Tegucigalpa.- En seguimiento a las reuniones para escuchar a las víctimas y familiares de los desaparecidos de los años ochenta, para informarles y recolectar propuestas para la elaboración de una ley integral, continúan por parte del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), que impulsa esta iniciativa.
Este proceso de formular un proyecto de Ley para presentárselo al gobierno de Xiomara Castro el 30 de agosto, Día Nacional del Detenido Desaparecido, Cofadeh cuenta con la colaboración y el asesoramiento de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la organización Memoria Abierta de Argentina.
Las violaciones a los derechos humanos que se dieron en el marco de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en los años ochenta, son crímenes de lesa humanidad, que lastimosamente no ha avanzado como debió avanzar dentro del sistema penal, ya que no se ha acusado a los responsables que cometieron esa barbarie.
Por la gravedad del tipo de violación que se dio en la década de los años ochenta, el marco legal que se elaborará está dirigido para cubrir los derechos humanos de víctimas, familiares y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos de esa época.
El proyecto de ley incluirá cinco pilares, que son memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
«No se podrá avanzar en la justicia si no se sabe la verdad y tampoco se puede avanzar en las garantías de no repetición si no hay reparación», dijo Tania Sagastume, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras.
Para avanzar en este proceso de construcción de este marco legal, las reuniones con las víctimas y los familiares se realizan con el objetivo de que puedan aportar y así poder avanzar en los cinco pilares que incluirá el proyecto de ley.
Uno de los aspectos que les preocupa a las víctimas es su integridad física, porque consideran de que si vuelve a asumir el Partido Nacional el poder o surja otro golpe de estado, tal como se escucha en los corridos populares, se convertirán en enemigos número uno y la persecución contra ellos será más recia, por lo que sugieren que la ley debe incluir su protección y la de su familia.
Además las víctimas consideran que en este marco legal se debe establecer que el Estado Conjunto de las Fuerzas Armadas y las Unidades de Inteligencia, entreguen toda la información relacionadas con las violaciones a los derechos humanos, detenciones, torturas, asesinatos, y que estas sean custodiadas por entidades de derechos humanos, como el Cofadeh, y que ésta información llegue a formar parte de un Museo de la Memoria.
“Cuando se desarrolló el informe “Los hechos hablan por sí mismo” existieron muchas limitantes para esa comisión que encabezó el doctor Leo Valladares, no pudieron acceder a un montón de archivos, no pudieron conocer la verdad, ni siquiera pudieron conocer el total de desaparecidos, solo se mencionó una cantidad. Pero también además de desapariciones forzadas, existen los asesinatos políticos”, señaló Segio Rivera, catedrático universitario y quien era dirigente estudiantil cuando se aplicó la Doctrina de Seguridad Nacional.
En los años ochenta Honduras fue el centro de operaciones de lo que hoy es el Comando Sur, ya que en el país tenían prisioneros salvadoreños, nicaragüenses y hondureños.
“El asunto es conocer la verdad, castigar a estas personas, porque mientras no se castigue a los responsables, no se va a poder construir ninguna verdad”, sostuvo Rivera.
Las víctimas y los familiares de los desaparecidos siempre han denunciado que los responsables de estos hechos andan impunemente circulando por las calles, salen en los periódicos y son considerados grandes señores ante la sociedad.
Además, Rivera mencionó que los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos de los años ochenta cuentan con compañías de seguridad que son auténticos ejércitos, y en cualquier momento, cuando uno se siente amenazado, esas compañías de seguridad pueden arrancar la integridad física de nosotros o de nuestra familia.
Las victimas coinciden que este proyecto de Ley debe comprender un proceso de integración a la vida social, no solo de las víctimas, sino de su familia, de todo aquel que ha perdido la vida, para que sus hijos puedan gozar de una protección del estado, que incluya becas, un proceso de jubilación, de atención médica y atención psicológica.
