Como dijimos en nuestra opinión editorial la semana pasada, este año 2024 deja grandes satisfacciones por el camino andado en favor de la memoria histórica. Pero deja en déficit la reparación integral a las víctimas de la Doctrina de Seguridad del Estado.
Esta semana, el 10, Día Internacional de los Derechos Humanos, las familias víctimas de la desaparición forzada acamparon temporalmente en los bajos y escalaron al segundo piso del edificio del Congreso Nacional.
Abajo, el Cofadeh, junto al ministerio de derechos humanos, la Oficina del Alto comisionado de derechos humanos de la ONU y otros actores, hicieron un balance de las acciones realizadas en el último año a favor de las cuatro generaciones de derechos humanos en el país.
Arriba, en el interior de la Cámara, fueron invitadas por el presidente del Congreso Nacional, el diputado Luis Redondo Guifarro, a tomar palabra en el pódium principal frente a la asamblea de diputados y diputadas.
En la introducción, Redondo Guifarro repitió la importancia de escuchar a las víctimas después de 42 años de pedir respuestas al Estado, destacando que la propuesta de reparación integral está lista para su discusión.
Para quienes hicieron uso del micrófono no fue fácil tener el 100 por ciento de la atención en un lugar cotidianamente ruidoso, un escenario sin calma suficiente entre tres fuerzas políticas con visiones distintas: el bipartidismo que se escucha a sí mismo, una fuerza anticorrupción sin banderas y la alianza refundacional de Libre torpedeada por el crimen organizado.
En ese ambiente hablaron un hombre sobreviviente de aquella era de la persecución con tortura, la coordinadora del Cofadeh Bertha Oliva y la representante del Alto Comisionado de la ONU, Isabel Albaladejo.
En las gradas del hemiciclo estaban presentes familiares de víctimas del período 1980-1994, y entre ellas el ex ministro de derechos humanos de Argentina, Horacio Pietragalla, que vino a compartir la experiencia de procuración de verdad y justicia en su país.
El hondureño sobreviviente que habló, hermano de uno de los diputados presentes, aclaró que no estaba ahí para reclamar por los votos entregados en su vida política a los llamados padres y madres de la Patria, estaba para pedir la aprobación de la ley de reparación a las víctimas.
Bertha, por su parte, hizo un gran esfuerzo sonoro para quebrar el barullo y el murmullo de la sala, indicando que las organizaciones de derechos humanos como el Cofadeh han acompañado y defendido inclusive a integrantes del partido liberal y nacional en el pasado reciente.
Dijo aquello llamando la atención de las bancadas más bulliciosas, pero principalmente lo dijo para demostrar que los derechos humanos no son exclusivos ni excluyentes, y que en el momento menos esperado están ahí para salvar a cualquiera.
Como lo hizo en mayo de este año ante la misma cámara, Oliva remarcó el martes la importancia política, jurídica y moral de la Ley de Reparación Integral para las víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional.
La Ley es una de las formas que podría ayudar al Estado a sanar sus propias heridas del pasado y a mejorar su gestión en el presente, dijo la defensora humanitaria.
En diversas fuentes documentales, en sentencias de tribunales nacionales e internacionales, está probado que entre 1980 y 1994 Honduras persiguió, secuestró, torturó, desapareció y asesinó más de 200 personas por razones políticas, obedeciendo instrucciones del Departamento de Estado y del Pentágono de los Estados Unidos.
Eso constituye una herida mortal a la institucionalidad y a la Sociedad, que no se corrige metiendo la cabeza en el agujero como el avestruz ni huyendo cobardemente hacia adelante como lo hacen los culpables.
En la barbarie de los 80s sufrieron el martirio, hombres, mujeres y niños de Centroamérica, surAmérica y estadounidenses inclusive como el padre Guadalupe Carney, jesuita que fue capturado vivo en Olancho y entregado a la CIA en la base militar El Aguacate, de donde fue desaparecido para siempre.
El turno al pódium fue enseguida para Isabel Albaladejo, quien enumeró los principios de la justicia transicional – investigación, verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición de los hechos –, destacando la importancia histórica que Honduras asuma estos principios en el caso concreto que los sobrevivientes le reclaman.
Los y las diputadas escucharon con atención y se espera que los diferentes exhortos sirvan para permear sus conciencias al momento de decidir sus votos a favor de la ley propuesta, sin criminalizar otra vez, sin falsas modestias ni aprovechamientos políticos de ocasión.
Aquí de lo que se trata es que el Estado asuma su responsabilidad, que implica recursos materiales e institucionales, sinceridad y honestidad. Sólo así es posible la sanación y la reconciliación, un paso a la vez.
No es una tarea fácil, porque muchos de los responsables de los hechos en cuestión siguen vivos e impunes, y porque muchos de sus portavoces en los medios, iglesias, gremios y partidos están igualmente vivos, o heredaron sus prejuicios y sus miedos a las generaciones actuales.
Pero esa tarea ya no es responsabilidad de las víctimas, que han vivido para defenderse eternamente de los linchamientos públicos y no han podido vencer ni su resistencia, ni su insistencia ni mucho menos su exigencia, su legítimo derecho.
Hasta el próximo año. Coraje al Stibys en su huelga en la cervecería. Buenas noches.
