No es fácil acceder a la justicia en La Paz

Por: Sandra Rodríguez

Marcala, La Paz.- El departamento de La Paz, al centro occidente de Honduras, es una región que se encuentra en una guerra de criminalización, estigma y persecución contra los y las defensoras de derechos humanos, específicamente defensores del territorio.

Para atender parte de las denuncias y dar acompañamiento a víctimas de violaciones a sus derechos, especialmente de parte de agentes policiales y judiciales en el departamento cuya población es en un 90 por ciento del pueblo originario Lenca.

Entre el 19 y 20 de octubre, procuradoras del derecho humano del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), iniciaron una serie de talleres, con el tema de derechos humanos, su clasificación y reconocimiento de algunos que se violentan con más frecuencia.

El grupo consideró que el tema de defensa de derechos humanos para el pueblo indígena es difícil de abordar, por lo que se debe crear conciencia para saber que van a encontrar obstáculos en el sistema de justicia, y no sólo dejarse llevar por la información mediática.

Es por ello, que parte de los ejercicios en el taller, fue identificar en los diarios impresos, noticias relacionadas a violaciones a los derechos humanos, pese a que la información es en vía a la criminalización de la protesta social, el grupo valoró la labor de defensoría en la educación superior pública y defensa del territorio y los bienes comunes, donde la prensa estigmatiza a los y las defensoras.

Don Valentín Martínez, presidente cinco consejos indígenas del municipio Cabañas, y miembro del Movimiento Indígena Independiente de La Paz- Honduras (MILPAH), denunció que el director municipal de educación Adalberto Melgar no colabora en que los niños y niñas accedan al sistema educativo en sus aldeas Tierra Colorada, Planes y Agua Zarca, sino que se construyó un mega centro educativo, pero este les queda a unos cinco kilómetros de distancia, lo que genera inseguridad a los y las menores.

Sin embargo y el director departamental Didier Chávez, dijo que los maestros se quedaran en los centros de las comunidades, esto se logró a raíz de la lucha de los padres y madres de familia y organizaciones afines como el COFADEH, que los ha acompañado en las reuniones de socialización.

Pese a que se amparan en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, y la Constitución de la República, la defensa al derecho a la Educación y la consulta previa, se les niega, afirmó el líder comunitario.

En cuanto a la problemática local, los desalojos violentos están a la orden del día, Inocencio Galeas, ha sido víctima directa al ser parte de la empresa campesina 09 de julio, en Las Huertas, Tutule. Al momento del desarrollo del segundo día de taller, la policía ejecutó un desalojo violento, en que el grupo activó alertas y brindó acompañamiento posterior.

Los niños y las niñas están atemorizados por causa de los desalojos violentos, porque los agentes llegan y atacan. No hay justicia, nosotros solo somos campesinos que luchamos por el desarrollo de nuestro municipio y el bienestar de nuestra familia. El campesino lamentó que las leyes en este país no se aplican a favor de ellos. Por lo que esta formación nos ayudará en la defensa de nuestros derechos y no perecer por falta de conocimientos. Galeas tiene dos compañeros presos acusados de usura opción en una audiencia inicial que se convirtió en audiencia de revisión de medidas.

Por su parte Karem David, defensora de ddhh de La Paz, afirmó que los aportes recibidos al inicio de esta formación de la Red de defensores y defensoras Indígenas Lencas para accesar a la justicia en el departamento de La Paz, les va dando nuevas formas de ver la defensoría.

Afirmó que en esa región el medio de comunicación invisibiliza las violaciones a los derechos humanos, el abuso de autoridad municipal y policial; el abuso sexual contra menores, especialmente niñas acosadas e incesto. El ambiente no se salva de los depredadores, al menos 167 denuncias de este tipo se han registrado en los últimos meses.

Los y las beneficiarias provienen de diez municipios de este departamento y son: Cane, Tutule, Chinacla, San José, Santa María, Marcala, Cabañas, Santiago de Puringla, Yarula y Santa Elena, región en la que el 90 por ciento de su población es de origen indígena Lenca.

Además de MILPAH, hay representantes de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC); Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras (ONILH); Pastoral Indígena Diocesana; Red de mujeres defensoras de La Paz y Comilpaz.

Los y las defensoras estarán un año en formación de manera que puedan aplicar los conocimientos con apoyo legal, para defender derechos humanos. En el caso de acceso a la tierra, según registros de la CNTC, hay unos 700 criminalizados en el departamento. A nivel nacional más de 5 mil 200 personas enfrentan la justicia o deben huir, por temor a ser encarcelados, de ellas.

Si bien hay mucha tierra despoblada, también hay unas 49 bases campesinas en procesos de recuperación, y el fantasma del desalojo es constante. Honduras tienen 300 mil familias de vocación campesina sin acceso a la tierra, violentando con ello el derecho a la alimentación, a la vivienda y otros, sobre todo si no se aplica el protocolo para ejecutar los desalojos, como sucedió el pasado 20 de octubre en Lepaguare, Tutule, que dejó 13 familias a la intemperie y una persona herida de bala.