Por: Sandra Rodríguez
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), dio una serie de recomendaciones en torno a las elecciones del pasado 26 de noviembre, sin embargo, no profundizó en casos de violaciones a los derechos humanos como es los crímenes políticos, presos políticos y desaparición forzada.
La jefa de Misión, Marisa Matías expresó que el grupo que representa lamenta dichas acciones, además reiteró que las recomendaciones no son vinculantes y tampoco pueden intervenir en las decisiones del país, sino que es el pueblo hondureño el que debe actuar.
En el marco de las elecciones pasadas, tras evidenciarse el fraude electoral que reeligió a Juan Orlando Hernández, el pueblo hondureño salió a las calles en una serie de protestas sociales como tomas de carreteras, quema de llantas, movilizaciones, y con ello vino toques de queda, represión polcial-militar, y con ello asesinatos, encarcelamientos, persecución y se reporta la desaparición forzada del joven Enmanuel de Jesús Bautista Salvador el 03 de diciembre del 2017.
La coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, hizo un llamado al pueblo hondureño para que se unifique en un objetivo común, denunciar las atrocidades en el marco de la dictadura, condenar la situación de los presos políticos y pedir a las delegaciones internacionales que vengan a observar lo que está sucediendo en los centros penales.
“Tenemos que desafiar el sistema, evidencia, demostrar lo que está sucediendo, nos toca a los familiares de las víctimas y los familiares de desaparición forzada, que el hecho existe y hay un estado de terror, si estas acciones desde el Estado se ignoran, entonces simplifican”, Bertha Oliva.
En cuanto a las misiones de observación, agregó que, si les interesa el tema de democracia, deberían de poner lo que sucede en el marco de las elecciones. “Son técnicos que vienen a devengar jugosos salarios y no están comprometidos con el tema de la democracia, debería haber”.
La MOE-EU debió haber puesto en el informe presentadnos este 05 de marzo, que en marco de la convocatoria a las elecciones se dieron graves violaciones como la desaparición forzada, que es un grave delito de lesa humanidad, por lo que no son elecciones democráticas ni transparentes, afirmó Oliva.
La Misión de la UE, explicó que este informe contenía las mismas recomendaciones emitidas días después de las elecciones, pero traía información ampliada, así mismo que eran algunas de las hechas en el año 2013 cuando fue electo Hernández.
Marías expresó no se refirió a un fraude electoral, pero si que, del cotejo de actas no vio ninguna diferencia.
Las 15 recomendaciones en materia electoral.
1.- Censo electoral — Proceder a una actualización del Registro Nacional de las Personas para mejorar la fiabilidad del censo electoral.
2.- Traslados domiciliarios — Establecer la obligación de aportar pruebas que acrediten que los cambios de domicilio solicitados por los ciudadanos son reales para que puedan ser reflejados en el censo electoral.
3.- Competencias de los Tribunales Electorales Departamentales y Municipales — Eliminar las competencias de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y de los Tribunales Electorales Municipales (TEM) en materia de consolidación de resultados electorales por estar caídas en desuso.
4.- Derecho a un recurso efectivo ante el TSE — Colmatar las lagunas de la ley Electoral en la regulación de los plazos de los que dispone el Tribunal Supremo Electoral para resolver impugnaciones en algunos ámbitos electorales, de manera que se evite la aplicación subsidiaria de los plazos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.
5.- Derecho a un recurso efectivo ante la Corte Suprema en materia electoral — Agilizar la resolución de los recursos de amparo en materia electoral. 6.- Fiscalización de la financiación de las campañas electorales — Extender a los partidos políticos los techos de gastos y exigencias de transparencia de ingresos relacionados con la campaña electoral.
7.- Refuerzo de las capacidades de la Unidad de Política Limpia — Dotar a la Unidad de Política limpia de un presupuesto suficiente e independiente para poder desarrollar sus numerosas tareas con autonomía y eficacia.
8.- Neutralidad en los medios de comunicación públicos — Propiciar la adopción, a través de reformas legislativas y buenas prácticas profesionales, de mecanismos que garanticen la equidad, en tiempo de cobertura y tono, entre los diferentes candidatos y partidos políticos en informativos de los medios públicos durante la campaña electoral.
9.- Propaganda pagada en medios privados — Establecer techos específicos para gastos en este tipo de propaganda pagada, o limitaciones razonables del tiempo máximo diario por partido.
10.- Independencia de los medios privados — Eliminación del mecanismo que permite a los medios de comunicación privados el pago de deudas mediante la emisión, fuera del periodo de campaña, de propaganda institucional del gobierno en las condiciones que establezca el Presidente de la República.
11.- Condiciones de ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas
- a) Revisión del articulo 335 B del Código Penal, que penaliza la apología del terrorismo en los medios de comunicación, de manera que su aplicación quede únicamente limitada a casos muy explícitos y particularmente graves, dejando siempre a salvo la libertad de expresión e información de los periodistas.
- b) Eliminar las penas privativas de libertad en los delitos de calumnia, injuria y difamación.
- c) Incrementar los medios y capacidades de investigación del Ministerio Publico y de la Fiscalía General en los casos de asesinatos de periodistas.
- d) Reforzar las medidas de protección a periodistas amenazados por parte del Sistema nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
12.- Independencia del ente regulador de los medios audiovisuales — En aras de una mayor independencia y neutralidad en el desempeño de sus funciones, sería recomendable que la nominación de los magistrados del CONATEL no recayera exclusivamente en manos del Presidente de la Republica. La participación del Congreso Nacional, como poder constitucional de representación pluralista, en el nombramiento de los magistrados reforzaría indudablemente su independencia.
13.- Paridad y políticas de género — Adopción de una nueva regulación que garantice, sin excepciones, la alternancia efectiva entre candidatos y candidatas al Congreso en las planillas electorales.
14.- Supervisión de políticas de género de los partidos políticos — Supervisión efectiva por parte del Tribunal Supremo Electoral del cumplimiento las obligaciones de los partidos políticos en materia de igualdad de género (formulación y aplicación de una política de género en su ámbito interno).
15.- Participación política de personas trans — Considerar la legalización del cambio del nombre y del sexo en el Registro Nacional de las Personas (RNP) de las personas trans, de modo que la Tarjeta de Identidad (y, en consecuencia, el censo electoral) refleje la nueva identidad sexual adoptada por estos ciudadanos, facilitando así el ejercicio de su derecho al sufragio activo. Por último, la jefa de Misión precisó que la recomendación de 2013 sobre la despolitización del Tribunal Supremo Electoral y de las Mesas Electorales Receptoras no se incluye en este informe. En el contexto actual de multipartidismo, la participación de las diferentes formaciones políticas en los diversos niveles de la administración electoral aporta transparencia. En este sentido, la Misión reitera que, dado el clima de polarización política que vive el país, el diálogo político es más importante que nunca y que cualquier reforma de calado debería basarse en amplios consensos.
