Por Riccy Ponce
Tegucigalpa.- Impactados por lo que está viviendo el país se mostraron los comisionados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que realizan una visita in loco a Honduras.
La delegación, compuesta por siete Comisionados, estará en el país del 30 de julio al 3 de agosto, donde se reunirá con sectores del Gobierno, de la sociedad civil, víctimas y organizaciones de derechos humanos. Además harán visitas a varios lugares del interior del país y el día viernes ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer un informe preliminar de las conclusiones de su visita.
Previo a las reuniones con el Gobierno y sus visitas al interior del país, los siete comisionados se reunieron este domingo 29 de julio en el hotel Marriott de Tegucigalpa con familiares y víctimas de la crisis posterior al proceso electoral del 26 de noviembre del año anterior, donde fue reelecto de manera fraudulenta Juan Orlando Hernández.
Las familias dieron su testimonio a la delegación por lo que al finalizar la reunión el Comisionado y Relator de la CIDH para Honduras, Joel Hernández, señaló que “estamos aquí para expresar nuestra solidaridad con ustedes, con su dolor y con el sufrimiento por el que han pasado, madres, viudas, esposas, maestros y periodistas. Ha sido hasta el momento esta sesión la más dramática de nuestra visita a Honduras, estamos llevándonos en pulso las secuelas de la crisis política, nos están haciendo ver a nosotros con sus testimonios todo lo doloroso, todo importantes”.
Así mismo agregó que “el Estado de Honduras tiene una enorme responsabilidad para reparar a las víctimas. Ese debe de ser el centro de nuestra atención y el centro de nuestra evaluación.
Quiero también hacer un reconocimiento especial a doña Berta, a su equipo del COFADEH y a CEJIL; los defensores y las defensoras son los héroes en esta tragedia y son gracias a ellos que ustedes pueden presentarse ante nosotros, ustedes los y las defensoras de derechos humanos son la voz de las víctimas y tienen todo el reconocimiento y el apoyo a de la comisión, añadió Hernández.
El relator de la CIDH para Honduras finalizó diciendo que es muy entendible este escepticismo que hay hacia los organismos internacionales, lo hemos escuchado en toda su cabalidad ciertamente todos los organismos internacionales tenemos limitaciones, porque al final la responsabilidad de la situación de derechos humanos compete a las autoridades y está en manos de las instituciones.
Los familiares y las víctimas viajaron de diversos sectores del país para ofrecer su testimonio a la delegación de la CIDH, quienes atentamente escucharon los relatos de 18 ciudadanos, que aún viven con las secuelas que les dejó la fuerte represión que se dieron contra los manifestantes que protestaron contra el fraude electoral.
Los jóvenes expresaron su deseo de marcharse del país porque temen por su vida, ya que esta es la única manera de salvarla, porque son víctima de seguimiento y amenazas por parte de policías y militares.
Los representantes de la CIDH quedaron impactados, señaló Araminta Pereira, miembra del Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos, quien a la vez agregó que los Comisionados expresaron que Honduras no está sola, que está la comunidad internacional y la CIDH pendiente de lo que pasa en el país.
La madre de Gustavo Adolfo Cáceres, un joven que se manifestó en El Progreso, Yoro, por el fraude electoral, y quien se encuentra recluido desde diciembre pasado en el Centro Penal de esa ciudad, acusado por los delitos de portación ilegal de explosivos o material de guerra de uso prohibido y posesión para el tráfico ilícito de droga, en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras y la salud pública, le entregó una carta a los Comisionados para que hagan todo lo posible para que le devuelvan a su hijo.
También Noemí Matute, esposa de don Telmo Villareal, asesinado por militares el 20 de enero, día que iniciaba el paro nacional convocado por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, entregó videos que captaron el momento en que la policía dispara en contra de los manifestantes, donde las balas alcanzaron a Villareal.
Cabe señalar que las entradas del lugar donde las víctimas se reunirían con la delegación de la CIDH estaban totalmente militarizadas para intentar obstaculizar el paso de las víctimas, cosa que no se logró porque iban acompañados de la coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, quien gracias a su rápida acción lograron pasar.
Así mismo la Policía Militar y del Orden Público no le permitía la a entrada a la al periodista César Silva, por lo que tuvo que intervenir el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, para lograr que Silva se presentara ante ese organismo internacional.
Lanza le preguntó a uno de los militares por qué no le permitía el ingreso al periodista, a lo que el militar respondió que tenían órdenes de no dejar pasar al periodista, por lo que el relator le dijo que «el señor tiene que informar lo que está pasando, si sólo pasamos lo que nos gusta, es autoritarismo”.
Las manifestaciones de protesta en todo el país contra el fraude electoral dejó como saldo 22 ciudadanos y ciudadanas acusados de daños, incendio, saqueo, uso de material explosivo de fabricación casera y “sedición”, un delito que se aplica a quienes atentan contra la seguridad del Estado, que a juicio de los familiares y de las organizaciones defensora de los derechos humanos es desproporcional e injusto, y por ende sitúa a los privados de libertad en condición de “presos políticos”.
Actualmente permanecen recluidos Edwin Robelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez, en la cárcel de máxima seguridad situada en La Tolva, Morocelí, El Paraíso; así como Gustavo Adolfo Cáceres y José Gabriel Godínez privados de libertad en El Centro Penal de El Progreso, Yoro, y Edy Gonzalo Valle recluido en El Pozo, cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara.
También más de un centenar resultaron con lesiones y heridas, las cuales aún padecen las secuelas del desproporcional ataque que fueron víctimas por parte de los elementos represores del estado, como ser la Policía Militar y del Orden Público y la Policía Nacional.
Un grupo de jóvenes que fueron víctimas de fuerte represión, detenidos y enviados presos, expresaron a la delegación de la CIDH su deseo de marcharse del país porque temen por su vida y que esta es la única manera de asegurarla, ya que son objetos de seguimiento y amenazas por parte de policías y militares.
El COFADEH registra al menos 34 personas asesinadas por los cuerpos represores del Estado, cuando salieron a manifestarse de manera pacífica en contra del fraude electoral a favor de Juan Orlando Hernández el pasado 26 de noviembre.
