Este jueves 6 de diciembre se realizó la audiencia 170 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre “Militarización de la seguridad pública en los países de las Américas” . Fue solicitada por 17 organizaciones de 10 países “ante la creciente militarización en la región que se manifiesta en la intervención directa de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, en algunos casos, y la adopción de tácticas y enfoques militares por parte de las policías, en otros. Muchas veces se enmarca en las “guerras” contra el narcotráfico y el terrorismo, utilizadas para reprimir conflictos sociales o perseguir a grupos identificados como enemigos del estado”.
Entre los exponentes, se dirigió a la CIDH la Coordinadora General de COFADEH, Bertha Oliva, quien señaló que “estamos enfrentando los peores momentos a partir del 2009” en que la militarización esta disfraza con el pretexto de dar más seguridad. La dirigente señaló que “La presencia militar en nuestros países, estamos convencidas, que es mas el daño que han hecho que el bien en esa materia porque no están en ningún momento capacitados para garantizar la seguridad ciudadana y seguridad pública”, agregando que “lejos de eso, están capacitados para fomentar el irrespeto, el abuso total a la vida y la libertad de los pueblos”.
En una audiencia a la que calificaron como “histórica”, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmaron que la militarización de la seguridad pública genera un crecimiento exponencial de las violaciones a los derechos humanos. También advirtieron sobre el regreso de la doctrina de la seguridad nacional en la región.
En los países del continente, la militarización aumenta los niveles de violencia y genera violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas estatales, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, ocupación de barrios pobres y torturas. A la vez, fracasa en su supuesto objetivo de bajar los índices de criminalidad, según se dijo en la audiencia regional ante la CIDH.
“Esta audiencia es histórica porque mapea uno de los principales desafíos de la región”, sostuvo la comisionada Flávia Piovesan. En un contexto de “guerra interna” -sea contra el narcotráfico, el terrorismo u otra de las denominadas “nuevas amenazas” a la seguridad-, los Estados avanzan con políticas duras y propuestas de militarización que ponen en riesgo los derechos humanos en la región. Se promueven políticas antiderechos y de impunidad, como la aplicación de la justicia militar, bajo la idea de lucha contra el crimen. “Estamos frente a un regreso de la doctrina de la seguridad nacional en la región”, aseveró Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH.
Por su lado, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva dijo que “hay mandatarios regionales que creen que el escenario en el que ocurren las operaciones militares es campo abierto para que ellos lleven a cabo el cumplimiento de determinadas órdenes. Primero dispare y después averigüe, primero dispare y después pregunte. Y eso es sumamente grave”. Y la comisionada Antonia Urrejola planteó que el desafío no es únicamente trabajar con los Estados sino también con la sociedad que espera respuestas a las demandas de seguridad en la región.
La Comisión se comprometió a mantener este tema como “objeto de agenda permanente” y a trabajar en un plan concreto de actuación para enfrentarlo de manera sistemática.
En la audiencia participaron organizaciones de 11 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela. Se habló de tendencias generales y de la intervención militar en Río de Janeiro, la propuesta de crear una Guardia Nacional en México, la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México y los impactos de la militarización en Honduras.
También se expuso sobre la impunidad que caracteriza a las violaciones cometidas en el marco de la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad. El caso de Jorge Parral de México es emblemático: fue asesinado por fuerzas militares y su cuerpo desaparecido. Su madre, Alicia Rabadán, explicó a los/as integrantes de la CIDH: “Hoy estamos aquí porque formamos parte de una tragedia extendida por todo México, ocasionada por la presencia y operación en las calles de fuerzas castrenses, que no tienen respeto por la vida humana”.
Organizaciones participantes:
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) , Argentina / Asociación Civil Intercambios, Argentina / Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Argentina / Observatorio Ciudadano, Chile / Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Perú / Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia / Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), Colombia / Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), México / Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México / Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) / Conectas Direitos Humanos, Brasil/ Justiςa Global, Brasil / Fundación Myrna Mack, Guatemala / Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) / Washington Office on Latin America (WOLA), Estados Unidos / Amnistía Internacional.
