980 y 2001, donde investigaban comunistas. Se estima que la corporación Dinant, posee una quinta parte de las tierras agrícolas del Bajo Aguán”.
La masacre de los campesinos pudo evitarse por la fuerte presencia militar-policial, pero los guardias de seguridad actuaron, en este caso con la aquiescencia del estado. El término aquiescencia es sinónimo de aprobación, asentimiento, consentimiento, aceptación, afirmación, entre otros.
Las víctimas de la masacre fueron identificadas como Raúl Castillo (48), Ignacio Reyes (50), Teodoro Acosta (39), Ciriaco Cárcamo (50) y José Luis Sauceda Pastrana (25). Para desviar la atención sobre los verdaderos motivos de la masacre, a los labriegos se les plantaron armas automáticas AK-47 de fabricación soviética y medios de comunicación locales y corporativos, habrían expresado que las víctimas mortales tenían nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
De acuerdo a testigos, las muertes violentas se produjeron en medio de un gran desplazamiento de fuerzas combinadas en la zona, integradas por efectivos militares del XV batallón de Infantería acantonado en Río Claro, Trujillo, agentes de la Policía Nacional y guardias de seguridad.
Los supuestos victimarios pertenecían a la Empresa Orión que brindaba seguridad a las plantaciones de palma africana de la compañía extractora Exportadora del Atlántico, propiedad del terrateniente Miguel Facussé (fallecido en 2015).
Por la masacre, se presentaron requerimientos fiscales en los tribunales de Trujillo, contra 4 guardias de seguridad y un empleado encargado de la logística de la empresa Exportadora del Atlántico.
Sin embargo, el juicio no prosperó, y dejó sin acceso a justicia a las 5 viudas, sus hijas e hijos, que quedaron de “pan en mano”. Estas familias forman parte de la comunidad Guadalupe Carney, afiliada al Movimiento Campesino del Aguán (MCA).
Para la defensora de derechos humanos, ex directora del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), la abogada Reyna Rivera, la masacre de El Tumbador requiere un ejercicio que debe analizar el sistema interamericano, porque es un caso que tiene varias aristas como por ejemplo “combina la participación de la seguridad privada en la represión de poblaciones, tiene que ver con temas de tierra y territorio y el acceso a la tierra, tiene que ver con abusos de autoridad y uso excesivo de la fuerza”.
“Tiene que ver con falta de políticas públicas para el desarrollo de comunidades campesinas, es un caso que tiene mucho que aportar al sistema interamericano y particularmente desde este tema de la seguridad privada”, expuso Rivera.
Rivera señaló que hasta la fecha no ha habido muchos casos donde se evidencia que también las empresas violan derechos humanos y en este caso, las empresas tanto por sus actitudes, sus proyectos que lesionan los derechos de las comunidades, pero también las empresas; utilizando la fuerza homicida a través de la seguridad privada.
“El caso de Tumbador es conocer cómo opera el comportamiento empresarial en nuestros países, cómo ese comportamiento viola derechos de las comunidades y puede llegar incluso hasta asesinar a miembros de las comunidades, cómo incluso se instala en la zona una fuerza de tarea militar para proteger los intereses del gran capital como la Fuerza de Tarea Xatruch, que opera en conjunto con participación de la Policía y seguridad privada”, explicó Rivera.
Recuerdo que en su momento visitó el país, el Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU) señalando que además de la seguridad privada, habían mercenarios privados que estaban interactuando en esos territorios, entonces el caso Tumbador tiene mucho que ofrecer para el análisis de lo que está pasando en Honduras en violaciones a derechos humanos y esperamos que el mismo avance hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), apuntó a www.defensoresenlinea.com, la abogada Reyna Rivera.
En enero de 2013, el Área de Acceso a Justicia del COFADEH) se apersonó a la audiencia inicial del caso Tumbador, pero no se le permitió ingresar a pesar que acompañaba a las viudas. No hubo auto de prisión en contra de los acusados por la masacre. El juez decretó sobreseimiento provisional argumentando que si bien, se confirmó que el hecho había sucedido, no se acreditó debidamente la responsabilidad de los imputados en la masacre.
Al juez no le importó el testimonio de los testigos. El Ministerio Público (MP) no presentó la debida apelación a la decisión tomada por el togado que conoció la causa. Más aún, la Fiscalía no presentó nuevos elementos para reabrir el caso que la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA) mantuvo en “secretividad”.
El COFADEH es el representante legal de las víctimas. Pese a que el comité abogó para que se reabriera el caso, la investigación se detuvo.
El próximo 15 de noviembre se cumplen 9 años de la masacre de El Tumbador, y en tal sentido el COFADEH, Abogados Sin Fronteras de Canadá y la Fundación San Alonso Rodríguez realizarán en Tocoa, Colón, la “Jornada Informativa sobre el Caso Tumbador”.
En el evento se desarrollará una conferencia de prensa para informar sobre los avances del proceso en el sistema interamericano, se expondrá una galería de fotos y se proyectará el documental titulado El Tumbador: “Una Prisión Verde de Impunidad” .
