Tegucigalpa.
Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió sentencia contra el Estado de Honduras el 7 de junio de 2003, por la desaparición y asesinato del Juan Humberto Sánchez, la Fiscal especial de Derechos Humanos Soyara Morales, del Ministerio Público (MP), y Jacobo Santos asignado al caso, procedieron a la profanación de su tumba, en Colomoncagua, Intibucá, con la oposición de los familiares.
Luego de la amnistía número 87-91, decretada en el gobierno del presidente Rafael Callejas, el revolucionario Juan Humberto Sánchez que, durante la guerra civil en El Salvador, operaba la radio Venceremos para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, regresó a Honduras donde fue detenido ilegalmente por el Ejército el 10 de julio de 1992 en horas de la noche, fue liberado y vuelto a capturar. Su cuerpo fue encontrado el 22 de julio del mismo año en las riberas del Rio Negro (límites de Honduras y El Salvador), su cuerpo mostraba un disparo en la frente y señales de tortura.
En la sentencia emitida sobre este caso, la Co-IDH determinó que se entregara el cuerpo a sus familiares y que se investigarán los hechos, no que se exhumaran sus restos, y tampoco que su tumba fuera abierta, como sucedió este día, cuando ya su madre doña Dominga, su padre don Juan, junto a sus hermanos, creían que su pariente ya descansaba en paz en un lugar digno.
No se tomó en cuenta el diálogo sostenido en una mesa con la representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUDH), la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización que ha representado a las víctimas desde el primer momento en que se denunció la desaparición de Sánchez.
Doña Dominga Sánchez, en este momento se encuentra interna en una clínica, el dolor que ha causado la profanación de la tumba de su hijo, la hace sentir como si se lo hubieran matado nuevamente, es una herida que vuelven a abrir a la familia indígena lenca, porque desautorizaron al MP la pretensión de “investigar”, sin saber con qué propósito los restos de Juan Humberto.
La fiscal Soraya Morales había afirmado que contaba con la anuencia de la familia para proceder con la exhumación, pero esto fue desmentido el pasado martes en la Esperanza, Intibucá, en el último diálogo, dónde se acordó suspender temporalmente la exhumación programada para hoy 19 de mayo.
Previo al acto de soberbia, intolerancia y falta de humanidad que llevó a cabo hoy, el Estado tenía la responsabilidad de dar atención psico- social adecuada a la familia, quien, desde su cosmovisión indígena lenca, el reposo de los muertos es sagrado.
Por lo que Morales y Santos, fueron inhumanos, ni siquiera aplicaron los estándares internacionales de derechos humanos, demostrando que no les interesa las familias, que han sido víctimas de casos lesa humanidad, han irrespetado la figura del Alto Comisionado, siguiendo el mandato de una mesa pública y del departamento de Estado de los Estados Unidos.
