EL PAÍS DE LAS MUJERES FELICES

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Todas las mañanas, una esbelta mujer presenta el estado del tiempo en la televisión; en la radio, una joven lee educadamente notas informativas sin opinar, y en las plazas, bellas modelos hacen «streaming» para las redes sociales de la vieja prensa.

En las últimas horas, varios medios escritos y electrónicos de Honduras se han hecho eco del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado esta semana en la capital.

El texto es prolijo en hechos y en recomendaciones diversas, pero curiosamente la prensa levantó los cadáveres de las mujeres y niñas víctimas de la violencia.

Según sus propios recuentos, entre enero y abril de 2024, hubo 86 mujeres que perdieron la vida en forma violenta.

En Honduras, la violencia en general es ubicada cotidiana y convenientemente por los medios en el ámbito de la seguridad ciudadana, nunca en el campo de la cultura y mucho menos de la salud pública.

El objetivo evidente de ese traslape es atribuirlo como problema al gobierno de la República y no a la sociedad patriarcal, capitalista, violenta, con raíces directas en el modo de producción egoísta y destructor.

En el caso concreto de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, ella se filtra en los medios en su doble identidad, como decoración de belleza en las pantallas y como cadáver mutilado en los parajes.

Las bellas mujeres felices están cada vez más presentes en las emisiones audiovisuales reemplazando los temas con su alegría de selfie y, luego, anunciando las noticias de crueldad femicida, sexual y doméstica.

Esta perversidad de la prensa audiovisual es consciente. Se trata de la explotación impune del cuerpo de las mujeres, en proximidad y en actualidad, como enseña la ciencia de la comunicación para vender el morbo.

Detrás de esa industria del morbo hay todo un entramado de negocios que no se circunscribe a la boyante industria textil y cosmética que oprime a las mujeres jóvenes, que oprime y devora las aplicaciones telefónicas y redes sociales.

En todos o en algunos de esos negocios usted encuentra en Honduras a dueños de medios de comunicación implicados, como intermediarios o como gerentes.

El morbo, esa gran curiosidad malsana por situaciones, cosas o personas, es en realidad una alteración de la salud, que debería abordarse con médicos, psicólogos y psiquiatras, y no con policías, armas y militares como ocurre «normalmente».

Un detalle particular es que el público ávido consumidor del morbo ignora, generalmente, que los editores de las imágenes de vivas y de muertas son mayoritariamente hombres, y los redactores de los reportes también, una masculinidad al servicio del patriarcado intocable.

Al ir más lejos, resulta interesante además que los medios de comunicación están asociados concretamente a empresas privadas de seguridad, franquicias de armas y municiones, compañías de contenidos para adultos.

Nada de eso está referido en las crónicas, ni en los antecedentes ni en el contexto del fenómeno ni en los informes internacionales.

La CIDH, sin embargo, advierte al Estado de Honduras, que después de su visita en abril de 2023, persiste una «especial crueldad» hacia las mujeres y las niñas, de las cuales 386 fueron asesinadas en el período.

El Estado, dice el informe, aprobó normas e impulsó decisiones institucionales de protección contra la violencia de género, pero en el mismo período continuó el femicidio, la violencia sexual y doméstica.

La mayoría de las mujeres murieron a causa de heridas de arma de fuego usadas por sus agresores y en espacios privados. Murieron mutiladas, desmembradas, quemadas o con sus rostros desfigurados.

¿De quién es entonces la responsabilidad de esta violenta relación entre géneros? De todos los poderes en el país, sugiere el organismo adscrito al sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos.

De todos los poderes, se entiende en el contexto, que hace referencia al Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justicia y al Ejecutivo. Pero no a los poderes fácticos. A los poderes paralelos, que incluye a los medios de desinformación y degeneración.

Sin mencionar concretamente la misoginia en redes y artículos firmados contra la presidenta Xiomara Castro, primera mujer en la historia dirigiendo un Estado y una Sociedad patriarcales, el texto de la CIDH hace referencia general a discursos de odio.
La CIDH tendría que haber leído, por ejemplo, ese artículo firmado por Juan Ramón Martínez en La Tribuna hace unos días, exacerbando el odio contra Xiomara Castro y justificando la violencia hacia las mujeres. Quizás su despido del diario debió ser completado con una denuncia penal.

También tendría la CIDH que haber citado, al menos, las frases de uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, refiriéndose a ella como bruja y a su pueblo lenca como indios de mierda.

Cita este informe, al menos, que las mujeres indígenas y 547 defensoras de derechos humanos «continúan mayormente expuestas a la violencia de género» en el país.

El documento atribuye al Estado de Honduras una pobrísima visión del problema, porque atribuye la muerte violenta de mujeres a la criminalidad, a la «conflictividad social”, a riñas entre barras de fútbol y problemas personales, violencia intrafamiliar.

Ese enfoque, juzga la Comisión Interamericana, «invisibiliza la gravedad de la violencia» y fomenta la tolerancia social a este flagelo.

Sin duda Honduras y sus aliados tendrán que hacer grandes esfuerzos para explicar a periodistas, dueños de medios, profesores, policías, jueces, militares y servidores públicos en general, que la violencia de género es un crimen muy grave que se alimenta desde la superestructura.

Es una pandemia que se expande sobre las empleadas públicas y domésticas, las periodistas, las alumnas y las profesoras, las policías mismas, las mujeres migrantes, las diputadas, la Presidenta, las niñas y las adolescentes.

La CIDH destaca bien el hecho de la impunidad que rodea todos los casos de la violencia de género extremados hasta ahora, pero repite el error de proponer más leyes secundarias en vez de ir con todo contra el desequilibrio estructural que impone la desigualdad.

En ese terreno están los organismos del consenso de Washington con sus políticas injerencistas, las estructuras del crimen organizado como modelo económico fomentado por el Tea Party, y la injerencia imperialista basada en la violencia de género que practican las derechas locales.

No es con un enjambre de informes que la comunidad internacional va a aislar a Honduras en una zona de barbarie para luego sancionar, sería mejor meter el cuerpo acompañante y deconstruir juntos el modelo patriarcal hasta construir juntos uno nuevo, que haga florecer la igualdad y la equidad hombre-mujer. Buenas noches.