Tegucigalpa.- Periodistas, ciudadanía, defensores y defensoras de derechos humanos, se pronunciaron este día en una conferencia de prensa a fuera de la Sala de Juicios Orales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en relación a la persistente criminalización contra Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Sergio Ulloa, ex dirigentes estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Los asistentes a la conferencia de prensa manifestaron a través de un comunicado lo siguiente; “Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Sergio Ulloa, hoy egresados de las carreras de Sociología, Periodismo y Trabajo Social, han sido criminalizados desde el año 2014, iniciando una escalada agresiva de violaciones a los derechos humanos con impacto en sus familias”.
“La administración judicial anterior, encabezó una escalada para criminalizar a opositores por razones políticas, defensores, defensoras, periodistas, generando un riesgo permanente del cual siguen siendo víctimas los líderes sociales”, dice el escrito.
Señalaron que “la ex rectora Julieta Castellanos, quien, en comparsa con Juan Orlando Hernández, emprendieron más de 200 acciones legales contra estudiantes en todo el país, evidenciando su intolerancia hacia el respeto de derechos humanos, particularmente la libertad de pensamiento y expresión”.
En el documento solicitan que a los tres ex dirigentes estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que en el 2017 fueran condenados por usurpación, se les aplique la amnistía establecida en el decreto 04-2022 de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan.
El proceso contra los tres ex dirigentes estudiantiles comenzó el 17 de julio de 2015, por una toma que se había realizado cuatro días antes, y, dos años más tarde, el 7 de junio de 2017 la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia emitió una condena por el delito de detentación ilegal de bienes públicos en perjuicio de la UNAH.
Sergio Ulloa, Cesario Padilla y Moisés Cáceres, antes de 2015 que fueran acusados por el Ministerio Público del delito de usurpación, como dirigentes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), exigían un proceso de democratización en la toma de decisiones de la UNAH, donde demandaban que al estudiante se le incluyera en la toma de decisiones para construir el proceso de IV Reforma Universitaria.
Además, en el escrito se exige “una sentencia reivindicadora de derechos humanos por parte del Juez Elvis Matute, ya que la defensa de la educación no debe ser considerada como delito, sino como un elemento indispensable para el fortalecimiento de este derecho humano”.
Hacen un llamado para que el Poder Legislativo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) cumplan con su rol de garantes fieles al Decreto 004-2022 que manda la aplicación de Amnistía Política.
Asimismo, indican que el Mecanismo de Protección en el marco del cumplimiento de la Ley de Protección de medidas preventivas para defensores, en ese sentido solicitamos comunicaciones directas con otras instancias estatales para protección de la vida de sus beneficiarios.
“Que el nuevo Rector Odir Fernández rectifique el mal accionar de sus antecesores y apelar a la figura del “PERDON” contemplada en el Código Penal”.
Finalmente expresaron el rechazo “que tres líderes estudiantiles, egresados de sus diferentes carreras y con un compromiso a la sociedad, sean víctimas de la criminalización emprendida en la gestión rectoral de Julieta Castellanos, es por ello que invitamos a la población en general a brindar el acuerpamiento a la audiencia contemplada para el viernes 26 de enero del presente año en el Juzgado de Ejecución a las diez de la mañana”.
Cabe señalar que los tres lideres estudiantiles cumplen con todos los requisitos para la aplicación del decreto de amnistía.
