Tegucigalpa.- El Ministerio Público se ha convertido en un instrumento de la empresa privada y de las transnacionales para criminalizar y judializar a lidere sociales y defensores en el país.
Cinco integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) de la seccional 14, con sede en Comayagua, fueron citados por el Ministerio Público donde han sido denunciados por el delito de usurpación.
Desde hace una semana el STIBYS inició una huelga legal en la Cervecería Hondureña por la falta de acuerdos en el contrato colectivo.
La empresa Logística Integral Hondureña, que en sus bodegas almacena los productos de la Cervecería Hondureña en Comayagua, acudió al Ministerio Público a interponer una denuncia por usurpación contra cinco sindicalistas del STIBYS, que mantienen tomada esas instalaciones.
Logistica Integral Hondureña alega que ese predio donde los sindicalistas del STIBYS sostienen la huelga es privado y que no es propiedad de la cervecería, por lo que están demandando desalojar los predios para poder sacar el producto para su distribución y comercialización a nivel nacional.
Para lograr el cometido han procedido a denunciar a cinco sindicalistas ante el Ministerio Público, con el fin de atemorizar y que estos suspendan su acción de protestas.
En la audiencia, quedó evidenciado como el Misterio Público es un instrumento de la empresa privada y de las transnacionales para seguir criminalizando y judicializando a los luchadores sociales y defensores en el país.
Los citados llegaron a la hora que les habían indicado, acompañados de un apoderado legal y de la abogada del Cofadeh, Karol Cárdenas, pero la representante de la empresa llegó una hora después de la hora que habían sido citados.
“Percibimos desde el momento que nos reunimos ahí en la sala una confabulación, porque la fiscal (Hernestina Salina) le dio las directrices a seguir porque dijo que se iba de vacaciones y le dijo que iba a devolver el expediente a la DPI (Dirección Policial de Investigaciones) porque estaba incompleto el expediente”, expresó Francisco Sánchez presidente de la seccional 14 y uno de los que ha sido acusado del delito de usurpación.
Añadió que la fiscal le manifestó a la abogada Danelia Ferrera, apoderada legal de la empresa, que al estar incompleto, la DPI podía proceder contra nosotros con una orden de captura o capturarnos infraganti, es decir, si nos encuentra en el lugar donde nos encontramos en huelga.
Indicó, además, que todas esas directrices se las dio a la ex fiscal, y nos está dejando indefensos a nosotros en ese aspecto.
La abogada Danelia Ferrera, ex directora de Fiscales, con prepotencia, intimidadora y coaccionando a los miembros del STIBYS, para que procedieran a desalojar el predio donde mantienen la huelga.
La abogada del Cofadeh, Karol Cárdenas, le reclamó a la fiscal Hernestina Salina porque no estaba siendo objetiva, al darle directrices a la parte de la empresa de que acciones podría realizar.
La fiscal Salinas en toda la reunión les expresó a los sindicalistas que si no se llegaba a un acuerdo, eso les podría traer consecuencias, porque se les podía responsabilizar por la no comercialización del producto.
“La empresa Cervecería nos ha estado intimidando a través de otras entidades, esto para no hacerse responsable de eso. Pidió al dueño del predio que procediera a denunciarnos y nosotros hablamos con el dueño del predio y miró que nosotros no estábamos haciendo lo que Cervecería decía”, señaló Sánchez.
La abogada Ferrera le solicitó a la fiscal dejar el expediente en la fiscalía de turno, para así poder dar curso al proceso penal, pero la fiscal le dijo que no, que lo remitiría a la DPI, quienes podían capturar a los acusados si seguían en el predio donde está la huelga.
No se llegó a ningún acuerdo, pues la abogada Danelia solicitó el desalojo y los sindicalistas no aceptaron, pues manifestaron que en ningún momento obstruían el paso a empresa.
Los cinco acusados podrían ser citados nuevamente en el mes de enero.
