Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante los elevados índices de violencia contra personas defensoras de derechos humanos durante el 2023 en la región, habiéndose registrado el asesinato de al menos 126 personas defensoras.
Entre los meses de septiembre a diciembre de 2023, la CIDH tuvo conocimiento sobre 54 asesinatos de personas defensoras, que se suman a los 69 casos registrados entre enero y agosto. Se observa que, como en años anteriores, esta violencia estuvo particularmente dirigida a quienes defienden el medio ambiente y el territorio y personas con liderazgos indígenas y afrodescendientes.
En Brasil, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) registró en los últimos cuatro meses del 2023 registró al menos 30 casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos, de los cuales 10 fueron asesinatos. En diciembre, fueron asesinados los líderes indígenas Alisson Lacerda Abreu Xakriabá y Lucas Santos de Oliveira, en São João das Missões, estado de Minas Gerais, y Itajú do Colônia, estado de Bahia, respectivamente. En noviembre, fue asesinado el líder indígena Turiwara Agnaldo da Silva en Acará, estado de Pará y los líderes campesinos Josimar Pereira da Silva en Vitória de Santo Antão, estado de Pernambuco y Ana Paula Costa Silva y Aldecy Viturino en Princesa Isabel, estado de Paraíba. En octubre, fue asesinado el líder campesino José Carlos dos Santos en el estado de Rondonia y el líder quilombola José Alberto Moreno Mendes, en Itapecuru Mirim, estado de Maranhão. En septiembre, fueron asesinados los líderes religiosos indígenas Sebastiana y Rufino Guarani Kaiowá, en Guassuty, estado de Mato Grosso do Sul.
Colombia sigue liderando las cifras de asesinatos en la región. En este periodo, OACNUDH verificó 34 casos de personas defensoras asesinadas. En diciembre fue asesinada la lideresa comunitaria Martha Yolanda Benavides en Linares, Nariño; el líder indígena Eliécer Puyo Chocué en Caldono, Cauca; el líder social John Freiman Ramos Ocaña en Santander de Quilichao, Cauca; el líder campesino Carlos Arturo Quijano Velasco en Silvia, Cauca; el líder social Carlos Alberto Romero Martínez en La Dorada, Caldas; el líder indígena Marino Paví Julicue en Toribío, Cauca; el líder social Diego Antonio Arrieta López en Turbo, Antioquia; la defensora LGBTI Rozana Delgado en Bogotá; la lideresa social Tulia Carrillo Lizarazo en Tame, Arauca; el líder campesino Robert Fernández en Cajibío, Cauca; el defensor ambiental Camilo Osuna en Cali, Valle de Cauca; el líder social Robiro Rojas Benavides en Los Andes Sotomayor, Nariño; el líder social Pedro Pablo Salas Sánchez en Puerto de Asís, Putumayo; el defensor indígena Phanor Guazaquillo en Puerto Asís, Putumayo; la lideresa social María Isabel Ramos en Solita, Caquetá; y el defensor indígena Manuel Maria Carlosama Oco en Puerto de Asís, Putumayo.
En noviembre, fue asesinado el líder comunitario Daniel Andrés Rivas en Puerto Caicedo, Putumayo; el líder comunitario José Luis Alape en Puerto Guzmán, Putumayo; el líder comunitario Hermilson Layton Forero en Tame, Arauca; el líder comunitario Lennis Rojas Silva en Tesalia, Huila; el defensor del medio ambiente Elkin Jesús Díaz en Puerto de Asís, Putumayo, el defensor indígena Rogelio Chate en Caldono, Cauca y el líder comunitario Luis Alberto Quintero Díaz en Tibú, Norte de Santander.
En octubre fue asesinado el defensor afrodescendiente Samuel Avendaño Lopez en Carmen del Darién, Chocó; el líder comunitario Rubén Darío Patiño Cuervo en Palmira, Valle del Cauca; el defensor afrodescendiente Gustavo Adolfo Ortiz Murillo en Buenaventura, Valle del Cauca; el líder comunitario Jamile Bernal García en Villagarzon, Putumayo; el líder comunitario Miller Silva Rosero en Argelia, Cauca; y el defensor afrodescendiente Felipe Castro Pinillo en El Charco, Nariño.
En septiembre fue asesinado el defensor del medio ambiente Johan Ferney Aguilar en Falan, Tolima; el defensor Silvio Rosero Arteaga en Taminango, Nariño; el defensor Steven Chalarca en Yolombó, Antioquia; el defensor indígena José Arley Cruz Chucue en Miranda, Valle del Cauca; y el defensor indígena Milton Santacruz Aguilar en Necocli, Antoioquia.
El Estado colombiano informó a la Comisión sobre diversas medidas implementadas para la promoción y protección de los Derechos Humanos dentro de las que se destacan: la promulgación de la Ley 2273 de 2022, aprobatoria del Acuerdo de Escazú; la expedición de la Directiva Presidencial 07 del 13 de diciembre de 2023, por medio de la cual se respalda y reconoce la labor de la defensa de los derechos humanos en Colombia; el proceso de elaboración de la Política Pública para Garantizar la Labor de Defensa de los Derechos Humanos, en el que buscaría incorporar los resultados de las «Mesas Territoriales de Garantías a Defensores de Derechos Humanos y Líderes sociales en los Planes departamentales de Desarrollo 2024-2027».
En Guatemala, OACNUDH registró el asesinato de al menos tres personas defensoras. En octubre fue asesinado el líder indígena del Parlamento Xinca Noé Gomez Barrera y Francisco Gonzalo Velázquez Gómez, agricultor de San Marcos en el marco de las protestas registradas durante este periodo en el país y la lideresa indígena Sonia Janeth Guevara Ávila.
En Honduras, OACNUDH registró el asesinato de al menos dos personas defensoras en este periodo. En septiembre se registró el asesinato de la defensora trans Soraya Álvarez en Comayagüela, Francisco Morazán; y el defensor campesino David Fortín en Trujillo, Colón.
En México, la CIDH aprecia los esfuerzos realizados para fortalecer el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en particular en el aumento de recursos presupuestales para su funcionamiento. Al mismo tiempo, toma nota con preocupación el asesinato de al menos cuatro personas defensoras, según registro de la OACNUDH. En noviembre, fue asesinado el defensor Artemio López Aguilar, en Chicomuselo, Chiapas; y el defensor del medio ambiente Higinio Trinidad de la Cruz, en Cuautitlán de García Barragán. En octubre, fue asesinado el defensor indígena Jesús Toral García, en Uruapan, Michoacán; y el defensor Adolfo Enríquez Vanderkam, en León Guanajuato. Adicionalmente, la CIDH recibió información sobre señalamientos provenientes de las más altas autoridades del Ejecutivo sobre organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que buscan desacreditar sus labores de defensa.
En Perú, OACNUDH registró el asesinato del defensor indígena Quinto Inuma Alvarado ocurrido en la Comunidad Nativa de Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín, San Martín. El defensor indígena era beneficiario del Mecanismo Intersectorial de Protección de Personas Defensoras. El Estado peruano informó a la CIDH que, en efecto, el defensor era beneficiario del Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y haber realizado diversas diligencias para garantizar su protección desde el 2022. Señaló que, tras su asesinato, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa contra el Crimen Organizado inició las investigaciones correspondientes que derivó en la detención de 5 personas presuntamente responsables.
En Venezuela, la CIDH conoce sobre la permanencia de personas defensoras privadas de su libertad, como el caso del defensor Javier Tarazona, quien se encuentra privado de libertad desde julio de 2021. El 9 de febrero de 2024, fue detenida arbitrariamente la defensora Rocío San Miguel. Asimismo, persisten los discursos provenientes de autoridades estatales con el fin de estigmatizar a personas defensoras, tachándolas de «agentes desestabilizadores», «enemigos», entre otras.
La Comisión recuerda que el medio más eficaz para proteger a quienes defienden derechos humanos es combatiendo la impunidad. Por ello, reitera su llamado a los Estados para investigar estos hechos de forma exhaustiva, seria e imparcial, tomando como primera hipótesis su posible relación con la labor de defensa. A su vez, incorporar un enfoque de género y étnico-racial de manera interseccional a lo largo de la investigación, juzgamiento, sanción de estos crímenes, y en la implementación de medidas de reparación a familiares de todas las víctimas.
Finalmente, en relación con los discursos que tienen como finalidad deslegitimar y desacreditar la labor de defensa de personas defensoras observado en la región, es de especial preocupación, que provengan desde las más altas autoridades, que de manera pública y reiterada cuestionan la independencia y veracidad sobre el trabajo realizado por organizaciones defensoras de derechos humanos. Esta clase de narrativas propicia un clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población y dificulta el ejercicio legítimo de defender derechos humanos.
Las personas defensoras son un pilar fundamental para asegurar y consolidar democracias estables y duraderas. La protección de personas defensoras depende en prima instancia de la voluntad decidida de los Estados para adoptar medidas efectivas que aseguren un entorno propicio para la defensa de derechos humanos. Esto implica no solo prevenir violaciones perpetradas por agentes estatales o particulares, sino también crear las condiciones esenciales que respalden de manera activa y sin obstáculos la invaluable labor de quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos.
