Tegucigalpa.
Por Riccy Ponce
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) denunció que la norma aprobada por el Poder legislativo que afecta las competencias constitucionales de investigación en casos de corrupción, no es la misma que se publicó en La Gaceta con la que se aprobó en el Congreso Nacional.
Así lo reveló hoy en conferencia de prensa el vocero de la (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, quien dijo que «esto no es un error, no es una errata, es un delito, este es un acto de impunidad al buscar cortar juicios y coartar la independencia del poder judicial».
Reitero que «lo que ocurrió no fue una falla semántica, fue un delito” y señaló que “en política no hay errores involuntarios”.
Asimismo señaló que “en este caso se ha pretendido atentar contra la división de poderes en el país y se ha pretendido cortar una investigación” y que “la misión está identificando el delito contra la forma de Gobierno”.
Juan Jiménez Mayor confirmó que investigación del caso “Pacto de Impunidad” irá contra la comisión de presupuesto del Congreso, Secretario de Finanzas, secretarios de cámara y diputados como Antonio Rivera Callejas.
El Artículo 131 de la Ley de Presupuesto que se refiere a la liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales publicada en el diario oficial La Gaceta se lee que “En aplicación del Artículo 123 de la presente Ley, y leyes relacionadas, se ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizar Auditoría e Investigación Especial de todos los fondos públicos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por los servidores públicos, diputados al Congreso Nacional, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), Organizaciones Privadas de Desarrollo( OPD’s), Fundaciones y en general todas aquellas personas o jurídicas que a cualquier que sea su origen, comprendidos en los periodos de gobierno 2006-2010 2010-2014 2014-2018”.
Mientras que el que se discutió y aprobó en el Congreso dice que “En aplicación del Artículo 123 de la presente Ley se ordena al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizar una Auditoría e Investigación Especial para todos los fondos públicos gestionados y percibidos por los diputados del Congreso Nacional en los periodos de gobierno 2006-2010 2010-2014 2014-2018”.
