Tegucigalpa.- Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos responsabilizó hoy al Estado de Honduras, a la Corporación Municipal de Tocoa y a Inversiones Los Pinares por cualquier daño a la integridad física de miembros del comité y las comunidades en defensa del derecho humano al agua y a la vez exigieron la cancelación de las concesiones, licencias ambientales, permisos de explotación y declaratoria del Municipio de Tocoa libre de minería.
La demanda del comité fue hecha durante una conferencia de prensa que se efectuó frente a las instalaciones del Ministerio Público de Tegucigalpa, ubicadas en la colonia la Lomas del Guijarro.
Varios miembros del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos comparecieron en ese lugar ante la prensa nacional e internacional para denunciar estos hechos y demandar la cancelación de la explotación minera en ese sector, la que ha traído un fuerte conflicto, dejando como saldo de octubre hasta la fecha a seis personas asesinadas, cuatro civiles y dos militares.
Desde que las comunidades se levantaron en protesta en contra de la explotación minera en el municipio de Tocoa, a través de las redes sociales y medios locales se inició una campaña de desprestigio contra los defensores de derechos humanos y contra líderes comunales que están en la defensa de los recursos naturales, principalmente del agua.
Por eso está exigiendo al Ministerio Público el cese a la persecución y acoso permanente hacia la comunidad de Guapinol y la investigación seria de los hechos, así como la investigación de las páginas sociales «el Tocoeño del Alma» y «otras» a través de las cuales criminalizan a Juan López, Juana Esquivel, Adilla Castro, Esly Banegas, Gregorio Vásquez, Leonel George, Reynaldo Domínguez y otros dirigentes de Guapinol, sector San Pedro y Abisinia.
“Estamos haciendo una denuncia pública y oficial en este ente sobre la fuerte campaña de criminalización y persecución de la que estamos siendo víctimas las defensoras y defensores en el municipio de Tocoa, así como a las organizaciones a las cuales representamos y que integramos el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos”, expresó Juana Esquivel de la de la Fundación San Alonso Rodríguez.
Añadió que esta campaña viene desde septiembre del año anterior y que en los últimos días se ha agudizado debido a los últimos hechos violentos que se han dado en la zona, donde dos personas fueron asesinadas en la comunidad de La Cebiita.
Indicó que ellas ha hecho llamados al Gobierno de Honduras a atender este conflicto de manera responsable y han demandado al gobierno local un cabildo abierto con la legitimidad de las comunidades y la ciudadanía de Tocoa, se han negado y se han hecho de oídos sordos.
Asimismo es del criterio que lo que está muy claro es que el gobierno lo que quiere es que la empresa minera siga funcionando a costa de la dignidad y la soberanía de las comunidades del municipio de Tocoa.
En un comunicado público, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos instó a la autoridad competente a realizar una investigación exhaustiva, responsable y transparente, con el más alto nivel de objetividad y veracidad de los hechos, para llegar a la correcta deducción de responsabilidades sobre las seis personas que han perdido la vida de manera violenta por este conflicto ambiental.
“La Parroquia San Isidro Labrador, la Fundación San Alonso Rodríguez y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) tienen décadas de existencia en el Municipio y son reconocidas por su trabajo pastoral y social, no por la violencia. La Fundación y COPA son organizaciones surgidas del trabajo pastoral de la Iglesia Católica y desde la espiritualidad cristiana, no promueven, ni aceptan la violencia”, señala el comité en su comunicado.
“Hoy se ha agudizado el conflicto y lo han llevado al extremo de que han sido asesinada una cantidad de seis personas y recientemente dos personas en esta semana, y pretenden culpar a las organizaciones, a las personas que estamos en el comité de estas muertes”, señaló Esly Banegas de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
Asimismo señaló que se ha montado una campaña de terror, un acoso a la comunidad de Guapinol y en presencia de militares a la vista y paciencia de ellos un grupo armado opera en la comunidad donde asesinaron a las dos últimas personas.
Indicó que en el municipio de Tocoa los intereses empresariales que se juegan son lo de la misma familia Facussé, que ha tenido un conflicto eterno con el problema de la tierra que no se resuelve porque la misma autoridad que permanece en el municipio defiende los intereses de esta empresa, como es la corporación Dinant en el tema agrario y ahora Inversiones Los Pinares de la hija y del yerno del extinto Miguel Facussé.
Finalmente expresó que se pretende culpar a defensores de derechos humanos y del ambiente de lo que está pasando, con el fin de no resolver un conflicto que atenta con los derechos de un pueblo que exige que se le respete su voluntad de no a la minería, pero que si se está defendiendo los intereses de una empresa que pertenece a la misma familia que tiene a este pueblo en las condiciones en que estamos.
