Quimistán, Santa Bárbara.- Continuando con el proceso de socialización del proyecto de Ley Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la Doctrina de Seguridad Nacional, la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva, se reunió con víctimas, con sectores sociales y autoridades locales de Quimistán, Santa Bárbara.
Durante la exposición, Berta Oliva expresó a los asistentes que existe un compromiso por parte del Congreso Nacional de aprobar éste proyecto Ley para el 30 de agosto, fecha en que se conmemora el Día Nacional del Detenido Desaparecido y Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada.
Indicó, además, que esta propuesta de ley no es solo es para los familiares de los detenidos desaparecidos, sino que es para las víctimas de la implementación de la doctrina de seguridad nacional, incluye asesinados, torturados, mujeres violadas sexualmente y desaparecidos.
De acuerdo a datos que maneja el Cofadeh, a nivel nacional hay más de cinco mil víctimas de la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en la década de los 80, y reconocidos de esa práctica hay 184.
En aquellos momentos lo que se hizo como práctica y se generó, es que la mayoría de las familias callaron, le metieron el terrorismo de estado que las obligaron a guardar silencio, manifestó Oliva, quien a la vez señaló que si son víctimas de alguna desaparición forzada o de un asesinato, que no se queden calladas, porque hay que ir colocando las denuncias, hay que ir viendo, porque eso nos ayuda a identificar patrones y parar lo que está viviendo.
Asimismo explicó que todo el proceso que se ha realizado para la construcción de este anteproyecto de ley, ha contado con el apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y de Memoria Abierta de Argentina.
“Si lo aprueban tal como se ha presentado, vendría a hacer una política refundacional del país, porque refundar Honduras significa tener leyes que reivindiquen derechos, que no se repitan hechos, que no se repitan, inclusive, los golpes militares de estado”, sostuvo la coordinadora del Cofadeh.
El anteproyecto de ley, que ya se presentó al pleno del Congreso Nacional, cuenta con los cinco pilares de la justicia transicional, como son Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición.
“Esa propuesta ya está en el Congreso Nacional y hay una comisión trabajando y, por supuesto, que no es fácil, porque la gente no entiende mucho el tema de los derechos humanos, el tema de la obligación internacional y los cumplimientos internacionales que el Estado de Honduras tiene y ésta es una deuda que no ha cumplido con los tratados y convenios internacionales”, manifestó Oliva.
Durante la reunión se conoció que de ese sector al menos hay media docenas de personas que fueron víctimas de la práctica de la doctrina de seguridad nacional y que no fueron denunciadas por sus familiares por temor a las represalias que se vivían en aquel momento.
Tal es el caso de Argentina García, quien narró todo lo que vivió en la década de los 80 y que tuvo que salir un tiempo del sector para salvar su vida y que tuvo suerte que no la desaparecieran.
Manifestó que fue fundadora de la Democracia Cristiana y que pertenecía al Consejo Parroquial donde era la coordinadora y que en aquellos tiempos era peligroso y que realizaban las reuniones clandestinamente, alrededor de alguna fogata, porque en Pinalejo en la década de los 80 no había energía eléctrica.
También el profesor Adalid Martínez confesó que en la década de los 80 fue víctima de las fuerzas represoras del estado, las que se dedicaron a capturar, torturar y desaparecer a hondureños que luchaban por un mejor país y que de ese municipio al menos hay cuatro personas que desaparecieron, que no se volvió a saber de ellos.
