Tegucigalpa.
Por Riccy Ponce
La Coalición contra la Impunidad presentó este miércoles 18 de abril un documento de impugnación ante el presidente de la junta proponente, Abogado Rolando Argueta, por las actuaciones de dicha junta y por la participación ilegal de la sociedad civil en la elección del Fiscal General y Adjunto del Ministerio Público.
El encargado de llevar y presentar el documento fue Guillermo López Lone, quien en su condición de representante de la Coalición contra la Impunidad llegó a la Corte Suprema de Justicia, acompañado de organizaciones que lo conforman entre estas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
“Nosotros estamos presentando el día de hoy un escrito de nulidad de todas las actuaciones de la junta proponente, por estimar que están viciadas de legalidad. Fundamentamos esto en que ha sido electa una representación de sociedad civil en dicha junta que violenta la sentencia de inconstitucionalidad, que fue dictada por la Sala Constitucional en noviembre de 2016. En esta sentencia se establece que se declara inconstitucional la reforma del año 2013 que habilitaba a sociedad civil en la junta proponente”.
López Lone dijo que no entienden y no encuentran ningún fundamento legal que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, en su acuerdo de llamado a la integración a la junta proponente, gira oficios para la celebración de la asamblea en sociedad civil y que esta se haya realizado y se haya electo esa representación, bajo las consideraciones, y que debido a eso, se considera nula y violenta la norma de legalidad sobre la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional en el 2016, que tiene carácter legal y deben ser respetadas por los funcionarios y ciudadanos.
Lone añadió que ellos lo que están buscando es que la elección del Fiscal General y Adjunto se haga por las vías legales, “nosotros no estamos en contra de sociedad civil, nosotros estamos reclamando por el cumplimiento de la legalidad, por el respeto de la ley del Ministerio Público y estamos reclamando para que haya un proceso que sea trasparente, confiable y que tenga reconocimiento de la ciudadanía”.
Asimismo agregó que los altos funcionarios del estado, en este caso la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, quien preside la junta proponente, ha errado el camino y a contrariado una sentencia de la sala constitucional.
Por su parte el representante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) Joaquín Mejía, también es del criterio de López Lone , al decir que si la Sala de lo Constitucional ordenó la expulsión del artículo que permitía la participación de sociedad civil, “no entendemos porque está participando ahora, no es que no estemos de acuerdo en la participación, pero debe hacerse en el marco de la legalidad, porque esto puede provocar un vicio de nulidad en todo el proceso de elección del Fiscal General y Adjunto.
Mejía dijo que si “la sala determinó en noviembre del año pasado a través de la sentencia que es inconstitucional la participación de la Alianza por la Paz y la Justicia, por tanto el artículo 22 de la Ley del Ministerio Público, quedó como estaba antes del 2013, es decir que no había participación de sociedad civil, por tanto no entendemos que la Corte Suprema de Justicia a través de su presidente haya convocado mediante el Ministerio de Gobernación a que se eligiera un representante de sociedad civil, cuando el articulo 22 fue declarado inconstitucional parcialmente.
Así mismo dijo que hay que verla en dos situaciones, el primero que solo pasaron tres días entre la convocatoria y la elección de la representante de sociedad civil, lo que nos parece raro y extraño, y en segundo lugar hay que entender que estamos en un proceso muy importante, por tanto, debemos de evitar que exista la posibilidad de que se decrete cualquier nulidad.
El representante del Eric agregó que la participación de un miembro de sociedad civil, cuando el articulo 22 ha sido declarado parcialmente inconstitucional, eso puede provocar un vicio; no estamos en contra de la participación de sociedad civil, pero tiene que ser un proceso amplio y abierto y sobre todo en el marco de la legalidad.
La Coalición contra la Impunidad, organización que está integrada por al menos 50 organizaciones entre ellas el COFADEH, espera que se haga una revisión de ese recurso que han presentado, ya que de acuerdo con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en noviembre del año 2016 decretó la inconstitucionalidad parcial del artículo 22 de la Ley del Ministerio Público, en lo que respecta a la participación de un representante de sociedad civil en la elección del nuevo Fiscal General y Adjunto.
