Tegucigalpa.
Para exponer la situación que viven las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual y trans (LGBTI), dirigencia de este sector se reunió este lunes con una misión de la comunidad Vasca de derechos humanos que tienen una semana de estar en el país, reuniéndose con varios sectores de la sociedad hondureña y autoridades gubernamentales.
En la reunión, realizada en la sede del Cofadeh, se dio cuenta de la situación de derechos humanos que viven las personas LGBTI en el país, donde se denunció que solo en lo que va del mes de julio cuatro chicas lésbicas fueron asesinadas por su orientación sexual y de esos crímenes no ha habido respuestas de las autoridades de investigación.
La mujer trans es la que vive más discriminación, tanto físico, psicológico como laboral. Son violadas y son amenazadas que si hacen la denuncian la pasaran peor. Además lamentaron que muchas de estas violaciones se da con el consentimiento familiar.
También hicieron conocimiento a la misión Vasca que cada día aumenta la criminalización y los crímenes contra la comunidad LGTBI y que todos los casos están en la impunidad. Es decir, estos crímenes, no dan lugar a ninguna investigación o son objeto de investigaciones viciadas, guiadas por estereotipos y prejuicios.
Además denunciaron que hay varias personas de esta comunidad desaparecidas, de las cuales las autoridades no dan una respuesta clara de las denuncias interpuestas por su desaparecimiento.
Indicaron que es falso que estos crímenes sean pasionales e identificaron que quienes más abusan de ellos son los agentes de seguridad, como es la policía y los militares, por lo es cuando interponen la desuncías en las postas policiales u otro ente justicia.
Cuando son víctimas y acuden a las autoridades policiales a denunciar los hechos, estas no son tomadas y más bien son objetos de burlas de quienes se encuentran en las postas policiales.
Reconocieron que como comunidad LGTBI es difícil sobrevivir en Honduras porque todas las puertas de oportunidades se les cierran, pero sostienen que no abandonaran su país y que seguirán luchando por los derechos que les corresponden.
“En Honduras se sobre vive con miedo, ya que la inseguridad es incontrolable en el país y es una pena que las autoridades del gobierno acudan internacionalmente a decir que la situación en país ha cambiado, que los índices de muerte han bajado, cuando es mentira”, expresaron los líderes de la comunidad LGTBI y a la misión Vasca.
Informaron que en el mes de junio hubo en el país 32 mujeres asesinadas y que de esos crímenes no se sabe nada del móvil y de los hechores y eso es preocupante porque están quedando en la impunidad las muertes violentas de las mujeres.
Además señalaron que en las últimas dos semanas de lo que va de julio, ya se registran no menos de 16 mujeres asesinadas en circunstancias aún no establecidas por las autoridades de investigación.
Indicaron que desde el Golpe de estado de 2009 para acá, los crímenes de odio han aumentado contra la comunidad LGTBI. En Honduras más de 298 miembros de la diversidad sexual fueron asesinados en los últimos nueve años.
De acuerdos a informes publicados a nivel de organizaciones nacionales e internacionales, de los homicidios registrados en Honduras contra la comunidad LGTBI, solamente un mínimo porcentaje (42) han sido judicializados, pero no resueltos satisfactoriamente.
Las distintas asociaciones de la comunidad LGTBI reclaman mayor protección por parte del Estado por ser un sector vulnerable ante el resto de la sociedad debido a la discriminación de género que sufren.
Para investigar los crímenes contra esta comunidad, se creó la Fuerza de Tarea de Investigación de Delitos contra la Vida, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), pero las personas de enlace se hacen oídos sordos ante las llamadas de emergencia que reciben por parte de la comunidad LGTBI para denunciar algunos hechos de los que son víctimas criminales.
En la reunión los asistentes pusieron de conocimiento a la misión Vasca que la comunidad LGTBI ha venido denunciando este tipo de situaciones de vulnerabilidad que tienen a nivel de Estado, pero que no han encontrado respuestas efectivas a sus solicitudes.
