Yuscarán, El Paraíso. – Pobladores de la comunidad Rancho del Obispo, a 55 kilómetros de Tegucigalpa, lograron demostrar que una corriente de agua es propiedad de la comunidad y no de carácter privada.
Es un conflicto que se llevó algún tiempo resolver, por lo que, tras varias citaciones y la unidad del pueblo ahora la quebrada de donde extraen arena y grava para consumo personal ha sido nuevamente recuperada.
La comunidad de Tierras del Padre libra una lucha por la defensa de la Tierra y Territorio desde el año 2012, y el mismo tiempo de enfrentarse a demandas por usurpación que tiene a cinco campesinos condenados.
Por lo que, para defender el Agua, siguieron procedimientos pertinentes citando y atendiendo citaciones entre la comunidad y quienes habían construido un muro que cerca la quebrada.
La presidenta del Patronato de Rancho del Obispo, Patricia Eguigure, a inicios de marzo compareció ante una citatoria de parte de la alcaldía municipal de Yuscarán, cabecera departamental del departamento de El Paraíso, al oriente del país, llamada por la supuesta dueña del predio, a quien identificó con el nombre de Liliana Grádiz, oriunda de la localidad.
Según el relato de Eguigure, quien es integrante -además- de la red de defensores, defensoras y comunicadores sociales de El Paraíso; de la Iniciativa Mesoamericana y de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), hace dos años el señor Maximino Flores originario y residente en Tegucigalpa, junto a Grádiz, construyeron un muro en ambos lados de la única quebrada que baña a la comunidad.
Para ese entonces, en el 2018, el presidente de la comunidad (vale mencionar hermano de Grádiz) intentó solucionar el problema con la ayuda de algunos miembros del Patronato “lo que le fue imposible ya que fue hasta amenazado”, supuestamente por los interesados, y se detuvo el proceso, detalló el actual patronato.
foto: Archivo Cofadeh 2013
Al juramentarse un nuevo patronato, en septiembre pasado, en una asamblea comunitaria surgió la petición para citar el 10 de febrero del año 2019 a las diez de la mañana, al señor Maximino Flores, en búsqueda de entablar un diálogo acerca del tema de la quebrada Salada, y se le informó sobre la intención de la comunidad para recuperar ese predio, compartió Eguigure.
Según el relato patronal, él (Flores) dijo que había solicitado al Patronato se le permitiera construir esos muros de piedra, a lo que el Patronato había hecho caso omiso y, que él no estaba robando nada a la comunidad.
Pese a un acuerdo de visitar el lugar en conflicto, para el domingo 17 de febrero, donde convergería Flores, el Patronato y los tres auxiliares de la localidad, Flore no se presentó, por lo que, “el jueves 21 de febrero llamamos al juez de policía para que fuera al lugar acompañado de nosotros e instalamos una hebra (línea) de alambre, señalado por donde él tenía que colocar su cerca, y para sorpresa de nosotros, tres días después parte de la hebra de alambre había sido removida”, continuó la lideresa comunal.
Eguigure se vió en la obligación de informar al juez de policía lo que estaba sucediendo, y recordó que el seis de febrero se presentó a la oficina de jefatura municipal citada por Liliana Grádiz, para expresar que ella no quería problemas con nadie, y que había construido los muros para que no le lanzarán basura a su propiedad; Agregó que, quien le vendió a ella, de nombre Marcelino Valle, le había dicho que podía cercar esa área porque le pertenecía a él, “cosa que es mentira porque los que nacimos aquí, sabemos que le pertenece a la comunidad”.
Ya para el 14 de marzo, se reunieron el Patronato, los tres auxiliares parte de la comunidad, el juez de policía y el jefe de Catastro para ponerle fin al problema, y se recuperó el predio, al menos en un 95 por ciento, afirmó Patricia Eguigure, defensora de la tierra y el territorio.
