«Culpables»

Por: Sandra Rodríguez
El Tribunal de la Sala Cuarta de Juicios Orales y Públicos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encontró responsables por el delito de usurpación a los defensores de derechos humanos Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Sergio Ulloa, durante una toma en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el 2015.

El juicio oral y público se convocó para el 24 de mayo, pero se suspendió porque no había llegado el representante de la Procuraduría General de la República (PGR), quien actuaba como acusador al igual que el Ministerio Público (MP), y la UNAH.

Las declaraciones de parte de la acusación se dieron el 26 de mayo, y continuaron hoy, entre los testigos estuvo el jefe de seguridad de la UNAH, Roger Aguilar, ex militar y señalado por ser parte del escuadrón de la muerte 3-16 en la década de los ochenta. Además Neptaly Mejía del departamento legal de la UNAH y la agente de investigación Norma Garay, de la agencia de Investigación Criminal (ATIC).

Está última declaró haberse infiltrado entre los estudiantes que mantenían la toma, y haber recibido información sobre fichas y perfiles estudiantiles, para verificar quienes eran parte de la toma.

Durante la mañana, mientras pasaban privados y privadas de libertad, implicados supuestamente en el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), considerado el más grande de la historia del país, iban con sus manos enchachadas y custodiados por guardias penitenciarios, los tres defensores de derechos humanos y algunos compañeros, esperaban afuera del edificio de la CSJ que iniciara su audiencia.

Moisés Cáceres, Sergio Ulloa y Cesario Padilla, mantienen medidas sustitutivas a la prisión de ir a formar a los juzgados cada semana y no salir del país, situación que además ha causado desgaste y coartado oportunidades de formación en el extranjero.

Los ahora egresados de Sociología, Trabajo Social y Periodismo, respectivamente, declararon el pasado 26 de mayo, que durante la toma de la UNAH, ejercían la procuración de DDHH a través de la observación, pero esto más bien fue muy cuestionado por la terna de jueces, aduciendo que los jóvenes no andaban identificados como tales.

Hace un año, el 7 de junio del 2016, a estos tres líderes sociales junto a Dayanara Castillo, Izael Alonso y Armando Velásquez (criminalizado actualmente por estar en una manifestación solidaria el pasado 24 de mayo), en total seis estudiantes, se les libró por segunda ocasión, una orden de captura acusados otra vez por usurpación, cuándo no se comprobó la presencia de ninguno de ellos, y Castillo tenía ya un año de residir en Costa Rica.

Los jóvenes debieron estar separados de su familia, hasta que se suspendió la orden de captura, y se presentaron voluntariamente para luego ser sobreseídos, según un acuerdo de homologación firmado entre líderes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) y representantes de la UNAH, el 20 de julio.

El proceso actual tenía que entrar en dicho acuerdo, pero ni siquiera se hizo mención del documento. Y los empleados de la UNAH, bajo el mando de la rectora Julieta Castellanos, continuaron dando declaraciones sobre la supuesta participación de los tres criminalizados en la toma del 13 al 19 de julio del 2015.

Reacciones

“La UNAH debería ser la luz en medio de la obscuridad de esta sociedad, pero es la institución más violatoria a los derechos humanos” Moisés Cáceres, egresado de Sociología.

Cáceres no esperaba ser declarado culpable, sin embargo considera que la lucha debe continuar desde las bases estudiantiles, con formación política y estratégicas.

No se nos ha podido probar el delito de usurpación, hay una confusión con detención, pero el veredicto ya se veía venir, pues es una lucha política contra la población estudiantil que defiende sus derechos, consideró Sergio Ulloa, quien está en su práctica final de la carrera de Trabajo Social, en el departamento de Santa Bárbara, al occidente de Honduras.

Por lo que este proceso además de un coste económico, también retrasa sus horas de labor social.

Triunfó un Ministerio Público corrupto, se le dio más valor a un testimonio de una agente infiltrada de la ATIC y no a quienes ejercen la labor de defensores de ddhh, declaró Cesario Padilla, egresado de periodismo.

En este mismo edificio, se lleva a cabo audiencia contra supuestos responsables del saqueo del IHSS y van a salir sonriendo, pero a los defensores de derechos humanos se les criminaliza y no se les considera sus palabras.

El Tribunal de Sentencia después de un palabreo exponiendo si los estudiantes criminalizados andaban o no carné o chalecos distintivos de DDHH, si están construidos o no como comité pro defensa de DDHH, sí llegaron a la conclusión que sí habían estado en la UNAH, por lo tanto, los declararon responsables y no dijeron “culpables” cómo es costumbre.
La individualización de la pena que está entre 3 y 5 años de prisión, será hasta el 25 de julio, quedando la instancia de casación.

Actualmente hay otro proceso contra 19 estudiantes y un periodista, capturados la noche del 24 de mayo, en la UNAH, exigiendo la libertad de los tres ya egresados. Parte de la estigmatización son supuestas declaraciones de la rectora Julieta Castellanos, con respecto a la apariencia física de los y las estudiantes que luchan por sus derechos estudiantiles incluyentes.

La criminalización a la protesta social está tipificada cómo delito en las reformas al Código Penal, y los que así los condenen pueden recibir hasta 12 años de prisión.

En horas de la tarde noche, después de conocer el veredicto, un grupo de estudiantes se manifestó afuera de la UNAH, exigiendo justicia para sus compañeros.