Gracias, Lempira.
Por Riccy Ponce
“Donde queda la justicia en este país”, se pregunta Máximo Ramos vecino del municipio de Gualcinse, Lempira, quien fue víctima de detención ilegal y tortura por parte de la policía Preventiva y de la Policía Militar del Orden Público el 27 de agosto del año 2016, cuando fue sacado de su residencia a empujones mientras departía con un amigo.
Ramos, para salvaguardar su vida, porque está temeroso a represalias que puedan tomar los uniformados en su contra, ha tenido que esconderse en las montañas “como que fuera un criminal”.
Cuando sucedieron los hechos, Ramos acudió a la fiscalía del Ministerio Público de Gracias, Lempira, a interponer la denuncia, pero ahí se negaron a tomársela por lo que tuvo que acudir al Comité de Familiares de Detenido Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) para que lo acompañara a denunciar el hecho en el Ministerio Público de Tegucigalpa.
Ante la acción realizada por el Cofadeh, los policías fueron llevados a juicio donde se logró sentencia por el delito de vejámenes en contra de seis policías preventivos y dos militares.
La coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, expresó que en Gracias se acompañó a Ramos donde acusaron a los policías que lo detuvieron y lo torturaron hasta llegar al juicio, donde fueron sentenciados por vejámenes.
“Esa victoria y ese hit de haber logrado sentencia contra los policías en Gracias, se la acredita el Ministerio Público, pero no dice la verdad. El señor afectado, tuvo que venir a Tegucigalpa para colocar la denuncia en nuestras oficinas para que desde el área legal se le acompañara ante el Ministerio Público de Tegucigalpa porque en Gracias, Lempira no quisieron recepcionar su denuncia”, expresó la defensora de los derechos humanos.
Asimismo enfatizó que así fue que don Máximo fue a presentar la denuncia contra los policías y militares que lo habían agredido y COFADEH desde el área legal lo acompañaron al Ministerio Público para presentar la denuncia y acompañándolo en todo el proceso de juicio.
Máximo Ramos después de conocer la resolución del Tribunal de Sentencia de Gracias, sostuvo que “prácticamente están libres y ellos se queda como riendo y es posible que vuelvan a la institución, como se poner a creer que debemos de tener policías y militares de ese tipo en las calles, estamos expuestos y aquí no tenemos quien nos respalde”.
Agregó que “e l Ministerio Público de Gracias no hizo absolutamente nada, nada más cuando me mandaron a poner la denuncia a la DPI y lo que hicieron fue la evaluación médica que creo que eso no fue tomada en cuenta”.
Asimismo confesó que vive con miedo y teme por la vida de él y por la de su familia, “ellos caminan por las calles de Gracias, imagínese si usted supiera donde estoy, tendremos que recurrir a las instancias internacionales”.
Sostuvo don Máximo que su esposa está un poco preocupada también, nosotros corremos un grave peligro mas bien.
El juicio contra los militares y policías fue llevado a cabo en Gracias, donde el Tribunal de Sentencia condenó a señor Alfonso Sánchez López, quien era el jefe de la operación donde se produjo la detención por los delitos de allanamiento de morada, faltas a los deberes de los funcionarios y vejámenes, expresó Karol Cárdenas, apoderada legal de Cofadeh y representante de Máximo Ramos.
Y contra los señores Lázaro Portillo Benítez, Naun Moisés Nolasco Ventura, Salatiel Rodríguez Amaya, Olman Olvani Raudales Aguijo, Denis Omar Martínez y Fredi Silvino Amaya Ramos, por los delitos de vejámenes y allanamiento de morada.
La abogada Cárdena agregó “nosotros como Cofadeh solicitamos la pena máxima debido a la cantidad de circunstancias agravantes que habían incurridos los imputados y el Ministerio Público solo consideró que habían dos circunstancias agravantes y pidió la pena mínima y la multa de 50 mil lempiras en referencia al caso de vejámenes. Nosotros solicitamos una multa de 100 mil lempiras”.
La pena ya está y se está a la espera para conocer cuál será la pena concreta que le aplicará el Tribunal de Sentencia, la que sabrá en los próximos días.
Cárdenas cerró diciendo “si se presentara un recurso de casación por parte de la defensa en un caso que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia lo declare con lugar, pues hasta ahí se agota el procedimiento interno”.
La pena de los delitos se establece de la siguiente manera, según el Código Penal hondureño:
Allanamiento de morada: 2 a 5 años de reclusión.
Falta a los Deberes de los Funcionarios: 3 a 6 años
Vejámenes: 3 a 5 años
Tribunal de sentencias de la ciudad de Gracias estuvo conformado por los jueces Fátima Maribel Pineda, que era la juez presidenta; José Otilio Vázquez, juez ponente; Waldo Tejada Marlon y Víctor Yovani Velázquez.
