Tegucigalpa.
Hostigamiento, seguimiento, amenazas, sobresaltos y persecución penal es el diario vivir de los campesinos indígenas del departamento de La Paz, quienes llevan años luchando por la defensa y recuperación de la tierra y sus territorios.
El sector campesino de La Paz tiene cerca de 40 años de estar en el proceso de la recuperación de tierra, agrupados en centenares de familias que desarrollan proyectos productivos para el sostenimiento de sus familias.
La lucha por recuperar un pedazo de tierra para cultivarla o defender sus territorios por la incursión de construir represas o explotar mineras, ha llevado consigo que muchos líderes campesinos e indígenas de este departamento sean objetos de amenazas y persecuciones penales con el fin de frenarlos en su lucha.
Actualmente en el departamento de La Paz unas 50 familias miembros de luchas de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) que están en recuperación de la tierra, ya son personas que están con órdenes de captura acusadas por el delito de usurpación, y unos 700 campesinos y campesinas están con medidas sustitutivas acusadas por el mismo delito de usurpación de tierra.
Así lo señalan los datos estadísticos que maneja la regional de la CNTC de La Paz que también establecen que dos campesinos guardan prisión por la lucha de recuperación de tierra; uno privado de libertad en el Centro Penal ubicado en ese departamento y otro recluido en la Granja Penal de Comayagua, departamento del mismo nombre, zona central del país.
Sebastián Reyes Bardarles, Secretario General de la CTNC en el departamento de La Paz informó que con el apoyo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) se ha podido liberar a varios campesinos que estaban privados de liberad.
Reyes Bardales agregó a defensoresenlinea.com que “en este 2018 han aparecido un montón de órdenes de captura y gracias a Dios tenemos el apoyo de Cofadeh y para nosotros es injusto que por estar recuperando una parcelita de tierra nos anden persiguiendo de esa forma”.
También denunció que el Congreso Nacional aprobó un decreto contra el campesinado hondureño, donde se establece que todo campesino que este en una recuperación de tierra va ser capturado e inmediatamente enviado al presidio.
“Al final muchos de nosotros somos temerosos de la ley y más con este decreto que fue publicado en La Gaceta nos preocupa mucho; aquí en el departamento de La Paz estamos organizados y vamos a pelear esta lucha porque es una lucha justa la que tenemos, la Constitución nos apoya y los convenio internacionales”, indicó el Secretario General de la CTNC en el departamento de La Paz.
Asimismo agregó que aunque “el gobierno esté sacando leyes contra nosotros, pero nosotros tenemos que tener la unidad para pelear una lucha justa que nos permita tener una parcelita para el sostenimiento de nuestras familias”.
Por su parte Nulman Maradiaga Cruz, fiscal sectorial de la CNTC en el departamento de La Paz señaló que están teniendo una represión bastante drástica por parte de las autoridades policiales y de justicia.
En estos momentos se ha dictado ocho órdenes de captura contra líderes de la base campesina 8 de febrero asentada en la aldea Lepaguare jurisdicción del municipio de San Pedro de Tutule, quienes desde hace varios años han hecho una recuperación de tierra, la cual desde entonces la están trabajando para el mantenimiento de sus familias.
Narró que en días atrás la policía asignada en Tutule llegaron a la Casa der Yessenia Padilla sin ninguna orden de allanamiento ni de captura, con el objetivo de llevársela detenida.
“La verdad que ellos (los policías) no nos dejan tener una vida en paz solo porque nosotros estamos en recuperación de tierra”, manifestó Nulman Maradiaga.
En la base campesina 8 de febrero no se ha realizado ningún desalojo, tal como ha ocurrido en otros asentamientos campesinos, pero las familias que están recuperando esa parcela de tierra tienen órdenes de captura por el delito de usurpación en perjuicio de Rosario Dominga Reynoso, quien alega ser propietaria de ese predio.
Yessenia Padilla, una de las tres mujeres de la base campesina de la 8 de febrero que tienen orden de captura, señaló a defensoresenlinea.com que el 22 de febrero llegó la policía a su casa de habitación con el fin de llevarse la detenida y que ellas se enfrentó al exigirle que le enseñaran la orden de allanamiento y captura, y porque no la andaban por eso se fueron.
“Solo por recuperar tierra nos anda persiguiendo la policía a nosotros. No nos están dejando trabajar la tierra, porque ahí trabajamos para sobrevivir nosotros”, enfatizó Padilla.
