Tegucigalpa.- A 20 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) contra Honduras en el caso de Juan Humberto Sánchez, el Estado aún no da total cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas por el Tribunal Interamericano.
El 7 de junio de 2003, la Corte-IDH emitió su sentencia en el caso y declaró la responsabilidad internacional del Estado hondureño por las violaciones de derechos humanos derivadas de la detención arbitraria y posterior ejecución extrajudicial de Juan Humberto Sánchez, por parte de agentes militares.
Juan Humberto Sánchez fue detenido los días 10 y 11 de julio de 1992 por las Fuerzas Armadas de Honduras, en la aldea Santo Domingo de Colomoncagua, Intibucá, por su presunta vinculación con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador.
Sánchez regresó a Honduras el 9 de julio de 1992 a visitar a su madre y arreglar su documentación personal, amparado en el decreto de amnistía número 87-91 que el 10 de julio de 1991 había emitido el gobierno del presidente Rafael Leonardo Callejas.
Durante 10 días el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) realizó diligencias para dar con su destino; dos habeas corpus se interpusieron en su favor sin resultado alguno.
El 22 de julio el cadáver de Juan Humberto Sánchez fue encontrado en el Río Negro. Su cuerpo mostraba señales de tortura, estaba atado de brazos y pies con un lazo; su lengua, nariz y genitales fueron cercenados. El juez que conoció la causa ordenó que se le enterrar en la riberas del río como desconocido.
Las organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento de Sentencias urgieron este jueves al Estado de Honduras dar pleno cumplimiento de la sentencia para garantizar que hechos como estos no se repitan.
“A 20 años de la sentencia, Honduras no ha cumplido a cabalidad con las medidas y, en cambio, es preocupante que el gobierno de Xiomara Castro está implementando una política de militarización, toques de queda, allanamientos y detenciones en el marco del Estado de Excepción que continúa extendiéndose en el país”, señala la Mesa de Seguimiento de Sentencias.
La sentencia de la Corte-IDH ordena al Estado realizar las investigaciones sobre la detenciones de Juan Humberto Sánchez, ya que se enmarcaron en un cuadro de abuso de poder, que tenía como objetivo interrogar, torturar y, eventualmente, ejecutar impunemente.
Además, también está pendiente el cumplimiento la medida consistente en la implementación de un registro de detenidos, que permita controlar la legalidad de las detenciones, lo cual es fundamental para evitar la repetición de hechos como los ocurridos a Juan Humberto Sánchez.
