Tegucigalpa.- La abogada y defensora de los derechos humanos, Reina Rivera, denunció que quienes polarizan el tema de la amnistía, no quieren salir de la polarización ni de la conflictividad política y social.
Además, señaló, que en ese decreto de amnistía por primera vez en Honduras se reconoce la figura del lawfare, y que también tristemente las víctimas tienen que acudir a una amnistía frente a un sistema de justicia que les persiguió.
“Lo que tendría que pasar ahora es que ese sistema de justicia perverso que creó y utilizó como arma de guerra para la persecución política, esos operadores de justicia ahora tienen que ser investigados”, sostuvo la defensora de los derechos humanos.
Rivera también es del criterio que ahora que la Corte Suprema Justicia ha emitido su resolución de constitucionalización del decreto de amnistía, se podrá respirar por fin, porque se podrán sanar las herida y se podrá avanzar hacia una etapa de reconciliación.
También cuestionó a la oposición política que ha catalogado de persecución política las diferentes denuncias que ha realizado el Ministerio Público contra varios exfuncionarios por actos de corrupción.
“Yo creo que la gran diferencia entre los casos del golpe de estado y los casos que ahora quieren querer declararse perseguidos políticos, es el concepto de corrupción. El concepto de corrupción está nutrido de un elemento que es el uso de poder para obtener beneficios personales o para beneficios de terceros. Creo que esa es la gran diferencia”, señaló Rivera.
En el marco de un contexto político y social de los últimos doce años, donde toda forma de protesta, toda forma de lucha social, y particularmente lo que fue la protesta frente al golpe de estado, fue criminalizado.
Añadió que otra característica de la amnistía es que es un juez el que determina si se trata de un delito común, conexo con delitos políticos en cada caso concreto.
“La amnistía no dice dele amnistía a A, B, C, o D persona con nombre y apellido, sino que es un juez el que lo determina. Y por eso están esos como candados que tiene el decreto de amnistía a través de la constancia y la certificación de un organismo de derechos humanos, de que la persona que está reclamando la amnistía es un luchador social o es una persona que fue víctima del golpe de estado”, sostuvo la defensora de los derechos humanos.
En cuanto al cuestionamiento por qué en el decreto de amnistía están los delitos como el robo, el incendio, la aportación de armas, esto se debe a que es evidente de que en un contexto de quiebre del estado de derecho, en un contexto donde el Ministerio Público fabricó muchos procesos penales, utilizó ese tipo de delitos.
“Yo siempre pongo el ejemplo de Berta Cáceres. Ella estuvo con un proceso penal en su contra, ella tuvo que estar prófuga un par de meses, mientras se lograba desvanecer, porque se le imputaba portación ilegal de armas, por un arma que se la encontraron en la paila del carro. ¿Quién que tiene un arma de fuego la va a poner en la paila del carro?”.
“Ese era un montaje, ese era un arma que se la estaba implantando para imputarle un delito”, sostuvo Rivera.
Añadió que “es un ejemplo más claro para que la gente entienda por qué se usaron delitos comunes, por qué esta amnistía tiene un catálogo tan amplio de delitos que abarca delitos comunes, porque se trata de doce años donde todo tipo de delitos fueron montados y fabricados frente a luchadores sociales y el estado no los había reivindicado a través de un decreto de amnistía”.
La defensora de los derechos humanos reiteró que ésta amnistía sirve por primera vez para reconocer, no sé si lo dirá el fallo concretamente con nombre y apellido, para reconocer la figura del lawfare en Honduras, es decir, el uso del sistema jurídico como arma de persecución política, pero también sirve para decir que tristemente las víctimas tienen que acudir a una amnistía frente a un sistema de justicia que les persiguió.
“Yo celebro el decreto de amnistía en términos de sanar una herida, sanar una época, que desde el golpe de estado lo hemos venido arrastrando por quince años”, sostuvo.
Indicó, además , que todos los crímenes que fueron imputados en el marco de este lawfare y la persecución política que subsistieron por quince años, por fin van a poder ser sanados y poder avanzar hacia una etapa de reconciliación.
El decreto de la Ley para Reconstrucción del Estado de Derecho, para que los hechos no se repitan, tiene cuatro áreas: Una es el reconocimiento de que hubo golpe de estado por primera vez en una legislación en Honduras. Dos, legalizar el acuerdo de Cartagena como un documento firmado entre las partes de todo lo que fue la conflictividad alrededor del golpe de estado, pero con los garantes, que en este caso eran los estados de Venezuela y Colombia.
También el decreto contiene la creación del camino hacia la creación de una comisión contra la corrupción y la impunidad, eso está contemplado en el decreto y nadie lo menciona.
“Si se anulara todo el decreto, se anularía también esa aspiración de crear una comisión contra la impunidad. Pero el hecho más beligerante, por decirlo así, más en disputa por los sectores que dieron el golpe de estado, tiene que ver justamente con la amnistía”.
La polarización se mantuvo los últimos quince años, pero se ha profundizado desde que llegó el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, hay una altísima polarización, hay una campaña abierta en medios de comunicación y también de los partidos políticos.
El Congreso Nacional es uno de los lugares donde más se expresa esa polarización y definitivamente la amnistía la utilizan como una herramienta más de la polarización.
“Yo creo que ellos ni les interesa si son defensores, si no son defensores, si son gremialistas, si eran estudiantes los que estaban ahí, realmente no les interesa, porque realmente un decreto amnistía forma parte de un pacto político en el estado para que los hechos no se repitan, para la reconciliación y para sanar heridas y para seguir adelante después de graves conflictos políticos y sociales”, finalizó diciendo Reina Rivera.
