Tegucigalpa.- El Fiscal General del Ministerio Público, Johel Antonio Zelaya Álvarez, otorgó el decreto de amnistía contemplado en Ley Para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repita, al estudiante universitario Carlos Eduardo Canales.
Canales había sido acusado por el Ministerio Público por el delito de daños en perjuicio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
De acuerdo a lo expuesto, el 24 de junio de 2019 la Fiscalía Especial de Delitos Comunes instruyó diligencias investigativas en contra de Carlos Eduardo Canales Berríos por el delito de daños en perjuicio de la UNAH.
En esa fecha, en horas de la tarde, estudiantes de la UNAH se manifestaban porque en horas más tempranas miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) habían ingresado sin autorización a dicho centro educativo superior.
Para disuadir la acción de protestas de los estudiantes los militares de las Fuerzas Armadas comenzaron a desalojar al grupo de estudiante, lo que hizo que la acción se volviera violenta, resultando vidrios quebrados del primer piso del edificio Alma Máter y daños en el resto.
El 25 de enero de 2021 el abogado Rony Helber Rodríguez Ávila, representante legal de la UNAH, interpuso denuncia en contra de siete estudiantes, entre ellos Carlos Eduardo Canales, por el delito de daños en perjuicio de la universidad.
Los abogados Erick Orellana Galo de la Unidad de Operaciones Especiales y Ricardo Núñez Fiscal Jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, remitieron el expediente investigativo a la Fiscalía Especial contra los Delitos Comunes para su continuidad de las investigaciones por el delito antes mencionado.
El 31 de mayo de 2024, el Cofadeh presentó ante el Ministerio Público la solicitud de aplicación del Decreto N° 04-22, de la Ley Para la Reconstrucción de Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan en relación a la aplicación de Amnistía para los Presos Políticos y Presos de Conciencia, y el cierre administrativo y archivo del caso a favor del estudiante de la UNAH Carlos Eduardo Canales.
Canales fue víctima de persecución política, siendo criminalizado por el ente fiscal, acusándolo del delito de daños en perjuicio de la UNAH, encontrándose su proceso en esa sede administrativa, expuso en su solicitud el Comité de Familiares de Detenidos desaparecidos en Honduras (Cofadeh), constituido como representante legal del joven estudiante.
En la solicitud presentada ante el Ministerio Público, el Cofadeh expresa que el delito del que fue acusado el joven estudiante está establecido dentro del catálogo de delitos que contempla el decreto de ley N° 04-22.
Asimismo, indica el Cofadeh que acreditó que en el presente caso se cumplen con los requisitos establecidos en el decreto ley, como ser la persecución política de la cual fue víctima el estudiante, así como varios de sus compañeros en el año 2021.
El Ministerio Público declaró con lugar la solicitud planteada y aplica la amnistía al joven estudiante Carlos Eduardo Canales y procede al archivo administrativo y al cierre del caso.
“Declarar con lugar la solicitud de Beneficio Penal de Amnistía amparado en el Decreto Legislativo 04-2022, por los motivos expuesto en la presente resolución a favor de Carlos Eduardo Canales Berríos por el delito de daños en perjuicio de la UNAH”, dice la parte resolutiva del Fiscal General de la República.
Asimismo, manifiesta “declarar de oficio la prescripción de la acción penal que obra a favor de Carlos Eduardo Canales Berrío por aplicación de beneficio constitucional de Retroactividad Penal como excepcionalidad en el delito de daños en perjuicio de la UNAH”.
Y manda “que la Secretaría General del Ministerio Público proceda a notificar en legal forma la presente resolución a las abogadas Karol Janeth Cárdena y Cynthia Carolina Turcios actuando como apoderadas legales del joven Carlos Eduardo canales Berríos”.
En su parte resolutiva, el Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, manifiesta que Carlos Eduardo Canales Berríos desplegó su derecho a la resistencia contra los cuerpos armado de la Policía Militar que en su momento allanaron las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sin ninguna justificación.
También dice que frente a una crisis política permanentemente heredada del Golpe de Estado, Carlos Eduardo Canales ejerció de forma paladina su derecho a la libre de expresión de sus ideas, oponiéndose activamente a las ejecutorias de un gobierno dictatorial que al perder toda clase de legitimidad popular recurre a la fuerza como medio de conservación de un estado antidemocrático.
