A comienzos de marzo participamos en tres audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la primera, realizada el 3 de marzo, junto a otras organizaciones solicitamos a la CIDH que inste al Gobierno argentino a derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 942/2024 porque afecta las garantías del debido proceso y el derecho a solicitar y recibir asilo. El Decreto modifica aspectos sustanciales de la Ley 26.165 de reconocimiento y protección al refugiado, y pasa por alto cada una de las instancias, experiencias y necesidades que llevaron a su sanción.
El Estado argentino respondió a la defensiva y evadió la responsabilidad de dar respuestas claras a los cuestionamientos técnicos de las organizaciones y de la Comisión. A su vez, aseveró que no existe ninguna norma que lo obligue a hacer partícipe a la sociedad civil en la reglamentación de las leyes, desconociendo la relevancia de los procesos participativos existentes en la Argentina, en multiplicidad de marcos normativos. Más información aquí.
En la segunda, sobre el caso 14.458 “Diego Lamagna y familia y otros Vs Argentina”, el Estado argentino retiró el reconocimiento de responsabilidad sobre la represión de la protesta social del 19 y 20 de diciembre de 2001, una expresión extrema de la violencia estatal, que provocó 36 muertes, cientos de personas heridas y 198 detenciones arbitrarias, sin orden judicial ni justificación legal. Entre los asesinados aquellos días estaban Diego Lamagna y Gastón Riva. La responsabilidad estatal por estos hechos había sido aceptada en 2023.
En la audiencia el gobierno argentino no justificó su cambio de postura sino que se recostó en un posicionamiento político después del cambio en la gestión estatal. No respondieron a la pregunta sobre qué valoración hace hoy el Estado sobre lo sucedido en diciembre de 2001. Más información aquí.
Finalmente, el 7 de marzo participamos de la audiencia regional sobre “Inteligencia artificial y derechos humanos” convocada de oficio por la CIDH, en la que en conjunto con otras organizaciones pudimos manifestar nuestra preocupación por el despliegue de sistemas de inteligencia artificial (IA) para vigilancia bajo discursos de seguridad en Argentina. Destacamos que no existe una legislación adecuada para regular la incorporación de la IA en estas tareas, no se prevén mecanismos de evaluación y rendición de cuentas y, debido al secreto, no es posible realizar análisis de su impacto.
Por otra parte, durante la 58° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, desde el CELS participamos en los diálogos interactivos con las relatorías especiales y expusimos sobre la situación actual en Argentina. En ese contexto, denunciamos la reducción del espacio cívico, así como las consecuencias en derechos humanos de la deuda contraída con el FMI y las negociaciones actuales para tomar un nuevo préstamo. En ambos casos, solicitamos que la ONU monitoree de cerca la situación en la Argentina y exija al Estado que proteja y garantice los derechos humanos.
Además, organizamos un evento paralelo a la sesión del Consejo y junto a organizaciones aliadas presentamos un informe sobre la necesidad de adoptar un enfoque interseccional en los estándares de Naciones Unidas en materia de protesta social. También nos sumamos a un panel señalando las oportunidades de mejora que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos pueden implementar para fortalecer la participación de la sociedad civil. Por último, mantuvimos reuniones bilaterales con una serie de procedimientos especiales de ONU sobre la lucha contra el terrorismo, vivienda adecuada, empresas y derechos humanos, alimentación y discapacidad. Más información aquí.
