Por Sandra Rodríguez
Después de 20 años de dictaduras militares, en 1981 Honduras retornó al proceso democrático, pero este retorno del poder a manos de los civiles no significó respeto al Estado constitucionalista ni a los derechos humanos, por el contrario es en esta época que se aplicó -siguiendo mandatos del gobierno de Estados Unidos de América- la doctrina de Seguridad Nacional que ya se aplicaba en la América del Sur.
Los parientes, amigos y compañeros de los 184 detenidos desaparecidos, víctimas de esa de esa doctrina represiva, registrados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, entre 1980-1989, continúan exigiendo justicia, y es que el Estado nunca ofreció un informe por las desapariciones forzadas, ellos y ellas desaparecieron sin que las autoridades investigaran y sancionaran a los responsables.
Hace 32 años, 12 familias se reunían para ir a diferentes instituciones, donde solicitaban que actuaran para dar con el paradero de hombres y mujeres que soñaban y luchaban por un país con verdadera democracia. Para ese entonces era un total de 69 familias víctimas de la desaparición forzada.
En cuanto a los detenidos desaparecidos de la década de los ochentas, “no podría decir porque los desparecieron, pero yo sé ellos eran opositores políticos al régimen actual, eran auténticos revolucionarios que estudiaban, que leían y luchaban por cambios sociales; y al final puedo decir que eran unos soñadores, y tenían sueños limpios diáfanos, soñaban que los niños tuvieran pan, techo, escuela, que los niños se nutrieran de conocimiento para poder cambiar las condiciones de sus hogares, pero además eran hombres y mujeres valientes, pero al final eso lo negaron siempre los que cometían los crímenes”, dijo la coordinadora general del COFADEH, Bertha Oliva, hace unos meses cuando compartía con miembros de Redes de Defensores de DDHH, organizadas por este comité.
Y es que la doctrina incluía violaciones en forma sistemática y selectiva a los derechos humanos. Las violaciones más emblemáticas fueron las torturas, los asesinatos políticos y las desapariciones forzadas.
Es así que familiares de detenidos desaparecidos entre ellos, Enrique Hernández, Manfredo Velásquez, Domingo Eleuterio Rodríguez, Eduardo Becerra, Germán Pérez, Julio Méndez, Ediltrudis Montes, Tomás Nativí, Samuel Pérez y Saúl Godínez, forman el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, con objetivos claros y definidos de recuperar con vida a sus parientes desaparecidos por el Estado. Cabe señalar que en algunos casos se logró el objetivo; no así en la mayoría.
Cada semana se reunían, madres, esposas, hermanos y hermanas de los detenidos desparecidos, para preparar actividades, agendar que lugares visitarían, conque personas se iban a reunir, y todo con el objetivo de saber dónde estaban nuestros familiares, recordó Nohemy Pérez, hermana de joven Samuel Pérez (1981), quien desde los 14 años acompañaba a su madre Fidelina Borjas, y fueron de las fundadoras del COFADEH.
En 1988 y 1989, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos encontró al Estado de Honduras responsable de la desaparición de Manfredo Velásquez y Saúl Godínez Cruz y lo condenó a indemnizar a los familiares de las víctimas y castigar a los responsables. En el año 2003 el Estado de Honduras volvió a ser condenado en la misma Corte por la desaparición seguida de muerte de Juan Humberto Sánchez, en 1992.
En los años noventa, el COFADEH, reformula sus objetivos, revisa su misión y su visión, e incorpora otros tópicos de trabajo a los ya existentes; incorpora la defensa y representación de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, la promoción y capacitación en derechos humanos, la investigación y documentación de casos. Establece alianzas estratégicas con organismos similares conservando su independencia y su filosofía de trabajo. Así mismo se afilia a organismos regionales de derechos humanos como FEDEFAM en 1983 y a la CODEHUCA en 1993, ambos con estatus consultivo II ante las Naciones Unidas.
A mitad de los años noventa emprende la tarea de recuperar de los cementerios clandestinos los restos de los desaparecidos, actividad que después de legitimarse coordina con la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público.
A partir del año de 1998, incorpora a su trabajo la defensa de los derechos colectivos, el derecho al medio ambiente y el derecho a la libertad de expresión. Asimismo ha contribuido a la desmilitarización del país y la construcción de procesos democráticos y la vigilancia permanente de las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado en la esfera de los derechos humanos y la seguridad pública.
En el año 2001, el Estado de Honduras le otorga personalidad Jurídica, bajo resolución 24-2001 y en este mismo año se hace acreedor al Premio Nacional de Derechos Humanos que anualmente otorga el Comisionado Nacional para la Protección de los Derechos Humanos. A la fecha el Cofadeh es una fuente obligada de consulta en materia de derechos humanos y seguridad pública, forma parte de importantes coaliciones de la sociedad civil, y es interlocutor de los organismos internacionales especializados en derechos humanos. A la par de forjar su legitimidad y credibilidad a nivel técnico político, ha desarrollado su institucionalidad.
