Por: Sandra Rodríguez
A eso de las 11:30 de la mañana, la policía dio captura a seis defensores del ambientalista y un menor de 14 años, que se manifestaban en defensa de su territorio en el municipio de La Villa de San Francisco, al oriente del departamento de Francisco Morazán.
Ellos son Julio Zúniga, Rodolfo Quezada, Cristian Hernández, Mario González, Juan Camilo Palma, Jorge Aguilar presidente del presidente del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO), y el menor de edad Maicol Aguilar (14).
En comunicación con Aguilar, denunció que son trasladados en vehículo Toyota, color gris, doble cabina con placa P DL 3673.
Además, que son custodiados por policías y agentes investigación, desconociendo cuál sería su destino, porque atravesaron Tegucigalpa y se cree que los llevan al municipio de Talanga.
La captura se dio a las 11:30 a.m. durante una fuerte criminalización a la protesta social.
El Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y Otros (CAPIRHO), surgió por la necesidad de proteger los recursos en el municipio a partir del 03 de marzo del 2016. Y en abril de ese año planteó la problemática de la instalación de cables de alta tensión que pretenden pasar sobre el poblado, promovido por la empresa Azucarera Tres Valles, con el proyecto generación de energía a través de biomasa y conexión a la red de distribución de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ha denunciado el Comité.
La oposición del proyecto es porque los encargados nunca presentaron los documentos del proyecto, lo que ha provocado que los ambientalistas y vecinos sean perseguidos, acechados, amenazados, criminalizados, burlados, atacados y requeridos fiscalmente por la empresa de energía.
En junio se requirió judicialmente a diez personas por el delito de usurpación, pero fueron sobreseídos en los juzgados del municipio de Talanga, a 55 kilómetros al noreste de Tegucigalpa. Allí se les dio sobreseimiento definitivo.
El primer paro que se hizo en el bulevar municipal fue el 20 de septiembre del 2016, y se continuaron hasta hoy. La policía ha acechado al pueblo sobre todo en horas de la madrugada, y las amenazas de desalojo hoy efectivas, en la mañana.
El Comité ambientalista ha buscado reuniones con el gerente de la ENEE Jesús Mejía Arita y el alcalde Óscar Salgado, pero lamenta que no han tenido resultados positivos.
Se habló que pasaría el cable por una ruta alterna, pero que seguirían teniendo un mal servicio de energía eléctrico.
