Tegucigalpa.
Por Riccy Ponce
Como una caja de metal que el sol calienta cada vez más y el calor sofocante por la alta temperatura, que desespera, es lo que viven las personas que quieren ingresar a la cárcel de máxima seguridad La Tolva para visitar a su pariente que tienen recluido en esa prisión.
La guardia, con su nuevo uniforme negro y azul marino, te recibe con una cara de desesperación que ni ellos mismos aguantan el fuerte sol que cae a plomo, pero eso sí, cumplen al dedillo las órdenes de no dejar entrar a quienes quieran visitar a su familiar que tienen recluido ahí por algún delito cometido.
Así es La Tolva, la cárcel de máxima seguridad ubicada en Moroceli, El Paraíso, con alrededor de 1,500 privados de libertad, de los cuales dos son presos políticos. Edwin Robelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez, que por manifestarse contra el fraude electoral del pasado 26 de noviembre, el gobierno se ensañó con ellos al enviarlos a esa cárcel, que alberga a altos criminales del país, poniendo en riesgo su integridad física.
De acuerdo a las denuncias que han realizado los privados de libertad, así como los abogados y algunos familiares que han tenido la dicha de poderlos ver, las condiciones en de La Tolva son deplorables, no cuentan con agua, la atención médica es deficiente y están en hacinamiento.
Dora Oliva del área de acceso a la justicia del Comité De Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), expresó que “no sé cómo llamarla porque no es cárcel de máxima seguridad, eso es terrorífico, es un centro de tortura psicológica y además está en poder de los militares”.
Asimismo expresó que la situación de Edwin Robelo Espinal, de quien Cofadeh lleva su representación legal, como todo privado de libertad, no es la mejor, pero se siente fortalecido.
“Edwin no tiene las condiciones higiénicas necesarias ya que ahí no hay ni agua, vital líquido que un ser humano necesita, cosas básicas para su limpieza, para su diario vivir, están limitadas”, expresó la abogada Oliva.
Asimismo denunció que las autoridades de ese centro penitenciario le han negado a que le ingresen un par de zapato a Edwin, ya que este utiliza un par que no son de él.
También denunció que a los apoderados legales solo les permiten verlos de 5 a 15 minutos, tiempo que es corto porque hablando con la persona se le hace nada, ya que son tantas cosas que hay que hablar, que hay que decir, que hay que escuchar, que no es insuficiente.
“No le dejan pasar comida, de hecho hoy se le llevaba su almuerzo y agua porque sabemos que hay carencia de agua y no nos lo permitieron, porque no estaba el director y solo él puede autorizar si deja entrar o no los alimentos”, dijo a defensoresenlinea.com.
La apoderada legal del Cofadeh tuvo que esperar dos horas para poder entrar a ver a su representado por 15 minutos.
Así como Edwin y Raúl, hay 19 prisioneros políticos en la cárcel de máxima seguridad conocida como “El Pozo en Ilama, Santa Bárbara, en el centro penal de El Progreso, Yoro, y en el centro penal de Tela, Atlántida, por protestar contra el fraude electoral del pasado 26 de noviembre.
