Una organización no gubernamental hondureña hizo un llamado este miércoles para proteger a la familia y los compañeros del ambientalista Juan López, quien fue asesinado el 14 de septiembre de 2024.
López, de 46 años, era miembro del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) de Tocoa, en el departamento de Colón. Se había convertido en una figura destacada en la lucha por los derechos de las comunidades locales, defendiendo la tierra y el medio ambiente en el parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, ante los efectos negativos de las actividades extractivas en los ríos Guapinol y San Pedro.
El activista fue asesinado a tiros al salir de una iglesia católica en Tocoa, localidad situada a 220 kilómetros al noreste de Tegucigalpa, donde también se desempeñaba como concejal.
Su asesinato ha sido condenado por diversas organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas y el papa Francisco, lo que resalta la gravedad de la situación de los defensores del medio ambiente en Honduras.
Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, declaró en una rueda de prensa: «Estamos haciendo un llamado al mecanismo de protección de los derechos humanos para garantizar la seguridad de la esposa, los hijos de Juan López y sus compañeros que lo acompañaban en su campaña».
Oliva enfatizó que «ellos están en peligro», refiriéndose a las amenazas que enfrentan quienes se dedican a la defensa de los derechos ambientales.
Leonel George, compañero de López en el CMDBCP y también concejal, comunicó a la AFP que la familia de López ya cuentan con protección policial, pero que otras personas de su entorno siguen expuestas a riesgos significativos.
«Hay suma preocupación porque con la captura de cuatro sospechosos del crimen, el riesgo para aquellos que exigimos justicia ha incrementado», expresó George, subrayando la inseguridad que persiste en la región.
Recientemente, cuatro presuntos autores materiales del asesinato fueron detenidos, aunque las organizaciones sociales locales han manifestado que aún falta por identificar y arrestar a los autores intelectuales detrás del crimen.
López era un crítico ferviente de la explotación minera a cielo abierto, denunciando los daños provocados en una reserva forestal y en los ríos de la zona de Tocoa.
Activistas independientes de la ONU instaron a las autoridades hondureñas a poner en marcha una investigación inmediata e independiente sobre la muerte de López, para establecer sus causas y circunstancias, incluido el papel que la empresa y los políticos locales pueden haber desempeñado en el asunto, y llevar a las y los responsables ante la justicia.
“Lamentamos que, tras el asesinato del defensor, la campaña de hostigamiento sigue por parte de las empresas y autoridades contra integrantes del CMDBCP. […] Esos acontecimientos ocurren después de que el CMDBCP haya denunciado los supuestos vínculos del alcalde de Tocoa con las empresas operando en el municipio y narcotraficantes.”, señalaron.
Los expertos enfatizaron la necesidad de que las autoridades identifiquen patrones de violaciones de derechos humanos y ofrezcan protección a la familia de López, así como a las comunidades locales.
Además, subrayaron la responsabilidad de las empresas de asegurar que sus acciones no conduzcan a represalias o intimidación contra defensores de derechos humanos.
En noviembre de 2021, López había hablado en una entrevista con la AFP sobre los riesgos que corrían los ambientalistas en Honduras. «Cuando uno se mete en este país a defender los bienes comunes […] entra en choque con los grandes intereses», dijo.
El crimen de López evocó el caso de la reconocida ambientalista hondureña Berta Cáceres, asesinada en 2016 en uno de los países más letales para los activistas por el medioambiente, según la ONG Global Witness.
Con información de AFP.
