Por Congresista Jan Schakowsky de Chicago publicado en el NYT
La reelección presidencial está prohibida por la Constitución hondureña. De hecho, el documento llega incluso a exigir la terminación inmediata de un presidente que se atreve a abogar por un cambio en la prohibición. Hace apenas ocho años, el ex presidente Manuel Zelaya fue expulsado después de planear celebrar un referéndum no vinculante sobre si cambiar ese artículo de la Constitución. Pero eso no impide al presidente Juan Orlando Hernández intentarlo.
La campaña de reelección del Sr. Hernández comenzó hace años, incluso antes de que fuera presidente, cuando él y sus acólitos apilaron a la Corte Suprema de Honduras con partidarios, con el objetivo final de mantenerse en el poder más allá de un período.
En 2015, la Corte Suprema respaldó el esfuerzo del Sr. Hernández, al dictaminar que los límites a los períodos violan el derecho de un individuo a postularse para un cargo. Ahora el Sr. Hernández está usando ese fallo para justificar su campaña de reelección. Los hondureños van a las urnas el 26 de noviembre.
Mientras se desempeñaba como presidente del Congreso hondureño en 2012, Hernández encabezó el esfuerzo por despedir ilegalmente a cuatro miembros de la Corte Suprema en medio de la noche. Al día siguiente, fueron reemplazados por los leales de Hernández, que más tarde emitieron el fallo que ahora se utiliza para legitimar su carrera.
El pueblo de Honduras protestó por la decisión del Tribunal Supremo en vano. Grandes grupos de la sociedad civil han pedido a la autoridad electoral que anule la candidatura del presidente, citando la violación constitucional. Sus solicitudes también han sido ignoradas por los funcionarios leales al presidente.
Frente a las protestas, el gobierno del Sr. Hernández ha estado fortaleciendo su dominio ya firme sobre la sociedad. Observadores internacionales y defensores de los derechos humanos han sido amenazados y expulsados del país. Las manifestaciones estudiantiles han sido violentamente divididas por la policía. El gobierno ha aprobado leyes que podrían restringir el derecho a protestar.
A pesar de eso, se está construyendo una poderosa oposición. La oposición se basa en movimientos sociales de base y en dos nuevos partidos políticos fundados en 2012, el partido de centro izquierda Libre (Libertad y Refundación) y el partido anticorrupción de derecha conocido como PAC (Partido Anticorrupción). Esos dos partidos se unieron para la elección, formando la Alianza de oposición bajo la candidatura de Salvador Nasralla del PAC.
Es posible que el Sr. Nasralla gane unas elecciones libres y justas, ya que hay mucha oposición a la reelección del Sr. Hernández: casi dos tercios de los hondureños se oponen a la reelección. Pero el Sr. Hernández y sus aliados controlan el proceso de escrutinio de votos, la comisión de supervisión electoral, el ejército, que según la ley hondureña mueve las papeletas, y todos los procesos de apelación. Dado su total control sobre el proceso electoral, no podemos esperar que él y sus manipuladores corruptos permitan una elección libre y justa para decidir su destino.
El gobierno hondureño bajo el Sr. Hernández no es nuevo en el negocio de silenciar a los disidentes. En octubre, el Grupo Consultivo Internacional de Expertos, o Gaipe por sus iniciales en español, publicó un informe detallado sobre la muerte de una amiga mía de Honduras, Berta Cáceres. Fue asesinada por sus esfuerzos como activista ambiental y de derechos indígenas. El informe de Gaipe describe cómo el gobierno ha sido deliberadamente lento para llevar a los autores intelectuales detrás de su asesinato a la justicia. Son hombres y mujeres poderosos y bien conectados que viven por encima de la ley bajo el gobierno de Hernández. El caso de la Sra. Cáceres es emblemático de la impunidad y la represión que existen hoy en Honduras, pero es solo una de muchas.
Con la violencia, la corrupción y la represión de la sociedad civil como telón de fondo, el pueblo hondureño se dirigirá a las urnas. Se les entregará una boleta que ilegalmente incluye al Sr. Hernández como candidato, y es probable que enfrenten coerción, intimidación y sobornos para influir en su voto a favor del presidente en funciones.
Aún así, el pueblo hondureño sigue comprometido. Se están librando campañas políticas vibrantes. Muchos valientes votantes se dirigirán a las urnas y harán todo lo que esté en su mano para hacer que se escuchen sus voces. Los aplaudo y admiro.
La comunidad internacional les debe a estos ciudadanos ser prudentes, escépticos y estar bien informados cuando lleguen los resultados de las elecciones. Durante demasiado tiempo, los Estados Unidos han sido rápidos en apoyar ciegamente al Sr. Hernández, viéndolo como un socio útil. Él confía en el apoyo internacional, y cualquier indicación de los Estados Unidos y nuestros aliados de que podríamos revocar nuestro apoyo podría contribuir en gran medida a hacer que reconsidere su próximo movimiento.
A la vista de la comunidad internacional y en flagrante desafío a los documentos fundacionales de su propio gobierno, Hernández se acerca cada vez más al gobierno autoritario y a la dictadura total. Si logra volver a elegir a sí mismo, Estados Unidos debería dejar en claro que vemos su poder agarrar por lo que es. Debemos retirar nuestro apoyo incondicional, retirar los millones de dólares que enviamos a Honduras en ayuda de seguridad cada año y dejar en claro que no toleramos el comportamiento autocrático de nuestros aliados.
Jan Schakowsky es un representante en el Congreso de los Estados Unidos para el Noveno Distrito de Illinois.
Una versión de este artículo aparece impresa el 23 de noviembre de 2017, en la página A12 de la edición nacional con el titular: El candidato hondureño.
