Tegucigalpa.- La Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva y el líder sindical Carlos H. Reyes, ambos integrantes de la Convergencia contra el Continuismo (CCC), analizaron la grave situación que enfrentan ambientalistas y defensores de los territorios ancestrales del departamento de Olancho, así como otros temas como la adhesión a la Corporación Andina de Fomento (CAF), la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad y la Ley de Amnistía.
El análisis se desarrolló en el programa radial Voces contra el Olvido, que es una producción del COFADEH y que se transmite todos los sábados de 7:00 a 8:00 pm por la cadena Radio Globo.
Nuevas denuncias de hostigamientos y amenazas a muerte se han presentado en contra de ambientalistas y defensores de los territorios del municipio de Gualaco, departamento de Olancho.
El ex alcalde de Gualaco y defensor de derechos humanos, Rafael Ulloa, señaló que la situación para los pueblos originarios de Olancho es crítica, en vista que un 40 por ciento del territorio que antes era nacional, ahora ha sido transformado a través de títulos falsos, en propiedad privada.
Ulloa aseguró que esa transformación de la posesión de la tierra se ha hecho por medio del otorgamiento de títulos supletorios que prácticamente están desplazando a los pueblos originarios nahuas de sus tierras.
Las muertes de líderes indígenas, ambientales, defensores de la tierra y el territorio, durante el año 2023 se siguen presentando en el país. En lo que va de este año se han reportado alrededor de 13 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el territorio.
El defensor de derechos humanos Rafael Ulloa, el alcalde de Gualaco Edwin Cabrera, Edwin Sarmiento y un defensor de apellido Cruz Turcios están siendo víctimas de amenazas a muerte por parte de estructuras ligadas a terratenientes y al partido Nacional, según se denunció.
Al respecto la Coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva, relató que a principios del año 2002, habitantes de varias comunidades del municipio de Gualaco denunciaron la destrucción de los recursos naturales a través de una manifestación en la capital de la República.
En aquel momento fueron reprimidos por las fuerzas policiales. Los compatriotas de Gualaco habían permanecido por varias semanas tratando de llamar la atención de las autoridades, dijo Oliva.
“En la mayoría de las comunidades de nuestra Honduras los que hacen el trabajo en favor de la vida son víctimas de ataques y de amenazas de muerte”, sostuvo.
Ese es el temor que tenemos y esperamos que no vaya a suceder en Gualaco en contra de la vida del profesor Ulloa, que en aquel momento fue muy visible la persecución en contra de él mientras se desempeñaba como alcalde del municipio de Gualaco, comentó la defensora de derechos humanos.
Podemos pensar que se le salvó la vida por las diversas situaciones de denuncias documentadas que COFADEH presentó ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ante los distintos organismos de derechos humanos, resaltó.
Pero que ahora de nueva cuenta, estén 4 personas identificadas como blanco u objetivo de la gente que hace el mal, porque aparentemente las amenazas proceden porque se han organizado de nueva cuenta en el Comité Ambiental por la Vida, con el propósito de no ser despojados de sus comunidades por terratenientes de la zona.
Que el alcalde esté siendo amenazado también es gravísimo, yo creo que hay que poner cartas en el asunto y que se revisen las acciones legales porque no pueden ir a amenazar a un alcalde que defiende tierras de comunidades indígenas, dijo Oliva.
Por su parte, el líder sindical Carlos H. Reyes señaló que estamos viendo cómo todos estos grupos de poder están utilizando al crimen organizado para amenazar, para perseguir y hasta para matar a todos aquellos que están luchando por la defensa de los bienes comunes.
Reyes indicó que en el gobierno anterior de Juan Orlando Hernández (que será juzgado en Estados Unidos por narcotráfico en 2024), “prácticamente sabíamos que del estado venían estas acciones. Hoy sabemos que no vienen del estado, pero sí sabemos que definitivamente hay todo un poder fáctico que continúa en el país vigente, que es el que está ejecutando todo este tipo de acciones”.
Carlos H. Reyes no descartó que este tipo de situaciones tengan el propósito de desestabilizar al gobierno de Xiomara Castro.
“No es fácil deshacerse de ello y es precisamente lo que utilizan para confundir al pueblo”, advirtió Reyes.
Entretanto la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva indicó que las comunidades de Olancho están conscientes que sus vidas están amenazadas y que los ríos y los bosques están bajo amenaza.
“Imagínense lo que significa para las comunidades que en el pasado veían correr esos ríos caudalosos de aguas cristalinas y que hoy observan que los bosques han desaparecido”, reflexionó Bertha Oliva.
La dictadura vino a neutralizar todas las acciones populares que estaban teniendo efectos positivos en la defensa del bosque, sostuvo por su parte Carlos H. Reyes.
Y Bertha Oliva recordó que 14 ambientalistas fueron asesinados en el departamento de Olancho durante la intervención del COFADEH en la zona.
Todas esas acciones fueron generadoras de conciencia y produjeron movilizaciones masivas en la llamada “Marcha por la Vida”, con el padre Andrés Tamayo a la cabeza en las movilizaciones conformadas por organizaciones de base de la iglesia Católica y diversos colectivos de sociedad civil, rememoró Oliva.
“14 líderes religiosos comprometidos con las luchas del pueblo participaron de estas acciones. Yo puedo recordar al padre Marcio, al padre Miguel, al padre Osmín, para mencionar a algunos, que estaban comprometidos para luchar, para acompañar y ejercer la verdadera liberación de los pueblos”, comentó.
Bertha Oliva aseguró que si se observa la situación en el sur del país, en el Bajo Ahuán, en Santa Bárbara o en la zona central del país, se va a encontrar la misma situación.
Hay toda una estrategia para colocar miedo a la gente que está haciendo un trabajo de acompañamiento, de defensa y de denuncia, con los mismos patrones operando, con los mismos actores, dizque inversionistas, subrayó Oliva.
Por otra parte el editorial del COFADEH divulgado en el espacio radial y titulado: “En defensa de los Perseguidos” abordó el tema de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) como cosa juzgada y evidencia cómo la oposición política en el Congreso Nacional continúa con su estúpida estrategia de cuestionar la conocida Ley de Amnistía y la legalidad de Luis Redondo en la presidencia del Congreso Nacional.
El editorial apunta que “…Con un manojo de opiniones jurídicas serias e incluso consultas a la Corte Suprema de Justicia quedó clarito el miércoles que el Congreso Nacional no ratifica actas de sesiones anteriores ni repite la votación de ninguna sesión finalizada, sólo lee los hechos acontecidos, pide reconsideraciones de sintaxis o de ortografía si las hay, y aprueba según protocolo…”
“…Si luego los empleados legislativos de los grandes evasores de impuestos se enojaron por la excelente exposición del joven ministro Marlon Ochoa, sobre la enorme injusticia e inequidad tributaria en Honduras, ese es otro tema que no modifica la votación. Es otro sentimiento de ardor que no cambia el acta. Otro chimón…”.
“…Lo más importante es que la pizarra electrónica del 16 de mayo, al final del tercer debate del dictamen de adhesión a la Corporación Andina de Fomento, tuvo 66 votos positivos de Libre, partido liberal y salvador juntos. Legalmente, el Poder Ejecutivo con ese total de voluntades sancionará y publicará la decisión en La Gaceta. Honduras será, entonces, el país número 19 de América Latina, más España, en sumarse a la membresía del CAF, que nació en 1970…”.
“…La pérdida de este debate jurídico y político, sin embargo, ha dado combustible a la política jurásica que otra vez mezcla el cebo con la manteca. Mezclan legalidad con leguleyismo, corrupción con impunidad, amnistía con narcotráfico, pretendiendo sacudirse el golpe…”
Al respecto Carlos H. Reyes dijo que una ley o un convenio no le da legitimidad o legalidad, la aprobación de un acta.
“Lo que le da legitimidad y legalidad es la aprobación por parte de los diputados al Congreso Nacional y si después esos diputados se dan cuenta que cometieron un error, lo que tienen que hacer es esperar la publicación de esa ley para actuar”, sostuvo el dirigente obrero.
Pero no, como lo han venido haciendo en los últimos días que da hasta pena, porque después de que dicen una cosa en un proceso de votación, a los días siguientes escudándose en un pretexto sin razón, digan que ya cambiaron de opinión.
En relación a la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH), Carlos H. Reyes señaló que ésta viene, “y lo que hay son algunos elementos que todavía hay que negociar y que fue lo mismo que pasó con la Maccih de la Organización de Estados Americanos”.
De esta manera entendemos nosotros que el proceso va y que la venida de la misión de la ONU al país ha sido positiva, apuntó.
Finalmente y en torno a los cuestionamientos que la oposición ha hecho del decreto 004-2022, denominado por estos mismos actores como un pacto de impunidad, Bertha Oliva señaló que quienes se oponen son los que promovieron el golpe de estado de 2009.
“Tienen miedo. No es tanto lo que alegan, que es el tema de un pacto de impunidad para los que fueron acusados. El miedo que tienen es que hay un reconocimiento de que hubo un golpe de estado que se generó en este país. Y cuando hay un reconocimiento de esta naturaleza, se tiene que proceder en contra de los actores que dieron el golpe”, subrayó.
Hay una obligación entonces de los encargados de la aplicación de justicia de abrir causas y ellos saben que si esto sucede, van a ir a la cárcel. Y el tema de la ruptura del orden constitucional es un delito de lesa patria y por lo tanto de lesa humanidad, que no prescriben, explicó la reconocida defensora de derechos humanos.
Y ellos también saben que si hay una reconfiguración del Ministerio Público (MP) tendrá que orientar su accionar en esa dirección, porque el que está ahorita permitió que se dieran los hechos para garantizar impunidad, resaltó Bertha Oliva.
