El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, comparece a esta Plaza de Los Pañuelos Blancos, para exigir justicia al Estado de Honduras.
Estamos aquí para recordar a los grupos privados locales y a EEUU que, a través de algunas de sus bancadas en el Congreso Nacional, tienen una deuda histórica con las víctimas desde hace 44 años.
Las familias afectadas directa e indirectamente por la práctica sistemática de la desaparición forzada por razones políticas e ideológicas, demandamos verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición.
El Poder Legislativo conoce la propuesta de ley integral para reparar las víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta por el Pentágono, el Comando Sur y la CIA a través de la embajada estadounidense en Tegucigalpa, entre 1980 y 1993.
La desaparición forzada fue una política pública de Honduras y de los Estados Unidos contra luchadores sociales, defensores del territorio nacional y organizaciones de resistencia insurreccional al modelo de militarización de Honduras como base de agresión regional.
Aquella práctica no es equiparable como pretenden a la situación actual, porque hoy son los actores del crimen organizado – maras, carteles reciclados de narcotráfico y clicas privadas en disputa por negocios, mercado y territorio – que atacan a sus rivales.
Comprendemos la necesidad de las estructuras sobrevivientes del capo máximo condenado a 50 años de prisión en Brooklyn, por suavizar el impacto de la condena, y la urgencia de grupos de crimen organizado por golpear la imagen del gobierno actual y del partido Libre con el propósito de retomar el control del Estado.
Sentimos el dolor de las familias de migrantes que se lanzan, muchas veces sin informar a su entorno, perdiéndose en el camino en manos de estructuras del crimen organizado transnacional.
Sentimos la pena, igualmente, de grupos de personas rehenes de “bandas empresariales” – como en Baracoa –, donde se alimenta una tendencia culpabilizante del gobierno actual desde grupos criminales feroces.
En el radar de este clima resurgen nuevamente — muy lamentablemente — los mismos sectores de carteles desinformativos, organizaciones miembras de la antigua APROH, portavoces internacionales y grupos civiles locales, que guardaron silencio en los años ochenta o que fueron cómplices directos de aquella tragedia. Sus agendas son perversas.
Durante el golpismo, el Cofadeh documentó numerosas desapariciones de personas opuestas a la dictadura corrupta y narca, con características y patrones de sistematicidad e intencionalidad entre 2009 y 2021, que implicaban a funcionarios activos de la policía y el ejército.
En aquel momento la amalgama de funcionario y miembro del crimen organizado era evidente, como lo confirma la lista de altos oficiales de las Fuerzas Armadas impunes por facilitar las operaciones de JOH, y de oficiales de policía extraditados que están pasando uno a uno por cortes federales de Estados Unidos.
En el presente, nos negamos a aceptar la existencia de un patrón estatal y mucho menos gubernamental que implique participación activa en desapariciones y muertes violentas de personas, para facilitar agendas hegemónicas del South Command o las agendas del Estado liberal burgués del Cohep.
Al contrario, es evidente la tendencia a sostener una línea desestabilizante contra el gobierno hondureño para imponer sanciones unilaterales y chantajes a Honduras desde la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el Departamento de Estado en temas de migración, comercio, proyectos de infraestructura, armas, so pretexto del avance del socialismo en Centroamérica y las líneas del Foro de São Paulo.
Hacemos un llamado a los actores políticos a no jugar con la connotación de cifras de desapariciones, a no ocultarse en esta figura conveniente para golpear imágenes por razones electorales, y a expresar en serio propuestas para desmontar las estructuras del beligerante crimen organizado que causa dolor a Honduras.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
