Trujillo, Colón.
Por Sandra Rodríguez
Con libertad condicional quedaron seis líderes campesinos acusados por usurpación de tierra en la Bajo Aguán, pese a que no han estado en procesos de recuperación de tierras, otros no habitan en la región y dos son beneficiarios de Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Juzgado de Letras de lo Seccional de Trujillo, departamento de Colón, en la costa norte de Honduras, determinó el lunes ocho de mayo, tras una presentación voluntaria que, Walter Ernesto Cárcamo, Carlos Omar Espinoza, Sulay Rodríguez, Nolvia Lizeth Berrios, Jaime Adalid Cabrera y Ángel Joel Guevara, deben ir a firmar cada 15 días el libro de registro de imputados, no salir del país, no conversar con los trabajadores de la empresa Agropalma y no recurrir a dichas propiedades.
Desde el 24 de marzo pasado, en el expediente 070-17, se libró orden de captura contra nueve personas acusadas de usurpación en perjuicio de la empresa Agropalma, pero Xiomara Alemán, Santos David Palma Salinas y Erick Antonio Rivera Flores, no se presentaron, pues tienen más de un año viviendo fuera de la zona, informó Yoni Rivas, Vocero de la Plataforma Agraria Regional del Aguán, a defensoresenlinea.com.
Según la dirigencia campesina, este requerimiento obedece a los caprichos de la empresa Agropalma, e informó que están criminalizando a miembros del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguan (MARCA), a Jaime Cabrera que es el coordinador de la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán y personas individuales. Además evidencia la carestía de argumento verídicos, pues requiere a personas que ya no viven en el Bajo Aguán, debido a la criminalización por haber sido procesados en el 2014 al exigir el derecho al acceso a la tierra.
Al exponer ante los tribunales a Jaime Cabrera y Walter Cárcamo, quienes gozan de Medidas Cautelares MC50-14, de la CIDH, desde el 8 de mayo del 2014, se refleja una clara persecución y criminalización por la defensa del derecho a la vida, afirmó la Plataforma Agraria del Aguán.
Se tiene prevista la audiencia inicial para el cinco de junio, por lo que se hace un llamado al Sistema Judicial a que actúe apegado a Ley, y no defendiendo a interés corporativos, expresó un comunicado.
Además, denunció que la Empresa Agropalma, es quien despojó a las familias campesinas de la cooperativa Trinidad del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) de sus tierras el 21 de mayo 2014, a través de la fuerza policial y militar. Y que las familias campesinas son las legítimas dueñas de las tierras que le fueron adjudicadas a través del proceso de reforma agraria.
Esa lucha por el acceso a la tierra en el Bajo Aguán ha dejado más de 125 muertos entre guardias de seguridad privada y campesinos, en los últimos siete años. La Plataforma Agraria afirmó que tal es el interés que se asesinó en septiembre del 2012 al apoderado legal de MARCA, Antonio Trejo Cabrera, hecho que continua en la impunidad, sorpresivamente 20 meses después fueron despojados de manera violenta las familias de sus tierras, resultando encarcelados 15 líderes y lideresas campesinas entre ellos beneficiarios de la MC50-14 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Cabe señalar que Trejo Cabrera, fue detenido con más de 25 campesinos y transeúntes, tras una manifestación pública en agosto del 2012, cuando exigían una reunión a personeros de la Corte Suprema de Justicia para que mediaran en la entrega de las tierras que legalmente habían ganado. Un mes después el abogado fue asesinado, y en febrero del 2014, su hermano José Trejo, quien exigía justicia por dicho crimen, también le arrebaatron la vida. Parte del grupo campesino fue representado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), y se le dictó sobreseimiento definitivo en junio del 2016, al concluir el Juicio Oral y Público, acusados de sedición, daños al Estado de Honduras y manifestaciones ilícitas.
La Plataforma Agraria, en un comunicado de prensa, agregó que, pese a los informes que ha emitido la CIDH, el alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre las graves violaciones a los derechos humanos y las recomendaciones para garantizar el ejercicio de defensoría de derechos humanos en el Aguán, así como también las medidas cautelares otorgadas el 8 de mayo 2014 al 123 líderes y líderes y la ampliación de estas el pasado 6 de diciembre del 2016, se continúa persiguiendo y criminalizando y se han extendido órdenes de captura a cuatro beneficiarios de la MC50-14. Entre ellos el coordinador de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán -refiriéndose a Jaime Cabrera.
Por lo que hacen un llamado a los organismos defensores de derechos nacional e internacional a estar pendiente de la situación de persecución, criminalización y hostigamiento y asesinato a líderes y lideresas en el Bajo Aguán.
