Por Sandra Rodríguez
Tegucigalpa.- Integrantes de la Red de defensores por el Acceso a la Tierra que forma el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), analizaron el contexto nacional desde el ámbito político, social y económico.
Para el grupo de 30 defensores y defensoras de la tierra y del territorio, provenientes de los departamentos de Valle, Choluteca, Colón y La Paz, los principales problemas se reflejan en el desempleo, migración e inseguridad.
Pese a que existen programas gubernamentales, supuestamente de carácter social, estos solo benefician a los simpatizantes del partido de turno en el poder, en este caso se refieren al Partido Nacional, con mayoría en alcaldías, Congreso Nacional y por fraude electoral, el Poder Ejecutivo.
“La Vida Mejor es solo para los afines al gobierno”, afirmó uno de los defensores, quien de 70 productos de la canasta básica no alcanza ni a comprar 14, añadió, en la reflexión de la situación económica.
En esta situación, al haber pobreza es porque no hay empleo, y la población se ve obligada a irse ya sea a las grandes ciudades o fuera del país, y a veces retornan con prácticas ajenas a nuestra cultura, generando inseguridad, detalló otra defensora.
El tema de militarización es como si avanzara con la inseguridad, detalló el grupo, pues donde se han creado nuevos centros penales hay ahora presencia de grupos antisociales, se dan acciones violentas que antes no las veíamos, e incluso abandono forzado de viviendas.
Lamentan que se invierta más en armas para los mismos agentes que agreden a la población, y no haya presupuesto para educación y salud, pues siempre sucede lo mismo, si van a consulta, lo único que les dan es una receta escrita.
Otra situación que afecta a la mayoría es la reelección desde las municipalidades, donde hay ediles que tienen hasta cuatro periodos de gobierno y no gozan de la simpatía popular, esto es el reflejo de una dictadura moderna y de las más duras en Latinoamérica, señaló un defensor.
Ser defensor en Honduras, es uno de los retos más grandes para este grupo, pues son reprimidos hasta cuando realizan acciones de protesta en sus comunidades, la policía no pierde la práctica de gasear, golpear, perseguir y encarcelar.
Estos 30 defensores por el derecho a la tierra, son parte de las de 300 mil familias campesinas hondureñas que no tienen acceso a la tierra, y representan a más de un millón y medio de los 8,5 millones de habitantes, que si bien, la cifra es muy conocida, no hay acciones encaminadas a que cambie la situación en favor de quienes cultivan los alimentos de todos y todas.
Desde mayo del año pasado, el COFADEH inició este proceso de formación en conjunto con La Vía Campesina- Honduras y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), ante la problemática de persecución, vigilancia, hostigamiento, judicialización hasta asesinato de integrantes de estas organizaciones. Más de 5,200 campesinos y campesinas han sido criminalizados y al menos 20 permanecieron en centros penales.
Este país es reconocido a nivel internacional por casos como los asesinatos de más de 125 campesinos en el marco de recuperaciones de tierras en el Bajo Aguán, en los últimos ocho años. Así mismo, hay asesinatos de campesinos e indígenas en otras ciudades como La Paz, Santa Bárbara e Intibucá.
