Tras nueve años de impunidad, víctimas buscan justicia internacional

Por: Sandra Rodríguez

Tegucigalpa, Honduras. – Después del Golpe de Estado 2009, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cinco casos de violaciones a derechos humanos a los que el sistema de justicia hondureño les ha negado ese derecho.

Además de los asesinatos políticos de Isy Obed Murillo (05 de julio del 2009) y Pedro Magdiel Muñoz (24-25 de julio 2009), suman los denominados “El Durazno” una represión violenta y el asesinato del profesor Roger Vallejo y agresiones a un grupo de manifestantes entre ellos el líder sindical Carlos H. Reyes (30 de julio del 2009), el asesinato del periodista Nahum Palacios (marzo del 2010); y “El Tumbador” (noviembre del 2010) referente a una masacre de campesinos en el Bajo Aguán, detalló Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH.

Y justo por ese motivo es que hoy se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se juntaron las víctimas y organizaciones defensoras de derechos que están buscando, desde hace años, la demanda de justicia.

Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que representa el caso de Nahum Palacios junto al COFADEH, declaró que, Honduras al ser -según informes- el país más peligroso para ejercer el periodismo, hace que el caso sea emblemático “queremos medidas urgentes que permitan la proyección de los periodistas, el Estado ha tenido ocho años no sólo para investigar quienes halaron el gatillo, sino quienes lo mandaron a asesinar, pero no se ha hecho nada”.

Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez, que acompaña a las víctimas de “El Tumbador”, en la comunidad Guadalupe Carney, Trujillo, Colín, denunció que desde el 2008 el Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDHA), tiene un registro de 138 víctimas en el marco del conflicto agrario, de las que el 80 por ciento son campesinos, y que después del golpe de Estado la violencia se recrudeció.

Por parte de las viudas de los cinco campesinos de El Tumbador, compareció ante la prensa Guadalupe Gallardo, afirmando que “en Honduras no hallamos justicia, aquí no se hace nada, al gobierno no le interesa el campesino, mucho menos lo que nos pasa a las viudas, por eso hemos decidido interponer la denuncia internacional”.

La preocupación es que no hay ningún avance en las investigaciones, por eso si en Honduras no nos quieren escuchas vamos a las instancias internacionales. Mi hijo quedó pequeñito cuando asesinaron a mi esposo, por lo que he tenido que trabajar duro para sostenerlo. Así como Guadalupe, las demás mujeres debieron iniciar labores fuera del hogar, pues unos 30 huérfanos quedaban de pan en mano, sin contar a los y las hijas de los sobrevivientes heridos en ese tiroteo militar-policial y de guardias de seguridad privada en la finca “El Tumbador”, que estaba en proceso de recuperación.

Otra de las víctimas es el dirigente sindical Carlos H. Reyes, quien narró que, el 30 de julio del 2009 nos acorralaron y nos trajeron desde El Durazno (salida norte de Tegucigalpa), asesinaron al profesor Roger Vallejo, nos amontonaron por una gasolinera cerca de la clínica periférica del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Eso día gasearon a los manifestantes, los gaseaban y golpeaban, Reyes debió andar su brazo izquierdo inmovilizado.

“La única salida era tirarnos de un muro, nos arrinconaron y golpearon, se manipuló la información, después de una fracturada, hasta habían dicho, que decía que la policía no tenía nada que ver, lo peor es que después de esos años, volvemos a vivir la misma situación de represión”. Carlos H. Reyes

Hoy Gallardo y Reyes, hablaron en hombre de las víctimas, muchas de ellas ya no pueden hablar porque las balar -en su mayoría- militares, las asesinaron, y aprovechando que la CIDH realiza una visita In Loco en Honduras, entre el 29 de julio y el 03 de agosto, se hizo público que estos casos avanzan a instancias internacionales, ya que el sistema de justicia local no da respuesta en las investigaciones, mucho menos en aplicar la ley a autores materiales e intelectuales de las violaciones de lesa humanidad.

Los casos que se presentan ante la CIDH son:

Caso El Durazno

Los días 30 y 31 de julio de 2009, El Frente Nacional de Resistencia llamó a la población en resistencia a movilizarse simultáneamente en varias partes del país, registrándose las manifestaciones más numerosas en Tegucigalpa, Comayagua y Santa Rosa de Copán, las que fueron brutalmente reprimidas por agentes del Estado.

Entre las 8:00 y 9:00 de la mañana del 30 de julio, miles de personas se reunieron pacíficamente sobre la carretera Panamericana, que conduce a la zona norte del país, en la aldea El Durazno, a 6 kilómetros de la periferia del Distrito Central.

Mientras los manifestantes se iban sumando y organizando la protesta, elementos de las fuerzas de seguridad, policías de línea, Comando de Operaciones Especiales Cobra, soldados del Ejército y agentes de las unidades de investigación, equipados con tanquetas, patrullas, escudos, toletes, fusiles, bombas lacrimógenas, y auxiliados por un helicóptero, instalaron un retén contiguo a la estación policial denominada El Durazno, a 200 metros de donde se reunieron los manifestantes. En total en la operación de ese día se concentraron aproximadamente 120 policías de línea, 80 del Comando de Operaciones Especiales Cobra y 200 militares del ejército nacional.

Aproximadamente a las 9:45 am, el comandante del operativo expresó a los manifestantes que tenían un plazo de 30 minutos para desalojar el lugar. Repentinamente, sin que se cumpliera el tiempo otorgado, elementos policiales y del ejército irrumpieron, iniciando un desalojo violento.

De acuerdo con la información que recabó la Comisión de Verdad, agentes de policía pertenecientes a los Cobras y un helicóptero de la Policía Nacional dispararon bombas lacrimógenas. La Policía Preventiva realizó disparos con balas de madera, pero también balas vivas. Mientras desde la tanqueta les lanzaban chorros de agua con agentes químicos que les provocó picor en la piel, efecto que se intensificaba con el calor del sol.

Un número no determinado de manifestantes recibieron golpes de toletes en la cabeza, rostro, las piernas, la cadera, brazos, costados y en el caso de las mujeres en sus glúteos y entrepierna.

Al menos 97 de los manifestantes estuvieron detenidos y siete de ellos tenían menos de 18 años.  Entre las personas detenidas en la Estación Policial de Belén se registraron varios heridos y al menos nueve necesitaron atención médica y fueron traslados al Hospital Escuela.

En la estación policial, los hechos fueron constatados por organizaciones de derechos humanos como el COFADEH, CIPRODEH, fiscales de la Fiscalía especial de Derechos Humanos y una delegación de Amnistía Internacional. Las organizaciones constataron que periodistas y ciudadanos que registraban los eventos en forma gráfica fueron despojados de sus cámaras y grabadoras. Los agentes de policía, se negaron a devolverlas a pesar de que fueron solicitadas por los afectados y por las organizaciones presentes.

Ese mismo día (30 de julio de 2009) fue herido de gravedad por agentes del Estado, Roger Abraham Vallejo quien murió dos días después. Y el 17 de septiembre murió en circunstancias poco claras, Félix Murillo principal testigo de la muerte de Roger Vallejo.

Caso Nahúm Palacios

El 10 de marzo de 2010, el periodista Nahúm Palacios Arteaga fue asesinado por sujetos desconocidos enfrente de su casa. Palacios Arteaga, difundía programas de noticias desde la Televisora del Aguán, Canal 5, del cual era director, y desde Radio Tocoa. El comunicador social, brindaba cobertura a temas sensibles para los poderes políticos y económicos de facto, así como para el crimen organizado. El periodista Nahún Palacios Arteaga; fue uno de cinco periodistas asesinados en Honduras en el mes de marzo de 2010.

Previo a su asesinato, el periodista había denunciado amenazas de muerte, la detención ilegal y los abusos perpetrados en su contra por funcionarios estatales entre los días 29 y 30 de junio de 2009, destinados a acallar su voz disidente. Por estos hechos, Palacios Arteaga contaba con medidas cautelares emitidas por la CIDH desde el 24 de julio de 2009. Las mismas nunca se cumplieron de manera efectiva.

Pese a que la situación de riesgo de Nahúm Palacios Arteaga era del conocimiento del Estado de Honduras, las autoridades no tomaron ninguna medida de prevención y protección para evitar su deceso. Hasta la fecha, ninguna persona ha sido sancionada por los graves hechos cometidos en contra de Nahúm Palacios.

El asesinato de Nahúm Palacios Arteaga ocurre en un contexto de ataques sin precedentes a periodistas y trabajadores de los medios y de impunidad de las violaciones de derechos humanos en Honduras, en particular aquellas cometidas por las fuerzas estatales durante el golpe de Estado. Dicho contexto se mantiene hasta la presente fecha.

El Tumbador

El caso Tumbador, ocurrido el 15 de noviembre de 2010 en la finca “El Tumbador», jurisdicción del municipio de Trujillo, departamento de Colón, es un reflejo de la falta de atención del estado frente a los reclamos de las familias campesinas, que demandan una parcela de tierra para subsistir.

En esa fecha miembros del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) iniciaron el proceso de recuperación de unas 800 hectáreas de las tierras que habían pertenecido al Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) destinadas a la reforma agraria.

Sin embargo, en la entrada a la Finca de Palma Africana “El Tumbador”, fueron atacados a disparos por un grupo mayor a cien hombres, compuesto por efectivos militares de la Base Naval y del V Batallón de Infantería, así como de guardias privados de la compañía Orión, que prestaba seguridad a la Empresa DINANT, propiedad del extinto terrateniente Miguel Facussé.

Los guardias de la compañía Orión, mantenían la posesión de la finca El Tumbador, aunque su propiedad era objeto de litigio. De acuerdo con los testimonios de las víctimas y a los casquillos encontrados en el lugar de los hechos, en el ataque se utilizaron armas legalmente reservadas para el uso militar y municiones de alta velocidad de impacto.

En el feroz ataque murieron los campesinos Teodoro Acosta (39), Raúl Castillo (48), Ignacio Reyes (50), Siriaco de Jesús Muñoz (50) y José Luis Sauceda (25), y otros más resultaron heridos.