Las élites hondureñas, dedicadas en las últimas décadas a blanquear dinero del crimen organizado en bancos locales y en paraísos fiscales de ultramar, son élites constructoras de muros asociadas a los supremacistas estadounidenses, expertos en murallas asesinas.
Dedicadas a negocios especulativos, extractivos, textiles y de agroindustrias, principalmente, estas élites pro-gringas son voraces, desnacionalizadas, y esclavistas.
En 2021, denuncia el ministro Marlon Ochoa, un empresario de Cortés con 16 empresas ganó 6 mil 300 millones de lempiras, pero no pagó ni un centavo partido por la mitad en concepto de impuestos.
En realidad, son carteles estructurados alrededor de dinámicas delictivas regionales e internacionales, que buscan someter nuevamente al Estado hondureño a sus caprichos. Para lograrlo, socavan el gobierno y también a la sociedad.
Enfrentamos, entonces como Nación, una maquinaria despiadada opuesta a toda iniciativa de cambio o de transformación nacional, decidida a hacer su propia transición del tráfico de drogas al tráfico humano. ¡Sonidos de libertad!
Es una estructura delincuencial que vive de impulsar la migración irregular hacia Estados Unidos, unas veces para inflamar la competencia electoral de republicanos contra demócratas, otras para activar el dinero del tesoro con sistemas de seguridad nacional costosísimos y cosechar, de paso, más de 10 mil millones de dólares anuales en remesas. Son cínicos.
Los empleados de estas mafias, diputados, magistrados y fiscales, responden a las órdenes emanadas desde cárceles locales, correccionales de Nueva York y gabinetes lobistas de Miami y de Washington.
En este momento, por ejemplo, esos carteles ejecutan cuatro consignas principales en el país. La primera es bloquear en el Congreso la ley de justicia tributaria consensuada con el propio Fondo Monetario Internacional, y promover en sustitución un mamarracho liberal que perpetúe la desigualdad fiscal entre ricos y pobres. Se han hecho un nudo desde las sombras.
La segunda consigna mafiosa es impedir en todos los frentes la instalación de la CICIH, porque representa una amenaza para los líderes de las estructuras criminales instaladas con el golpe de Estado de 2009. Su estrategia es bloquear reformas habilitantes, levantar falsas banderas de lucha contra la corrupción desde las organizaciones de fachada, y azuzar caballos de Troya al interior del gobierno.
La tercera consigna criminal es reducir al máximo el impacto político del juzgamiento al capo mayor, el coyote líder de la manada, que enfrenta el látigo del juez Kevin Castel en Nueva York. Es evidente el esfuerzo de la élite azul y colorada por desmarcarse de la estructura criminal regional e internacional que lideraba Estados Unidos usando a Juan Orlando Hernández.
Como bien lo explica su viuda en reiteradas apariciones en YouTube, su marido fue actor y víctima de una conspiración geopolítica que implica a la DEA, al Departamento de Estado y al Comando Sur en operaciones de negocios ilícitos que hoy no pueden ocultar. Con ese dictador vendieron el país en pedazos a prósperos piratas, aseguraron la transición de los carteles nacionales adscritos al Chapo, rompieron la Constitución imponiendo su reelección ilegal, prostituyeron los cleros cristianos, y mataron a Berta Cáceres junto a decenas de mártires nacionales.
Cuando ese coyote quedó sin la inmunidad formal y quiso enviar señales pro chinas o correr a la protección del sandinismo en las faldas del Momotombo, ya era demasiado tarde porque estaba maniatado de pies y manos en sus Palmeras.
Entonces, amortiguar el golpe moral y político de su sentencia en la opinión pública nacional, con la participación cómplice de los medios de desinformación, es muy importante para esta mafia. Ligada a ésta, su cuarta consigna política, a todas luces la más importante para sus propósitos criminales, es impedir una nueva victoria política de las fuerzas sociales del pueblo hondureño que propone la refundación democrática del Estado de Derecho, que demanda a su vez una continuidad democrática.
Para lograr concretar esas cuatro consignas, la mafia tiene los dos partidos moribundos del viejo consenso, la nueva bisagra que encabeza el científico loco ese que va siendo una voz desteñida gritando en su propio desierto, y por supuesto necesita la bendición de la avenida Los Próceres que recibe por cuarta vez a la jefa del SouthComand que gerenció el golpe de 2009. Esta coalición manchada por la dictadura Hernández y el BigBrother no tiene, sin embargo, ninguna propuesta de cambio ni de transformación, sólo una apuesta basada en la fuerza, el grito cristianoide de hipocresía heterosexual, y un séquito de mala gente.
Así las cosas, nos parece interesante lo que ocurre en el vecindario. En México, por ejemplo, el liderazgo actual consolidado después de gobiernos sucesivos del PRI y del PAN arrasados por la corrupción y el narcotráfico, está llamando las cosas por su nombre. Y nos debería atraer fuertemente esa posición.
López Obrador denunció a la DEA por fomentar y dirigir los carteles de traficantes de drogas, ha demandado legalmente en Boston a 11 fabricantes de armas y en Arizona a cinco empresas vendedoras y traficantes de pistolas, rifles de guerra y explosivos, y además viene de exigir a Texas que retire del Río Bravo las boyas criminales que amenazan la vida de las personas migrantes y la soberanía de México.
El presidente mañanero de Los Pinos ha demostrado también cómo la oposición a su gobierno se nutre de los fondos del Instituto Republicano para la democracia, del millonario Soros y de la USAID, y los ha desnudado como colaboradores de las políticas fascistas de Miami y de los estados fronterizos que ven a los seres humanos migrantes como cucarachas para aplastar, y les ponen muros, murallas y trampas para detenerlos y eliminarlos.
En esto, México ha hecho exactamente lo que Honduras debería hacer en las Cortes de Estados Unidos, demandar por daños, por negligencia y fomento de la violencia a las agencias federales y a las empresas privadas de ese país que han facilitado información, logística y armas para destruir nuestras instituciones nacionales a través del tráfico de drogas, tráfico de personas incluyendo niñas y niños, y por la corrupción generalizada.
Cada año, medio millón de armas ingresan a México y a Centroamérica para alimentar la represión contra las comunidades opuestas a las dinámicas criminales y para cometer todo tipo de atrocidades contra los grupos de migrantes desplazándose a través del territorio mexicano. Es un modelo de contención y de facilitación a la vez que comparten republicanos y demócratas, según la conveniencia política del momento, según la lógica del mercado capitalista nutrido del esclavismo de la mano de obra barata.
El pasado 8 de junio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, propuso la instalación de un muro de boyas gigantes sobre el río Bravo sin notificar a la Comisión Internacional de Límites y Aguas ni al propio Ejército de Estados Unidos. Por sus pistolas, el republicano Abbott anti migrante dirigió la colocación de la muralla naranja en un área de más de 300 metros cerca del paso del águila, en Piedras Negras, un punto de travesía de migrantes hacia EE.UU. Este año han pasado por ahí más de 270.000 personas, incluyendo hondureños y hondureñas.
Como ha dicho México, esa barrera viola los tratados internacionales, vulnera su soberanía e invade parte de su territorio con más de la mitad de las boyas desplazadas, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha protestado ya dos veces ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, que tiene la obligación de parar a ese loco de Texas.
Primero fue Santis, el supremacista gobernador de Miami que aspira a ser presidente expulsando la población migrante hacia otros estados, y ahora este otro republicano trumpista de línea supremacista tapando el Río Grande para ganar votos también como aspirante presidencial republicano.
Estos nuevos muros de 2023, que incluyen boyas, contenedores metálicos de carga dentro del río y una malla serpentina con púas, se suman al muro de metal de 900 km de extensión en la zona fronteriza entre Tijuana, San Diego, Arizona, Sonora y Nuevo México, con 10 metros de altura, que fue iniciado en 1994 por Bill Clinton y continuado en 2017 por Trump.
El muro de Santis y Abbott tiene perros y púas, el de Clinton y Trump tiene tres barreras de contención, iluminación de alta intensidad, detectores de movimiento, sensores electrónicos y equipos con visión nocturna conectados a la policía fronteriza estadounidense, que tiene camionetas todo terreno y helicópteros artillados.
Este es el comité de recibimiento de los millares de migrantes de todo el mundo que atraviesan Centroamérica y México desde países ocupados militarmente por Estados Unidos, como Haití, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala y Honduras, donde sus élites mafiosas rabiosamente pro gringas viven de un falso discurso de generación de empleo y producción de riqueza, mientras lavan activos, evaden impuestos y toman la hostia del cardenal y los aceites de Evelio y Argeñal.
El razonamiento es simple, si ustedes siguen agitando la confrontación de clases, la inestabilidad política y la desigualdad económica y social, respaldando élites parasitarias lambisconas en lugar de respaldar al pueblo de Xiomara, lo que van a cosechar son nuevas caravanas migrantes que no se detendrán por ninguno de esos muros que están construyendo allá arriba en su frontera con México. Pónganse claros, este pueblo no les tiene miedo. Buenas noches.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 29 de julio de 2023
