Tegucigalpa.- La Corte de Apelaciones de lo Penal por unanimidad revocó la medida de arresto domiciliario a los generales en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez, Carlos Roberto Puerto y Venancio Cervantes Suazo, y recalifica el delito de los imputados, elevando la tipificación de homicidio y lesiones graves a asesinato y tentativa de asesinato.
Esta decisión no ha sido del agrado de las personas que por años vivieron arropados bajo un manto de impunidad, ya que le llaman persecución política, aún sabiendo que los crímenes que cometieron son de lesa humanidad en contra de la población hondureña.
“Yo creo que el general o los generales, como ellos han estado toda una vida en el poder acostumbrados a cometer cualquier acto de violaciones de derechos humanos, y eso es como el día a día, hoy quieren ampararse de una figura que no les corresponde, de una figura que no cabe”, expresó Berta Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
“Lo que se debe de entender es que la decisión del Poder Judicial que estaba conociendo el caso, es una decisión que entiendo que han hecho manejo y han mandado un mensaje muy claro que no están agarrando el caso como la defensa los ha orientado, que se puede agarrar”, añadió.
La reconocida defensora de DDHH y además representante de la familia de Isy Obed, agregó que se está dando todo lo que es un caso como éste, que tiene el enfoque de crimen de lesa humanidad, de violación grave de derechos humanos.
Añadió que cuando hay una violación grave de derechos humanos tiene que haberse visto y estudiado, porque para nadie es descocido en el contexto que se dieron los hechos.
“¿Quiénes fueron los que hicieron el hecho? ¿Quiénes fueron los que dieron el golpe? ¿Quiénes estaban al mando? No fue un hecho aislado, fue un hecho planificado, y allí resultaron, aparte de Isy Obed asesinado, resultaron 13 personas heridas, ahí le da a entender que dispararon sin importar donde fuerana impactar las balas, con la cantidad de gente que había”, sostuvo Berta Oliva.
Insistió que es un delito de lesa humanidad, grave violación a los derechos humanos y que la decisión tomada el lunes por la Corte Suprema da un poco de esperanza para que sirva de ejemplo.
“No se van a repetir los hechos solamente cuando se castigue a los intelectuales, cuando se cometen crímenes graves de violaciones a derechos humanos y se configura, entonces, un crimen de lesa humanidad que es lo que tenemos en el caso de Isy”.
Miremos el contexto en que se dieron ese día y todo lo que siguió después, y además orientado a hacer una persecución a la familia, y yo lo que sí creo que los generales deben de saber que de parte nuestra, en representación de la familia, nosotros lo que le hemos apostado y tiene que entender es que en nuestro país haya justicia, y que no tenemos en ningún momento odio, no tenemos ninguna intención de venganza, lo único que tenemos es esperanza que este pueblo algún día se levante y que garantice a todos y toda las ciudadana sin distinción de colores una justicia pronta y correcta”, agregó.
Dijo que “eso es lo que esperamos, que ellos estén tranquilos, que nosotros no vamos a pedir que se violenten leyes, nosotros en todo caso estamos demandando que se implemente el debido proceso, porque sabemos que son culpables, sabemos que eran responsables, no solo del hecho del 5 de julio, si no de todas las violaciones que se dieron durante su mandato y durante el golpe de estado de 2009”.
Cabe señalar que estos tres generales en condición de retiro fueron detenidos el domingo 5 de enero del año en curso, donde se les decretó detención judicial y fueron trasladados a la Penitenciaria Nacional, ubicada en el valle de Amarateca, Francisco Morazán, donde estuvieron recluidos hasta el viernes 10 de enero que se realizó la audiencia inicial.
Después de una larga jornada de audiencias que duró más de 24 horas, el juez consideró decretar un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de arresto domiciliario, así como el cuidado y vigilancia por parte de los abogados y la prohibición de salir del país, misma medida que el lunes 3 de marzo fe revocada, por lo que deberán volver a prisión hasta el desarrollo de la audiencia preliminar y finalización de su juicio.
Hechos
El 5 de julio de 2009 se organizó una manifestación en el aeropuerto Internacional Toncontín, en Tegucigalpa, porque el ex presidente José Manuel Zelaya anunció su arribo al país por esa terminal aérea.
A esta manifestación acudieron miles de personas. A las 4:00 pm las Fuerzas Armadas comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas hacia una malla y un muro del aeropuerto, y comenzaron a disparar contra los manifestantes por un lapso de entre 15 a 20 minutos, por lo que éstos buscaron protegerse atrás de un muro de piedra en un restaurante cercano.
Pese a que los participantes comenzaron a huir para tratar de protegerse, 19 personas resultaron heridas, entre las cuales estaba Isy Obed, que cayó herido de un impacto de bala en la cabeza, luego de ser ayudado por otros manifestantes, falleció posteriormente en el Hospital Escuela.
La muerte de Isy Obed es una ejecución extrajudicial, y sus responsables no solo incluyen a quien disparó el arma, sino a los altos mandos militares e incluso a los civiles que ejercían el poder.
Estos agentes del Estado llevan demasiado tiempo disfrutando de la impunidad y denegando a la familia de Isy Obed y a las otras víctimas el acceso a la justicia.
