Tegucigalpa.- En el manifiesto de la memoria sobre las reflexiones y propuestas planteadas recientemente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), se instó a las organizaciones que forman parte, a incrementar la búsqueda de los detenidos desaparecidos, víctimas del terrorismo de estado en la década de los años 80’s, y lograr juicio y castigo para sus victimarios.
FEDEFAM también señaló que su estrategia se basa en un proyecto común, en donde los familiares de los detenidos desaparecidos no son “víctimas”, sino actores y actoras demandantes de justicia.
Y otra hermosa frase que selló el reciente encuentro virtual de FEDEFAM resume su accionar en esta frase: “Celebramos la vida, pero colaboraremos en sanar el continente herido”.
Del 10 al 12 de marzo del año en curso, se desarrollaron una serie de “conferencias virtuales” entre las organizaciones que integran desde 1981, la FEDEFAM.
La federación conmemora 40 años de lucha incesante en demanda de verdad, justicia, memoria y reparación sobre miles de casos de detenidos desaparecidos por razones políticas, ocurridas en el continente americano desde los años 70’s hasta principios de los 90’s.
La actividad que se expuso en “forma virtual” a causa de la pandemia de covid19 que azota al mundo desde 2020, formó parte de los acuerdos de FEDEFAM asumidos el 26 de noviembre de ese mismo año, cuando las organizaciones se comprometieron a actualizar la situación de derechos humanos en sus respectivos países y desarrollar una serie de actividades para conmemorar su lucha durante cuatro décadas.
El encuentro se denominó: 1981-2021, 40 años de lucha por Verdad, Justicia y Memoria. Conferencia Virtual del 10 al 12 de marzo de 2021.
Durante los años 70’s y 80’s, varios países de América Latina, implementaron una política de terror en el continente. Dicho plan fue planeado y estructurado por Estados Unidos para eliminar toda disidencia política y levantamientos armados que se alzaron para luchar contra el intervencionismo, lo regímenes militares, las dictaduras, la represión y las violaciones a los derechos humanos.
“Escuadrones de la muerte” fueron entrenados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para cumplir el plan macabro de terrorismo de estado en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, entre otros países.
Las operaciones de detención, secuestro, torturas, desapariciones forzadas y exterminio, detonaron la reacción de demandas de verdad sobre el paradero de miles de detenidos desaparecidos en Latinoamérica, desembocando así en la creación de asociaciones de familiares de detenidos desaparecidos.
En 2021, los familiares de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada por razones políticas, continúan reuniéndose (aunque sea en forma virtual) para el encuentro de experiencias compartidas y luchas comunes en la búsqueda de verdad, justicia, memoria y reparación.
Las conferencias virtuales contaron con la participación de reconocidos y reconocidas defensoras de derechos humanos de América, que expusieron la condición actual de sus respectivos países sobre la temática expuesta.
Para el caso la socióloga brasileña Victoria Grabois, sobreviviente de tortura durante la dictadura militar en la década de los años 70’s e integrante del Grupo Tortura Nunca Mais en Río de Janeiro, expuso que en la actualidad, el régimen de Jair Bolsonaro se ha encargado de borrar la memoria y detener los procesos de verdad, justicia y reparación.
Grabois dijo que “es necesario destacar el desmantelamiento de las comisiones de naturaleza reparatoria constituidas después de la Constitución de 1988, que el actual gobierno aniquiló como la Comisión de Amnistía, responsable por las políticas de reparación y memoria para las víctimas del régimen civil-militar en el Brasil”.
La defensora de derechos humanos también comentó que la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos Políticos (CDEMDP) tampoco funciona desde el inicio del mandato del actual presidente Bolsonaro.
Grabois destacó que en diciembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó al estado brasileño a investigar, aclarar y responsabilizar las ejecutorias de agentes del estado, que participaron en la desaparición de más de 70 opositores en la represión contra la guerrilla de Araguaia.
La sentencia que fue ampliada para aproximadamente 500 muertos y desaparecidos políticos, se ha encontrado con una serie de obstáculos interpuestos por el gobierno de Bolsonaro para su obligatorio cumplimiento, de tal manera que la Corte-IDH emitió una resolución en 2014 en la estableció que el estado de Brasil no ha cumplido a la fecha; con los requerimientos contentivos en dicha condena.
“De toda toda la América Latina, el Brasil es el país más atrasado en relación a la cuestión de la desaparición forzada de ayer y de hoy. El Estado brasileiro continúa tolerando tales prácticas y sus agentes no son responsabilizados por estos actos”, aseguró Grabois.
Por su parte Pablo Cala de la “Fundación Hasta Encontrarlos” de Colombia, organización invitada por FEDEFAM, destacó que la lucha en la búsqueda por los desaparecidos no es de ayer, sino de hoy y que la memoria debe ser el motor de esa lucha.
Cala confrontó a los participantes y expuso que la lucha por los desaparecidos y desaparecidas “siempre ha sido una lucha de soledades y necesitamos que sea una lucha de solidaridades”.
En torno a la visión del presente, el defensor de derechos humanos sostuvo que el principal reto en la búsqueda de los desaparecidos es conocer la verdad, gran parte de ella está en poder de “los desaparecedores” y necesitamos conocerla y romper los silencios institucionales que garantizan la impunidad.
La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante su primera sesión en junio de 2006 y por la Asamblea General en diciembre de ese mismo año.
El 6 de febrero de 2007, fue la histórica apertura para firma de la Convención que se llevó a cabo en París, donde 57 países firmaron. La Convención afirma que las desapariciones forzadas constituyen un crimen contra la humanidad cuando se practican de forma generalizada o sistemática.
Se establece la obligación de que los Estados penalicen el delito de desaparición forzada con penas adecuadas que tengan en cuenta su extrema gravedad. La Convención Internacional entró en vigor el 23 de diciembre de 2010 y con ella se estableció el Comité contra las Desapariciones Forzadas.
Durante la jornada de conferencias, habló el Presidente del Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Desapariciones Forzadas, Mohammed Ayat.
Ayat se congratuló por los 40 años de existencia de FEDEFAM y dijo que ésta duración es en sí misma, un indicador muy significativo “que da testimonio de su perseverancia y de la tenacidad de su compromiso en la lucha contra una de las violaciones de los derechos humanos más atroces para sus víctimas. Y no en vano ha obtenido el estatus de ONG reconocida por la ONU.
Durante su disertación, Ayat expuso que cuarenta años de lucha contra las desapariciones forzadas son también un indicador muy elocuente de una triste y alarmante realidad: que las desapariciones forzadas aún no han desaparecido. Y esto a pesar de su incesante lucha.
“A algunos les gusta llamar a la desaparición forzada un fenómeno latinoamericano y un fenómeno vinculado a los regímenes dictatoriales de una época pasada. Por desgracia, la realidad no se corresponde con esta opinión reductora. De hecho, la desaparición forzada es una práctica delictiva que no tiene una nacionalidad o afiliación geográfica específica. Además, sigue siendo bastante común. Suele darse cuando prevalecen los regímenes políticos autoritarios, pero también durante los conflictos armados y en situaciones de vulnerabilidad social”, comentó.
Como un reconocimiento a la labor de FEDEFAM, Mohammed Ayat afirmó que es fundamental que los interesados en la lucha contra las desapariciones forzadas reconozcan y rindan homenaje a los incansables esfuerzos de las familias de las víctimas y sus colectivos.
De hecho, fueron ellos quienes inicialmente desempeñaron un papel decisivo en la sensibilización de todo el mundo y de las Naciones Unidas sobre la gravedad del fenómeno de las desapariciones forzadas. Y también fueron ellos quienes iniciaron la redacción y negociación de las disposiciones de la Convención sobre Desapariciones Forzadas.
“Gracias a ellos y a todas las personas de buena voluntad reunidas, movilizadas en la lucha contra esta lacra, se le dio el nombre adecuado y se convirtió en un delito espantoso sui generis”.
Ayat destacó que si bien la Convención de la ONU tiene una vocación universal. Sin embargo, el número de países que lo han ratificado es todavía relativamente limitado e insuficiente. De los 193 países que componen la ONU, sólo hay 63.
“Todavía tenemos que trabajar duro para conseguir que más países lo ratifiquen. Por tanto, los Estados deben demostrar inequívocamente su rechazo a la desaparición forzada y su solidaridad con sus víctimas, estén donde estén. Y no olvidemos de paso que se trata de una grave violación de los derechos humanos que puede ser calificada en determinadas situaciones como crimen de lesa humanidad”, advirtió.
En otro segmento de su discurso Ayat señaló que a veces se pide a las familias que actúen solas cuando no pueden permitírselo. Cabe destacar aquí que la búsqueda del paradero y la suerte de las personas desaparecidas es principalmente responsabilidad del Estado.
Además, es el Estado el que debe castigar a quienes cometen desapariciones forzadas. Al mismo tiempo, las familias y las ONG interesadas deben participar en este proceso en la medida de lo posible. También deben ser protegidos de cualquier acoso o represalia, dijo.
Finalmente Ayat expresó que la Convención sobre Desapariciones Forzadas existe por y gracias a la lucha de las familias y sus colectivos. Está ahí para ayudarles a combatir el fenómeno de las desapariciones forzadas. Y, por supuesto, esta tarea sólo puede llevarse a cabo conjuntamente con ellos. Es en este sentido en particular en el que debemos entender la afirmación a menudo repetida de que la víctima es el eje central de la convención «la convención está orientada a las víctimas».
En torno a la importancia de la memoria histórica sobre las desapariciones forzadas, la Coordinadora General de Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Bertha Oliva dijo en el programa radial Voces contra el Olvido, en su emisión del sábado 20 de marzo por la cadena Radio Globo, que en países como el que tenemos en la actualidad; en Honduras ni siquiera está encaminado a tener pronto, un estado de derecho.
“Es ahí donde las herramientas que se adquieran, el conocimiento y el compromiso con los derechos humanos hay que irlo colocando por todos los lugares por donde andemos, especialmente en las juventudes”.
Tenemos que trabajar profundamente sobre el tema de la memoria histórica del país. Esa memoria que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con la impunidad, que tiene que ver con la corrupción; que tiene que ver con el estado de cosas que hoy estamos viviendo, con esa hilación y esa complejidad que se fue generando a través de años y años para no esclarecer los hechos; para no sancionar a los responsables, para protegerlos y cubrirlos en el manto de la impunidad, recomendó Oliva.
Oliva apuntó que “las juventudes son las llamadas a continuar lo que iniciamos hace 40 años. Debemos sembrar para tener la cosecha en este momento que la patria demanda”.
Dado que las desapariciones forzadas por razones políticas se han venido ejecutando a lo largo de los años hasta nuestros días, Bertha Oliva ha expresado que en la actualidad, la práctica de desaparición forzada se continúa perpetrando en muchos países de Latinoamérica, especialmente contra la juventud.
“La impunidad es la que ha sostenido los delitos de lesa humanidad y los crímenes que se sustentan ahora, como son las desapariciones forzadas”, expuso.
La memoria es un eje vertebral para mantenernos y sostenernos, es como otro pilar de la búsqueda de verdad y justicia, puntualizó la Coordinadora General del COFADEH.
En el punto culminante de la jornada, FEDEFAM fijó sus reflexiones y propuestas comenzando con que los 40 años deben celebrarse, porque “celebramos la vida, pero colaboraremos en sanar el continente herido”.
Nuestra tarea es estratégica: tenemos un proyecto común. “No somos víctimas (sentido tradicional), somos actores, actoras demandantes de justicia”, apuntó en otro enunciado.
FEDEFAM se congratuló que su lucha de 40 años ha logrado que en algunos países se establezca en el calendario, la conmemoración del Día Nacional del Detenido Desaparecido el 30 de agosto de cada año.
En Honduras, gracias al incansable trabajo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), durante la administración del presidente Porfirio Lobo Sosa se logró dicho propósito.
Es así que desde el año 2002, mediante decreto 284-2002 aprobado por el Poder Legislativo, en Honduras se conmemora el Día Nacional del Detenido Desaparecido como un aporte a la memoria histórica y al reconocimiento a las víctimas y a sus familiares, que fueron afectados por la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en la década de los 80´s.
FEDEFAM propuso a sus miembros, incrementar la búsqueda, tan retrasada de sus detenidos desaparecidos, porque se conoce dónde buscar y quiénes se los llevaron, porque nuestro es objetivo es encontrarlos y encontrarlas, lograr juicio y castigo.
La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM) es una organización no gubernamental apolítica integrada por asociaciones de distintos países que nuclean a familiares de víctimas de desaparición forzada de personas en distintos países de América Latina y el Caribe.
FEDEFAM es una organización humanitaria, independiente de toda doctrina o institución política o religiosa. La Federación fue fundada en enero de 1981 en la ciudad de San José (Costa Rica) e institucionalizada por el II Congreso realizado en la ciudad de Caracas (Venezuela) en noviembre del mismo año. Tiene además, el status consultativo en categoría II ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
Son miembros de FEDEFAM, asociaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.
