Tegucigalpa.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó este martes el Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras 2024.
Este informe, elaborado en el marco del Convenio firmado entre el Gobierno de Honduras y la OACNUDH, brinda un análisis detallado sobre la situación de los derechos humanos en el país y formula recomendaciones para fortalecer su promoción y protección.
La presentación la realizó Bardia Jebeli, Oficial a Cargo de la Oficina y Representante Adjunto.
La OACNUDH realizó 156 misiones a diversas partes del país, incluidas 21 visitas a centros penitenciarios, desarrolló 137 procesos de asistencia técnica y fortalecimiento institucional dirigidos a instituciones estatales, realizó 27 talleres y capacitaciones y monitoreó 16 procesos judiciales.
También brindó apoyo técnico a más de 139 organizaciones de la sociedad civil e implementó 24 campañas de comunicación para promover los derechos humanos.
En su informe, la OACNUDH destaca que en el 2024 la tasa de homicidios disminuyó 9%, pasando de 34.4 homicidios por cada cien mil habitantes en 2023 a 25.3 en 20244, pero considera que sigue siendo una de las más altas en América Latina.
Añade que, en el primer semestre de 2024, 72.2% de las muertes violentas fueron cometidas mediante armas de fuego, afectando principalmente a personas jóvenes. En el año 2024, se registró la incidencia de desplazamiento forzado, extorsión, violencia sexual, y otras acciones ocasionadas por estructuras criminales.
En cuanto al conflicto agrario en el Bajo Aguán, el informe señala su preocupación y manifiesta que sigue pendiente el establecimiento de la Comisión derivada de los acuerdos suscritos en 2022 con la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, la cual es fundamental para avanzar en la solución basada en el respeto a los derechos humanos, incluidas la reparación a las víctimas y el acceso a la justicia.
Asimismo, el informe habla sobre la independencia judicial, en el que destaca que en 2024 el Poder Judicial emitió algunas sentencias en las que dirimió disputas en relación con Pueblos Indígenas y personas defensoras de derechos humanos a la luz de estándares internacionales de derechos humanos, sentado un precedente en el país.
Pero reconoce que la independencia judicial continúa siendo afectada por la falta de una ley de carrera judicial que asegure la separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales. Los órganos administrativos que rigen la formación profesional, la evaluación del desempeño y los procesos disciplinarios en el ámbito judicial carecen de normativa interna. Además, tampoco cuentan con recursos técnicos y financieros suficientes.
En cuanto al acceso a la justicia, el informe sostiene que persistieron importantes desafíos para el acceso a la justicia, principalmente debido a deficiencias en el proceso investigativo y de persecución penal en casos de violaciones de derechos humanos.
De acuerdo con el monitoreo de la OACNUDH, en al menos cinco casos destacan desafíos como la falta de coordinación efectiva entre fiscalías especiales competentes, falta de exhaustividad en las investigaciones, la ausencia de un análisis del contexto adecuado, la prevalencia de sesgos y estereotipos y la escasa participación de las víctimas.
Asimismo, cuestiona que no existe carrera fiscal que brinde a los funcionarios las herramientas técnicas, la especialización y los incentivos necesarios, así como otras condiciones esenciales para que los fiscales puedan desempeñar su labor de manera adecuada.
En relación a la situación de los defensores en el país, el informe señala que los ataques dirigidos a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación continuaron siendo una práctica recurrente en 2024.
Al 31 de diciembre, ACNUDH registró 284 ataques contra 319 víctimas, tanto individuos como organizaciones, de las cuales 219 (68.65 %) se dedican a la defensa de los derechos humanos y 100 (31.35%) al periodismo y la comunicación social.
Sostiene el informe que las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente continúan siendo las que enfrentan mayor riesgo, representando 47% del total de víctimas.
Asimismo, informa que los departamentos con mayor incidencia fueron Francisco Morazán (95 casos), Colón (45 casos) y Choluteca (41 casos). Se produjeron al menos 39 ataques contra personas indígenas y afrohondureñas defensoras y/o periodistas, representando el 12.3% de las víctimas.
En el 2024, señala el informe, hubo ocho asesinatos, cinco de personas defensoras y tres periodistas, trabajadoras de medios y/o comunicadoras sociales, de las cuales al menos dos eran defensores de los derechos LGBTI.
En septiembre fue asesinado Juan López, ambientalista y miembro del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, emblemático defensor del río Guapinol frente a proyectos extractivos, quien eran beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos56 implementadas a través del Sistema Nacional de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de justicia (SNP).
Su muerte sucedió en un contexto de constantes ataques, amenazas, intimidación y criminalización de personas defensoras.
Sobre la violencia contra las mujeres, donde señala que en el 2024 se registraron 230 muertes violentas, indica que persisten desafíos importantes en la integración de la perspectiva de género en la investigación y judicialización de casos de muertes violentas y otro tipo de violencias contra las mujeres.
Finalmente, el informe emitió una serie de recomendaciones, e insta a las autoridades a implementarlas y reitera su compromiso de continuar apoyando al Estado de Honduras en sus esfuerzos por fortalecer el respeto y garantía de los derechos humanos.
