Giorgio Trucchi l Rel-UITA
En 2023 fueron asesinadas 196 personas comprometidas con la defensa de la tierra y los bienes comunes. La inmensa mayoría de los asesinatos – 85 por ciento – se concentró en América Latina, que de nuevo se posicionó como el continente más peligroso para defensores y defensoras.
“Voces silenciadas” es el más reciente informe de Global Witness. Colombia es el país con más asesinatos (79), seguido por Brasil (25), Honduras y México (18) y Filipinas (17).
Desde que en 2012 la organización británica comenzó a informar sobre los ataques a personas que defienden la tierra y el medio ambiente, en el mundo se han asesinado a 2.106 defensores y defensoras.
Son al menos 1.500 las personas asesinadas después de la firma del Acuerdo de París sobre cambio climático en 2015.
Una cantidad seguramente subestimada, ya que detectar, denunciar e investigar estos crímenes resulta cada vez más difícil y peligroso.
Colombia se posiciona como el país en absoluto más letal, con 461 personas asesinadas entre 2012 y 2023. Le siguen Brasil (401), Filipinas (298), México (203) y Honduras (149).
Honduras mantiene el triste récord de país con más asesinatos per cápita, y Centroamérica el de la región más letal.
El asesinato sigue siendo la estrategia más habitual para silenciar a personas defensoras. Pero hay muchas otras formas: intimidación, campañas de desprestigio, criminalización, judicialización.
De las personas asesinadas en 2023, el 43 por ciento eran indígenas y el 12 por ciento mujeres. En Colombia, de los 79 asesinados del año pasado (40 por ciento del total a nivel mundial), el 67 por ciento eran indígenas y campesinos. En México, representaron el 70 por ciento.
La minería (industria extractiva) sigue siendo el mayor móvil industrial de los asesinatos de personas defensoras, seguido por la explotación forestal y la agroindustria.
Más de la mitad de los asesinatos relacionados con la industria extractiva que se produjeron entre 2012 y 2023 tuvieron lugar en América Latina.
Ante este escenario, Global Witness volvió a señalar los pasos más importantes que los Estados tienen que dar para proteger a las personas defensoras: entre otros, crear un entorno seguro, detectar, documentar y analizar sistemáticamente los ataques y facilitar el acceso a la justicia.
Asimismo, las empresas deben detectar, prevenir, documentar, mitigar y reparar sistemáticamente los daños y perjuicios causados por sus operaciones y garantizar el cumplimiento de la legislación y la responsabilidad corporativa.
