El 25 de junio de 2021, con máscaras antivirales, entró en vigencia el actual Código Penal aprobado un año antes en plena pandemia de la Covid19.
Las modificaciones de ese Código y las razones por las cuales fueron hechas son horrorosas; las circunstancias, el contexto y los autores son criminales. Ahora lo sabemos.
Muchos de los protagonistas de ese crimen se reeligieron en sus cargos en 2021 para defender desde sus curules actuales el contenido pactado con socios, ladrones, asaltantes, narcos, proxenetas, lavadores y asesinos.
En las próximas horas el Congreso Nacional dará a conocer al país los detalles de una amplia investigación realizada por diputados con estándares de credibilidad y confianza internacionales.
Las presiones para no hacer pública la divulgación son fuertes. Provienen de banqueros, de maras y pandillas, de medios de comunicación y de burdeles.
Las revelaciones confirmarán la participación directa de una banda criminal de abogados, diputados y diputadas, en complicidad con estructuras asesinas, que usaron el Congreso para cobijarse anticipadamente con impunidad.
Abrimos comillas. “Es tan fuerte y crucial lo que se va a conocer del informe sobre el Código Penal de la Impunidad, que ustedes mismos al ver su contenido concluirán que quienes hicieron eso fueron grupos criminales que utilizaron el poder legislativo para proteger lavadores de activos y perdonar enormes actos de corrupción”.
Así lo anunció esta semana el presidente de la junta directiva del Congreso Nacional, el diputado Luis Redondo Guifarro, el mejor líder parlamentario presidiendo una asamblea nacional desde el retorno a las elecciones en 1982.
Igual que la investigación sobre las actuaciones del Ministerio Público durante la narco-dictadura está teniendo consecuencias fiscales hacia Chinchilla, Cálix y Sibrián, esta investigación alcanzará a diputados del partido nacional y liberal que se refugian en el fuero parlamentario para huir de Pandora y otras redes que envenenan el actual Código Penal.
La difusión pública de los resultados de la investigación, que sería ideal hacerla en cadena nacional de radio y televisión, haría comprender mejor a la sociedad hondureña porqué azules y colorados se resisten a las leyes habilitantes de la CICIH y a la ley de justicia tributaria.
Reformado desde 1983, el viejo Código de 1904 fue tomado en 2019 por un grupo de consultores españoles contratados por Mauricio Oliva, el operador penal de las empresas criminales del entonces ejecutivo Juan Hernández, y en la etapa final lo entregaron a las erratas y a las ratas.
En este Código, las primeras víctimas son las mujeres. Además de prohibir de manera absoluta el aborto, imponiendo embarazos forzados, no incluyen agravantes cuando en la violación sexual sean utilizados narcóticos y otras sustancias para anular la voluntad de las víctimas ante la violación sexual. Las sanciones para la manada de salvajes en esos crímenes quedan invisibles.
En general, todas las penas vinculadas a delitos sexuales contra niñas, mujeres y adolescentes fueron reducidas, ignorando totalmente el contexto de grave violencia de género contra las mujeres en la Honduras actual.
En su momento, en diferentes momentos, de manera oportuna, más de 30 organizaciones defensoras de derechos humanos incluyendo este Comité se manifestaron contra este Código Penal de la impunidad.
Fue dicho, en efecto, que el mismo favorece a los sectores más oscuros del poder político y al poder empresarial que instrumentaliza los partidos, disminuyendo todas las penas para delitos de crimen organizado. Y criminalizando, a su vez, a los actores sociales como terroristas.
Con ese Código es materialmente imposible poner en prisión con penas ejemplarizantes a quienes se robaron este país, a quienes violan, lavan activos de la corrupción, de las drogas o de la explotación sexual. Pero con ese Código en manos de canallas es facilísimo enjaular a las personas defensoras de la vida, de la Madre Tierra y de la libertad.
Las organizaciones que cuestionaron ese mamarracho amenazante pidieron que fuera anulado, pero la correlación de fuerzas en la virtualidad avasallante de la pandemia estaba sólo del lado de quienes controlaban las armas, los envíos de la TH y la prensa del silencio.
Hoy de nuevo aquella petición sigue vigente, que se anule esa papada, que se reinicie un nuevo proceso con sectores especializados en el tema y con la representación de actores sociales y de derechos humanos locales e internacionales, no con criminales.
Hacemos un llamado al Congreso Nacional desde estas voces contra el olvido que no retrase más la difusión del informe sobre la aprobación del Código de la Impunidad. Un año ya fue suficiente. Que no le tiemble la mano a la directiva al momento de mostrar las evidencias.
Que caiga quien caiga, y mejor ahorita en campaña electoral para que los malditos no vuelvan a ser reelectos. Y que se les persiga penalmente, aunque brinquen chillando por la persecución política.
Haber aprobado esta ley por zoom, sin sesiones del pleno, sin opiniones colegiadas de juristas respetables, manoseando el dictamen de los españoles con mociones de reconsideración, distorsionado completamente el espíritu de la ley, pidiendo opiniones a criminales, eso no tiene Madre.
Queremos saber quiénes aprobaron este adefesio jurídico de narcos, lavadores, corruptos, asesinos y proxenetas. Queremos juicio y castigo a los canallas del Código Penal de la Impunidad. Buenas noches.
