Tegucigalpa.
Por Sandra Rodríguez
Por su negligencia, el Estado hondureño se sentará mañana en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co-IDH).
El juicio se debe a la falta de investigación en el asesinato del candidato a diputado por el Partido Nacional (actualmente en el poder), Ángel Pacheco León, la noche del 23 de noviembre de 2001, en Nacaome departamento de Valle, al sur del país.
La demanda contra el Estado tiene que ver con la impunidad en la que se encuentra el crimen del entonces líder político que aspiraba a un puesto en el Congreso Nacional; y el supuesto incumplimiento de la obligación de investigar con diligencia, pues se han presentado irregularidades.
Supuestamente no se siguieron líneas lógicas y oportunas de investigación, incluyendo las relativas a los alegados indicios de participación de agentes estatales y existieron otros obstáculos como represalias y presiones que no habrían sido debidamente investigadas, según la demanda.
Pacheco León activó por el Movimiento “Arriba Honduras” del presidenciable Ricardo Maduro, quien resultó electo después de una crisis política para definir su nacionalidad que le alegaban ser panameño; cabe mencionar que en las elecciones primarias, se acordó que lo representara en las papeletas de votación, Luís Cosenza, quien fue nombrado Ministro de la Presidencia una vez que Maduro fue juramentado como presidente de Honduras.
El día de las elecciones, también era velado el cuerpo de Pacheco León, un reconocido empresario de la zona sur; la gente salió a votar por él, ganando uno de los 128 puestos en el Congreso Nacional, curul que fue dado a uno de sus hermanos.
El 23 de noviembre de 2001, un día antes de las elecciones, después de sostener reuniones políticas en los municipios de Alianza y Goascorán, Pacheco León llegaba a su casa en Nacaome, y cuando se encontraba abriendo el portón, un pistolero disparó varias veces sobre su cabeza, causándole la muerte casi de inmediato. Tras cometer el crimen, el sicario huyó en un vehículo que lo esperaba a pocos metros del hecho.
En el año 2004 la familia acudió al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH). Diez años más tarde el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 13 de noviembre de 2015, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Co-IDH), asumió el caso, y después de notificaciones y recibo de escrito de solicitudes, el 16 de febrero de este año, informó la resolución de convocatoria a audiencia, la que se llevará a cabo mañana 23 de marzo en el la ciudad de Guatemala, donde se celebra el 57 Período Extraordinario de Sesiones.
El COFADEH actúa como peticionario del caso, en la audiencia participará su coordinadora general Bertha Oliva, las procuradoras de derechos humanos Mery Agurcia y Karol Cárdenas; el periodista Marvin Palacios y Liza Yelle, cooperante de la organización internacional Abogados Sin Fronteras- Canadá.
En julio de 1989, la Co-IDH responsabilizó al Estado de Honduras por la desaparición forzada de los líderes magisteriales Manfredo Velásquez (1981) y Saúl Godínez (1982), es un caso presentado por el COFADEH y que sentó jurisprudencia internacional.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co-IDH), con sede en Costa Rica, inició este lunes 20 de marzo, su 57 periodo extraordinario de sesiones en Guatemala, en la que celebra audiencias sobre casos de Brasil, Honduras, Nicaragua y Colombia.
El presidente de ese organismo, Roberto Caldas, explicó que la reunión no hubiese sido posible sin la invitación del mandatario guatemalteco, Jimmy Morales, el respaldo de su canciller, Carlos Morales, y el decidido apoyo de la cooperación de Noruega y Suiza, entre otros.
