El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) comparece con esperanza a la plaza de Los Pañuelos Blancos, a pesar de los obstáculos institucionales que dificultan avanzar hacia la verdad y la justicia que reclaman las víctimas.
En Nueva York, dos semanas consecutivas de testimonios sobre la destrucción del Estado de Derecho por ambiciosos políticos, empresarios y funcionarios públicos miembros del crimen organizado, deja una imagen de vergüenza internacional bien instalada.
El juicio por conspiración a Juan Orlando Hernández, que juzga igualmente a su partido y su siamés tradicional y a las instituciones lavadoras del narcotráfico, revela el estiércol de un negocio criminal que lamentablemente es rentable también para quienes dicen combatirlo.
Exhortamos, en consecuencia, a la presidenta Xiomara Castro a trabajar anticipadamente en una cruzada nacional e internacional que reconstruya el posicionamiento de nuestro país en el mundo, pero no con una campaña turística recargada de “Marca país”, sino con acciones afirmativas que siembren una verdadera diferencia.
“Toda la verdad y toda la justicia para Berta” es el reclamo de la familia Cáceres Zúniga, que hacemos nuestro en ocasión del octavo aniversario de la siembra en la tierra y en la conciencia universal de la lideresa del Gualcarque a conmemorarse en La Esperanza, Intibucá.
Con la presencia de nuestra organización este fin de semana en el Centro Ceremonial Utopía del COPINH suscribimos el llamado hecho en la víspera por la familia de Berta Cáceres, para que la Corte Suprema de Justicia confirme las ocho sentencias a los responsables materiales del crimen, y para que el Ministerio Público haga cumplir las órdenes de captura a los autores intelectuales del asesinato.
Sin comparaciones en la historia nacional, el crimen de esta mujer indígena antisistema, antipatriarcal y antiracista representa en el mundo el señalamiento permanente a las inversiones público-privadas destructoras de la vida y de la libertad.
Berta Cáceres representa el dedo acusador al general Pacheco Tinoco, tramitador de capital sucio, quien desde el cargo de ministro de seguridad de la narcodictadura intentó reducir la imagen gigante de la víctima a una maestra ambientalista muerta por desconocidos, además de haberse comprometido con los autores a confundir las circunstancias del crimen.
Este mismo ministro Julián Pacheco Tinoco estaba a cargo de la Policía Nacional el 7 de febrero de 2021, en plena pandemia de la Covid-19, cuando la estudiante Keyla Patricia Martínez fue encontrada muerta en una celda de la sede policial de La Esperanza, Intibucá.
Por este caso ha sido liberado ayer el único policía responsabilizado en una batalla legal que tiene al Cofadeh como acusador privado a petición de la familia y un bufete de cinco abogados pagados por la Policía, que ha invertido más de medio millón de lempiras en honorarios.
Con ese apoyo excepcional, Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, responsable de llaves y supervisión de celdas, nunca estuvo solo para defenderse del femicidio agravado. Además de contar con los servicios de dos ex fiscales y tres abogados litigantes tuvo a un Tribunal de Sentencias complaciente en Siguatepeque, Comayagua, que cambió la tipificación del delito a una categoría imprudencial para favorecerle en tiempo récord.
Jarol celebra su libertad y la familia Martínez Rodríguez llora la impunidad.
De nuestro lado, la Casación es el siguiente recurso al que acudiremos la próxima semana para pedir anulación de la sentencia y recomenzar el proceso de investigación hacia nuevos indicios y nuevos actores, posibles miembros de la estructura de crimen organizado local conocidos de la policía que rodeaban a la víctima la noche de la tragedia cuando Perdomo era su custodio.
La justicia es un derecho y así lo reclama Keyla.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
COFADEH
Tegucigalpa. M.D.C., 1 de marzo de 2024
