Tegucigalpa.
Expertos nacionales e internacionales coincidieron este jueves que se debe sacar del Código Penal hondureño los delitos de calumnias e injurias, porque este tipo de respuestas penales son incompatibles de acuerdo a los estándares o principios básicos de cualquier democracia en un estado de derecho.
La Coalición Contra la Impunidad y la Articulación 611 realizaron en un hotel capitalino el foro denominado “Debate desde Sociedad Civil sobre la aprobación del nuevo Código Penal”, el que es discutido en el congreso Nacional y se estima que finales de este año esté aprobado y publicado en el diario oficial la Gaceta.
El derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, se pueden cometer exceso, pero no debe ser penalizado sino resuelto por la vía civil, fueron una de las propuestas que se le hizo al congreso nacional por parte de la sociedad civil, pero la misma no fue tomada en cuenta.
Rocío Cobos, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Honduras, quien expuso sobre los estándares internacionales de libertad de expresión en el nuevo Código Penal hondureño, pidió que los delitos de calumnias e injurias sean sacados del Código Penal hondureño, porque son incompatibles en lo que se considera los estándares o principios básicos de cualquier democracia en un estado de derecho.
“Se considera el derecho a la libertad de expresión uno de los pilares más fundamentales en un estado democrático, porque sin esta no podríamos participar en la vida política, no tenemos la libertad de participar en eventos públicos y eso es lo que se pretende proteger por parte de todos”, sostuvo la representante de Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Honduras.
El derecho de cada persona es absoluto, que se le pueden poner limitaciones legítimas, no obstante debe cumplir un estricto control tanto de proporcionalidades como de necesidades, y especialmente cuando se trata de la limitación a través del Derecho Penal alcanza cuotas de límites para sus limitaciones tan altas, que no se podrías tener un acceso de interferencia inmediata el derecho de libertad de expresión, sostuvo Rocío Cobos.
La representante de Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Honduras hizo un llamado a los legisladores hondureños para que se proteja de especial manera todo el tema de la participación de las políticas públicas, de las políticas de instituciones porque los funcionarios, como establece el derecho internacional, ya aceptan, por su cargo, un mayor nivel de escrutinio, un mayor nivel de justificación.
Por su parte y Omar Menjívar de la Coalición contra la Impunidad, quien durante el foro expuso sobre la criminalización de la protesta social en el nuevo Código Penal hondureño, es del criterio que el derecho penal es una forma de violencia, solo que es legitimada y legalizada.
Señaló que este tipo de violencia la sociedad comprende que es válida, necesaria, porque a los particulares se nos ha rebatado el derecho de hacer justicia por nuestra propia mano.
“Esa potestad se la delegamos al estado, pero en tanto es violencia que va ejercer el Estado a través de la policía, cuando usa la fuerza, cuando es capaz de botar una puerta a una vivienda en un allanamiento e incluso cuando la policía usa el arma contra una persona y quitar una vida”, explicó el ex fiscal y ahora miembro de la Coalición contra la Impunidad.
Agregó Menjívar que cuando se la delegamos al Estado es comprensible y debemos entender que esa potestad de ejercer violencia debe ser ejercida dentro de unos límites, no es absoluta, no es cuando le dé la gana y como le dé la gana.
Según el artículo 1 de la Constitución Honduras es un estado social, democrático y derecho y cada uno de esos componentes le pone límite al ejercicio del derecho penal, sostuvo el abogado Omar Menjívar.
Asimismo explicó que cuando los funcionarios no están cumpliendo adecuadamente con la administración que la ciudadanía le ha delegado, al pueblo no le queda otra que el pataleo, la protesta, y esta es un fundamentalmente un derecho protegido porque es así que funciona la democracia, porque evita el desequilibrio y los abusos.
Añadió Menjívar que el neoliberalismo trata de convertir todo en mercancía, enriqueciendo a unos pocos y la miseria la colectiviza.
“En esas condiciones es necesario frenar el avance de la ciudadanía y un instrumento idóneo para eso es el Código Penal a través de la inclusión de los delitos que dicen que es delito protestar”, enfatizó Menjívar.
En el foro “Debate desde Sociedad Civil sobre la aprobación del nuevo Código Penal”, también actuaron como expositoras Regina Fonseca del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), quien habló sobre el aborto y Jessica Sánchez del Grupo de Sociedad Civil quien expuso sobre los femicidios.
