Trujillo, Colón.- El 15 de noviembre de 2010, cuando no había salido el sol, varios campesinos salieron a trabajar en la finca conocida como El Tumbador, que está ubicada en la comunidad Guadalupe Carney, en Trujillo departamento de Colón, sin imaginar que estaban a punto de vivir una pesadilla.
Ese día, que se suponía que sería un día normal para los campesinos, pero no fue así, porque guardias de seguridad junto con elementos policiales y militares les tendieron una emboscada.
En el ataque cinco campesinos murieron en manos de los guardias de seguridad enviados por terratenientes, dejando a sus familias desamparadas y varios niños, algunos recién nacidos, quedaron sin sus padres.
En Honduras se denunció en todas las instancias correspondientes para que se castigara a los responsables de este crimen atroz contra el sector campesino en el Bajo Aguán, pero aun teniendo las pruebas y las certezas, los responsables nunca se castigaron.
Es por eso que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), llevaron el caso ante instancias internacionales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2018, para que se diera a conocer el caso de los campesinos, ya que en Honduras, en su propio país, no se hizo justicia.
La coordinadora general del COFADEH, Berta Oliva, expresó que en el caso de El Tumbador lo que se tiene que garantizar es la justicia para las víctimas y sobrevivientes.
“Lo que tenemos que velar y garantizar es el tema de la memoria histórica en las violaciones de los derechos humanos de los y las ciudadanas, ya que es una necesidad que hay en el país para demandar justicia, porque cuando uno no ha obtenido eso, no debe cansarse nunca de buscar verdad y justicia, señaló la experimentada defensora de los derechos humanos.
Añadió que en el caso de las violaciones a los derechos humanos en El Tumbador, no va ser la excepción sobre la reclamación de justicia.
Asimismo expresó que lo que pasó aquella mañana del 15 de noviembre de 2010 fue gigantesco, y “lo interesante de esto es que a nivel local se quería hacer pasar como siempre, que los campesinos y campesinas eran los responsables por no ceder o por querer ocupar tierras, esa es la lógica de los atracadores y acaparadores de las mejores tierras del país, negándole así la posibilidad a la gente del campo al cultivo para tener por lo menos asegurada su diario vivir”.
“Pero El Tumbador, que hoy que se está cumpliendo diez años de esa masacre, fue un ataque que impresionó a los que todavía tenemos capacidad de sentir, lo que creemos que debemos hacer lo que el estado de derecho que dicen que existe en el país, responda a las demandas de los ciudadanos”, agregó.
Añadió que “tuvimos el interés de recolectar todo la información hacer las acciones legales desde aquel tiempo, localmente para abordar procedimientos aunque estamos sabidas que casos como este no se necesita agotamiento de recursos e interés para colocarlo en denuncia oficial o formal ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
La coordinadora de COFADEH informó que “desde hace un año decidimos presentar el caso en conjunto con la Fundación San Alonso, que está en la zona, que trabaja en la zona, y Abogados sin Fronteras Canadá, como un ente cooperante; en principio con COFADEH, era el servicio de voluntariado y ahora Abogados Sin Fronteras está aquí con un programa que apoya financieramente y acompaña procesos con diferentes organizaciones”.
“A diez años de exigencia permanente de justicia por los familiares de los asesinados y por las victimas sobrevivientes, estamos convencidas y sabemos que una vez salido del sistema nacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es otro tipo de justicia que se busca”.
A renglón seguido expresó que “se busca una justicia reparativa y además que se reconozca ante el Sistema Interamericano las graves violaciones a los derechos humanos que se genera en el país, sobre todo en contra de los pueblos que se organizan y hacen acciones colectivas para obtener y asegurar el pan diario para sus hijos e hijas”.
“Cuando ya sale del país, ya uno sabe que jamás va a obtener justicia porque no hemos obtenido justicia de la que debería de implicarse, que es castigar y sancionar a los responsables, eso no se logra aunque en el sistema siempre lo hace dentro de las sentencias, demanda que se investigue y se castigue a los responsables de los crímenes y de los delitos que se tipifican en el juicio que llevamos ante el sistema, pero eso hasta hoy día nunca se hará”.
Agregó que “hace un par de años vimos a necesidad desde COFADEH de crear una mesa de seguimiento de las sentencias y es cuando empezamos a trabajar y hablar con organizaciones nacionales que han llevado casos ante la Comisión Interamericana y han obtenido sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Por su parte Juana Esquivel, de la fundación San Alonzo Rodríguez, agregó que aunque hayan pasado diez años, los las familias aún están con ese dolor que les causó la masacre de El Tumbador y esperando que se les haga justica.
“Sabemos que las familias a un tienen ese dolor de que no ha habido justica por el parte del estado de Honduras, y la condición de vulnerabilidad de las familias campesinas que han venido siendo oprimidas y reprimidas aquí en el Aguán, en contexto tan complejos como el actual de dictadura, también problemas sociales como la pandemia, el fenómeno Eta, que recién pasa, eso implica un retroceso en materia de desarrollo de las familias por los graves impactos de vulnerabilidad social, económica y ambiental en la que residen aquí en la región”.
Asimismo añadió que el caso está siendo estudiado con los mecanismos internacionales para poder determinar una sentencia.
“El caso está en fase de cierre en el ámbito nacional, se agotaron las instancias y se les ha negado la justica a las familias hondureñas y se encuentra ahora en el ámbito intencional, para poder, aunque sea tardío, que las familias puedan tener una justicia restaurativa sobre los daños de este caso”.
Al consultarle el estado actual de las familias y las víctimas de El Tumbador, así como de los sobrevivientes que siguen a la espera de Justicia y tomando en cuenta que los campesinos en Honduras, en el contexto actual, siguen siendo los más vulnerables, es del criterio que “nosotros creemos que en este caso es sumamente necesario poder acceder a los mecanismos de justicia internacional, porque en Honduras la justicia para la gente pobre, para los campesinos y para la gente humilde, no existe; existe total impunidad en casos sobre todo en este que implica a una gran corporación de la región del Aguán.
Esquivel finalizó diciendo que nosotros continuamos siendo parte de este proceso de exigibilidad de justicia para las familias campesinas en el Aguán, y en este contexto, en particular de El Tumbador, hemos asumido un compromiso con COFADEH y con Abogados Sin Fronteras Canadá para poder llegar hasta el final y que se pueda emitir una sentencia que pueda hacer justicia restaurativa a las familias campesinas.
El caso fue presentado ante la CIDH en el año 2018 por las tres organizaciones peticionarias, por lo que Lucas Valderas de ASFC, quien también es una de las tres organizaciones peticionarias en el caso de El Tumbador, dijo a defensoresenlinea.com que “de acuerdo con los procedimientos de la Comisión corresponde en primer lugar realizar un examen de admisibilidad de la petición. Este examen se centra en el cumplimiento de los criterios procesales para tales peticiones, como la exigencia del agotamiento de los recursos internos, el tiempo transcurrido desde que este se produjo y la legitimación de los peticionarios”.
“Aunque pueda parecer largo el tiempo transcurrido, es importante señalar que la Comisión se tome varios años en realizar este examen dada la elevada carga de trabajo, por lo que no debe considerarse un motivo de preocupación respecto a la viabilidad de la petición”, agregó.
Al consultarle sobre si los de seguridad privada actuaron con la protección de la Policía Nacional y Militar, para cometer la masacre donde resultaron cinco campesinos muertos y varios heridos, expresó que “la protección policial a los hechores, sería una de las cuestiones que tendría que haber confirmado o descartado una investigación eficaz de los hechos. Como esta no tuvo lugar, no podemos tener la certeza sobre esa colaboración o protección, aunque en el escrito de los peticionarios se plantean algunos indicios de alguna posible forma de colaboración o connivencia. Por ello, esto será desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, uno de los puntos que deberá analizar la Comisión en su estudio del caso”.
“Es importante tomar en cuenta al respecto que la responsabilidad del Estado puede originarse tanto por acción, como por la omisión de sus obligaciones de prevenir la violencia y garantizar la vida de las personas bajo su jurisdicción. Es decir, en un caso como el presente la responsabilidad del Estado podría establecerse tanto por la determinación de una efectiva protección o coordinación con los hechores, como por una omisión de actuación en una circunstancia en la que conocía o pudiera haber conocido los riesgos de que tuviera lugar un ataque contra los campesinos”, agregó Valderas.
Asimismo Lucas Valderas señaló que “el caso pone sobre la mesa una serie de cuestiones de fuerte relevancia, tanto al momento en que se produjeron los hechos como, aún, a la fecha actual”.
“El acceso a la propiedad de tierra por la población rural y la gestión de los conflictos por su tenencia y uso; y La regulación del trabajo de las empresas de seguridad y el uso de armas de fuego por su parte”, apuntó.
El representante de ASFC finalizó diciendo que “la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pasa por los siguientes aspectos esenciales; que demande una investigación adecuada de los hechos que esclarezca los mismos, incluyendo las eventuales omisiones estatales que podrían haberlos hechos posibles, y sancione a sus responsables; otorgue medidas de reparación adecuadas para las víctimas y sus familias.
Asimismo que establezca medidas de no repetición que contribuyan a evitar la reproducción de hechos como los de El Tumbador, y, de una manera más, contribuyan a la resolución de los conflictos por la tenencia y uso de la tierra en el país.
Las víctimas de la masacre perpetuada por guardias de seguridad, policías y militares son; Raúl Castillo, Ignacio Reyes, Teodoro Acosta, Ciriaco Cárcamo y José Luis Salcedo Pastrana. Además dejó varios campesinos heridos y cuatro mujeres agredidas.
